Julio Diego Torales, el primer y único detenido en el marco de denuncias por el caso de Luciano Arruga, y una ex colega del destacamento de la Policía Bonaerense en Lomas del Mirador, La Matanza, admitieron que Arruga estuvo en la cocina de ese lugar, el día en que sus familiares denunciaron que fue salvajemente torturado. Este hecho se tomó como indicio del hostigamiento previo que sufría el joven, desaparecido cuatro meses después de esa golpiza, por la que está detenido Torales. Ante los fiscales, ambos negaron la existencia de los golpes, constatados luego en un hospital. “Hay elementos suficientes para que los dos sean exonerados. Permitieron el ingreso de un menor a un lugar que ni siquiera estaba habilitado para tener detenidos”, señaló a este diario Maximiliano Medina, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Luego de ser detenido el lunes pasado por la noche en la comisaría segunda de la localidad matancera de Gregorio Laferrère, Torales declaró en la mañana del martes ante los fiscales Carlos Arribas y Celia Cejas, bajo la imputación de “severidades y vejaciones” contra Arruga. “Ubicó el hecho en tiempo y espacio. Dijo que Arruga comenzó a gritar cuando oyó la voz de su hermana, Vanesa Orieta, en el destacamento. De alguna forma revela que existía un hostigamiento contra Luciano”, dijo una fuente de la investigación.

Según Orieta, Arruga le había pedido auxilio esa tarde del 22 de septiembre de 2009 y entre otras cosas gritó: “¡Vane, sacame de acá porque me están cagando a palos!”. Torales, quien entonces era teniente primero en la seccional de Lomas del Mirador, recordó que Orieta fue con su madre, Mónica Alegre, y pidió ver a su hermano y éste rogaba verla. Luego aseguró que el joven, de entonces 16 años, no fue golpeado, “que no pasó nada de nada, que sólo estuvo sentado en la cocina”, dijo la fuente consultada.

Antes de ser trasladado desde la calle a esa seccional, Arruga fue llevado al Cuerpo Médico de La Matanza, donde se informó que supuestamente no había sido golpeado. Tras estar más de siete horas en esa seccional, Orieta lo acompañó al Hospital de San Justo, donde se constató que tenía un traumatismo facial. Torales fue el encargado de hablar con madre e hija y pasó varias veces por la cocina, recuerda Orieta. En su declaración, Torales evitó decir que el joven estaba detenido o demorado. Y por qué estuvo en la cocina encerrado siendo menor de edad.

Según este policía, pasado a disponibilidad preventiva, Arruga fue llevado al destacamento por “averiguación de identidad”, luego de un supuesto robo a tres jóvenes del barrio. “Es decir que había una situación de detención. Torales aseguró que lo mantenían en la cocina porque estaban esperando un peritaje para acreditar la identidad de Arruga y dijo que la madre no tenía la documentación para retirarlo”, explicó la fuente con acceso al expediente. El acusado no dio más explicaciones. Orieta afirmó que su hermano tenía encima la constancia de DNI en trámite.

El martes pasado, los fiscales también recibieron, en calidad de testigo, a la jefa de Guardia del destacamento de Lomas del Mirador, Mónica Viviana Chapero. Al igual que Torales, quien la precedió en el diálogo ante los fiscales, ella afirmó que Arruga estuvo el 22 de septiembre de 2009 en ese lugar y se lo mantuvo en la cocina. No mencionó los gritos. Su declaración fue corta pero al igual que la de Torales “terminó abonando la hipótesis del hostigamiento”, según evaluó la fuente consultada. La situación judicial de Chapero podría complicarse por sus propios dichos, agregó. Un día después de estas declaraciones, las únicas en esta causa anexa, el juez Gustavo Banco declinó su competencia en la causa principal, por la desaparición de Luciano, y pidió pasarla a un fuero federal. Sobre el hecho previo de hostigamiento, Banco advirtió que está acreditado “prima facie” que Torales y otros dos efectivos policiales sin identificar golpearon a Arruga, “mientras se encontraba en el interior de esa dependencia y a la espera de la resolución judicial que habría de adoptar el juez a cargo del Tribunal de Menores 3; ocasionándole con dicho accionar, un traumatismo facial; al tiempo que el citado Torales le refería que lo iba a llevar a la Comisaría Octava ‘con todos los violines (violadores)’”.

Por esta causa anexa podría haber nuevas imputaciones y más medidas de prueba desde la fiscalía, además de las que ya analizan los letrados del CELS y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza. “Sería importante que cambie la calificación de ‘severidades y vejaciones’ a ‘torturas’”, apuntó Medina, abogado del CELS. Y agregó: “Consideramos que hay suficientes elementos para que el Ministerio de Seguridad y Justicia bonaerense, a través de Asuntos Internos, exonere de inmediato a Torales y Chapero porque no podían ignorar la tortura, entre otras cosas”.

La causa principal sigue aguardando una definición del fuero federal de Morón. En principio, deberían dictaminar al respecto del pase desde el juzgado ordinario a la fiscalía federal a cargo de Sebastián Basso y luego el juzgado que salga sorteado, que no tiene un plazo para expedirse: puede ser una semana, tres meses o tal vez más. Días atrás, esta causa dejó de ser caratulada como “averiguación de paradero” y pasó a “desaparición forzada de personas” en la misma resolución que pidió el pase al fuero federal, donde recibirán un expediente con muchos testimonios aunque prácticamente será una vuelta a “foja cero”, plantearon varias fuentes del caso.