Ayer al caer la noche, puesteros desalojados junto a la terminal de Retiro seguían cortando la avenida Antártida Argentina, en reclamo de que se les devuelva la posibilidad de trabajar, que perdieron cuando, en un operativo dispuesto por un juzgado contravencional, la Policía Metropolitana desmanteló unos veinte puestos de venta minorista que se hallaban en un galpón junto a la terminal de micros de Retiro. El operativo se sumó a otros dos en los últimos meses, que eliminaron unos 200 puestos en la zona. En diálogo con Página/12, algunos de estos trabajadores manifestaron que pagaban una suma mensual por utilizar el puesto, comprando y vendiendo ellos la mercadería. Por lo menos dos de ellos, en forma independiente, señalaron al titular de la empresa concesionaria de la Terminal de Omnibus: “Desde hace años nos cobra” por el alquiler de los puestos que la Justicia mandó cerrar por ilegales. Otros se desempeñaban como empleados para empresarios que regenteaban los puestos. El reclamo de los trabajadores que cortaban la avenida era “que no nos dejen sin trabajo. Que nos dejen vender y nos cobren impuestos o que nos den un empleo, pero que no nos dejen sin trabajar”.

“¡Eh, eh, eh, eah, eah...!”: a las 18.38, con la fuerza de sus voces y con palos encendidos, los chicos corrieron a defender el corte que el avance de varios autos y micros de larga distancia ponía en peligro. “¡Dale, apoyen...!”, gritó uno de ellos, y varias mujeres, que discutían más atrás, fueron a ayudarlos. “Chicos con fuego es un peligro”, dijo una de ellas, llamada Rosario, y por pura presencia fue a dirigir el tránsito; por una vez los autos fueron dóciles ante gente de a pie. Algunos de los chicos efectivamente eran muy chicos. Habían encendido sus palos en las varias fogatas que sustentaban el corte. Roberto, vendedor de chipá, explicó lapidariamente al cronista que “no tenemos niñeras: por eso los chicos están acá”.

La discusión que se había interrumpido ante el llamado de los chicos era así: “No somos de la villa. Somos trabajadores”, decía una mujer. “Muchos sí que somos de la villa, y somos trabajadores”, le contestaba otra mujer, muy morocha que, como varias de las presentes, llevaba a su hijo en un cochecito. La condición de los trabajadores era la reivindicación unánime: “Todo por el puesto de trabajo”, decía Rosa, y reclamaba: “Hubo cinco detenidos. Liberamos a dos, quedan tres”.

El conflicto se había iniciado, o reavivado, en la madrugada de ayer, cuando la Policía Metropolitana desmanteló unos veinte puestos situados en un galpón junto a la Terminal de Omnibus. Secuestró allí mercadería que –según fuentes policiales– estaba compuesta por ropa y equipos electrónicos. El procedimiento –en el que participó también personal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad– había sido dispuesto por el Juzgado Contravencional de Faltas Nº 13 y requerido por los fiscales Sandra Guagnino y Walter López.

Se trató del tercer procedimiento en los últimos meses en esa zona, donde había entre 150 y 200 puestos. En marzo y en abril fueron desalojados puesteros que se hallaban en la vereda de la avenida Ramos Mejía, ya que –según precisó el Ministerio Público Fiscal– “no existen permisos otorgados en esa zona para ejercer actividad comercial en el espacio público que involucre la reventa de mercadería que no sea cierto tipo de alimentos, menos aún en puestos fijos sobre la vereda”. La experiencia de Luis, uno de los puesteros, fue que “esa vez se llevaron todo: cortaron los puestos con amoladoras. Y ahora hicieron lo mismo, aunque los puestos estaban dentro del galpón”.

“Queremos que nos den un lugar para que trabajemos, y si no nos quieren dar un espacio, que nos den trabajo –decía Ramón–. Somos gente de trabajo, no somos ilegales. Yo vendía sábanas y toallas. Vino la Metropolitana y nos sacaron todo. Atacan a los más chicos y los más grandes siguen.” ¿Quiénes son los más grandes? La respuesta de Ramón empieza por una pregunta retórica: “¿Por qué existe ese galpón? ¿Quién lo alquila? Es Otero, el de la concesión de los ferrocarriles”. El puestero se refiere sin duda a Néstor Otero, que no es exactamente concesionario de los ferrocarriles, sino dueño de la empresa TEBA, que desde 1981 tiene la concesión de la Terminal de Omnibus de Retiro. Leo, otro puestero, también subrayó que “el dueño de la terminal es Otero: él nos cobra. Quince años se hizo rico con lo que le pagamos nosotros, que seguimos siendo pobres”.

Algunos de los puesteros explicaron al cronista que ellos compran su propia mercadería: “Cien pesos que cobramos, los invertimos”. Otros manifestaron trabajar para patrones: “Yo era empleado en el galpón –dijo Juan P.–. A mi jefe le sacaron toda la mercadería, y nos quitaron hasta la plata para el almuerzo”. ¿Qué mercadería vendía su jefe? “Medias, toallones, lencería, electrónica, zapatillas”, contestó.

“¿A dónde podemos ir para pagar impuestos y que la municipalidad nos habilite un puesto?”, insistía Margarita, otra de las puesteras desplazadas. Y Roberto, el que vendía chipá frente a la estación del General Belgrano, decía que “somos de la villa, pero queremos trabajar, no robar”. El también pedía “que nos cobren impuestos, pero que no nos dejen sin trabajo”.

Se quejaban del procedimiento: “Vinieron igual que los ladrones, sin avisar, a las cinco de la mañana. No mostraron ninguna orden. Nos quitaban los celulares y la plata. Nos revisaban como si fuéramos chorros”, contaba Margarita y asentía Petrona, que estaba sentada en una silla plegable, en medio de la avenida cortada, llorando.