El ministro de Desarrollo Urbano porteño, Daniel Chaín, admitió ayer en la Legislatura que dio la orden de demoler el Taller Protegido Nº 19 del Hospital Borda y que para hacerlo le pidió a su par de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro, mediante una nota, la intervención de la Policía Metropolitana “para garantizar los bienes y al personal de las empresas”. Reconoció que no dio aviso al director del hospital de que se haría una obra en terrenos por donde circulan pacientes, sino que delegó esa tarea en la ministra de Salud, Graciela Reybaud, mediante una llamada telefónica. Chaín no aportó ningún elemento que haga suponer que se adoptaron medidas de seguridad para remover las chapas de fibrocemento que contienen asbesto, una sustancia cancerígena. El funcionario intentó dar explicaciones durante ocho horas ante una Comisión de Obras Públicas ampliada, en la que legisladores de la oposición coincidieron en que las obras iniciadas en el hospital –suspendidas ahora por la Justicia– son ilegales porque necesitan de un cambio de zonificación que sólo puede dar la Legislatura.

Chaín citó a Juan Pablo II para sostener que está “en contra de todo tipo de violencia”, pero no reconoció errores ni hizo una autocrítica sobre la violenta represión encabezada por la Policía Metropolitana ni sobre la violación de una medida cautelar vigente para la destrucción de una instalación hospitalaria. Tampoco despejó la incógnita sobre quién ordenó la represión.

Hizo una larga enumeración de los antecedentes del proyecto para construir el Centro Cívico en terrenos a los que llama “aledaños” al Borda, aunque están delimitados. En la nómina omitió el anuncio del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, el 1º de abril de 2007, que prometió “cerrar en dos años los hospitales Borda y Moyano”. El proyecto se redujo luego a casi dos hectáreas, pero el master plan involucra las 37 hectáreas del Borda, el Moyano y el Hogar Rawson.

Chaín negó tantas veces como le preguntaron que hubiera dado órdenes a la Policía Metropolitana, como lo manifestó el propio jefe de la fuerza, Horacio Jiménez, a los diputados que el 26 de abril último intentaron interceder para frenar la represión. “Ante cada pedido nuestro, Jiménez nos decía ‘Voy a consultar con Chaín’”, relató el legislador Fabio Basteiro (Buenos Aires para Todos) y lo ratificaron Francisco Nenna (Frente para la Victoria), Rafael Gentili (Proyecto Sur), Alejandro Bodart (MST), Aníbal Ibarra (FPP) y Claudia Neira, entre otros que estuvieron allí.

Para justificar el inicio de la obra en ese terreno, Chaín argumentó que la parcela fue cedida por el Ministerio de Salud al de Desarrollo Urbano el 14 de mayo último, mediante un acta administrativa. Sostuvo que no era necesario el cambio de zonificación, ya que al ser la fracción menor a un 20 por ciento del total del predio, recibe la misma zonificación como uso complementario del principal. Los legisladores Ibarra y Alejandro Amor (FpV), entre otros, cuestionaron que un centro cívico, previsto para alojar la Jefatura de Gobierno y al menos cinco ministerios, no puede ser un uso complementario de un neuropsiquiátrico. “Según el Código de Planeamiento urbano, si se quiere cambiar el uso principal de este terreno debería pasar por la Legislatura”, acotó Delia Bisutti (Nuevo Encuentro). María Elena Naddeo (FPP) objetó que la licitación se hiciera antes de la supuesta desafectación de esos terrenos.

“Toda la oposición debe ponerle freno a Mauricio Macri mediante el juicio político”, reclamó Bodart, quien además propuso sancionar “una ley que prohíba expresamente la construcción del Centro Cívico en esos terrenos.”

Jorge Selser (PSA) lamentó que ninguno de los gremios que avalaron las obras estuviera presente en la audiencia. “La Asociación de Médicos Municipales firmó en contra de lo que opina la mayoría de los afiliados del hospital, son responsables ideológicos de lo que ocurrió”, dijo.

Los únicos representantes gremiales presentes eran de ATE y la Asociación de Profesionales. Marcelo Frondizi, delegado de Talleres Protegidos, calificó la incursión como un “acto criminal” y anunció: “Lo decidimos en asamblea: vamos a reconstruir el taller”. Humberto Rodríguez, adjunto de ATE Capital, ratificó que el gremio se pronunció “a favor del Centro Cívico en el sur, pero no en terrenos del Borda”. Pablo Bergel (Proyecto Sur) le pidió a Chaín “una disculpa a los afectados y los ciudadanos”. Chain contestó, pero de disculpas, ni hablar.