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Los familiares de las víctimas del doble crimen de La Dársena van por más. Ayer sus abogados presentaron un pedido de detención para dos capitanes del juarismo. Pidieron la imputación del diputado Carlos Alberto Anahuate y del hombre que hasta ahora comandó la ingeniería de información de la provincia, el ex comisario Antonio Musa Azar. Los delitos que les imputan son supuesto encubrimiento y “eventualmente participación” en el crimen. Los argumentos del pedido recogen una acusación de la tía de Leyla Nazar contra Anahuate, adelantada por Página/12 en su edición de ayer, y la supuesta conexión del diputado con el remisero detenido. Ayer el juzgado convocó al abogado de una de las partes para pedirle más datos sobre las presunciones que inspiraron los pedidos.
El nombre de Carlos Alberto “Pololo” Anahuate comenzó a sonar fuerte en la causa a partir de las declaraciones que fueron dando algunas personas vinculadas a Saravah, uno de los bares de copas de Santiago donde se cruzan los poderosos con las chicas vinculadas al mundo de la prostitución. Ese era uno de los lugares frecuentados por Leyla y fue además el último sitio donde la vieron con vida. Ahora, la familia supone que Anahuate no sólo frecuentaba el lugar sino que además habría tenido alguna relación con la escena del crimen. Luis Santucho, el abogado de los familiares de Patricia Villalba, fundamentó la acusación en dos aspectos. El primero es una denuncia hecha por la tía de Leyla, que el martes señaló a Anahuate entre los supuestos involucrados en el caso de su sobrina y entre quienes habrían intentado empantanar la investigación de su muerte. El segundo argumento del pedido partió del testimonio de Néstor Diganchi, uno de los últimos testigos que se presentaron a declarar en la causa. Diganchi vinculó al diputado con el remisero Omar Contreras, uno de los últimos detenidos. En su declaración dijo que Contreras era empleado de Anahuate.
El otro nombre pedido por los familiares es tal vez uno de los pesos pesados de la provincia, el hombre que ha comandado bajo las sombras los andariveles de información y la estructura policial. Se trata del ex comisario Musa Azar, denunciado como represor por los organismos de derechos humanos por su participación durante la dictadura militar. Hace poco más de una semana, la cúpula del gobierno le pidió la renuncia cuando su nombre empezó a sonar en las marchas de silencio. “Las causas con respecto a Musa Azar –dice el pedido– se encuentran desplegadas en el curso del presente expediente. Habría intencionalidad de desviar la atención jurisdiccional en dirección opuesta hacia los responsables del delito”.