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La Corte Suprema de El Salvador desoyó el pedido de Beatriz, la joven de 22 años que reclama desesperadamente que le permitan interrumpir un embarazo para poder salvar su vida. Después de más de 45 días de espera, la Sala de lo Constitucional les negó ayer su petición para que la autoricen a realizarse un aborto terapéutico. La muchacha, madre de un niño de un año, tiene lupus e insuficiencia renal, y su cuadro médico se agravó con la gestación. Se trata además de un embarazo de un feto anencefálico (sin cerebro), que no tiene posibilidades de sobrevida. Su caso concentra la atención de las principales organizaciones internacionales de derechos humanos desde hace semanas, que acompañan su pedido y piden al gobierno que le garantice el acceso a un aborto. El Salvador es uno de los cinco países latinoamericanos donde el aborto está criminalizado en todos los casos –están previstas fuertes sanciones–, incluso cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer, como en el caso de Beatriz. Por eso, la joven llegó al máximo tribunal para que la dejen poner fin a su sufrimiento, físico y psíquico, por llevar adelante una gestación que hace peligrar su vida y, a la vez, sabe que el bebé no tiene chances de vivir.

Pero la Corte Suprema le dijo que no, en un fallo dividido: tres magistrados rechazaron su pedido al considerar que no existe riesgo en su vida si continúa con el embarazo; un juez avaló su reclamo y otro se abstuvo.

Ahora será el Ministerio de Salud y la misma Beatriz la que decida si interrumpe su embarazo fuera del país. Existen ofrecimientos de otras naciones para atenderla.

El caso conmueve a El Salvador, donde hubo manifestaciones de apoyo a Beatriz. Amnistía Internacional lanzó una “acción urgente”, para llamar la atención de las autoridades sobre su pedido. Hace semanas el Sistema de Naciones Unidas (ONU) en El Salvador se pronunció exhortando a las autoridades competentes a tomar las medidas necesarias posibles para proteger el derecho a la vida de Beatriz, el nombre con el que se conoce a la joven, para proteger su verdadera identidad. Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se pronunciaron para que se le garantice el aborto terapéutico.

La titular del Ministerio de Salud de El Salvador, María Isabel Rodríguez, había declarado que sólo esperan el aval de la Corte Suprema para practicarle la intervención y llegó a advertir que a medida que transcurre el embarazo “la insuficiencia renal que ella tiene va a avanzar”. Por la prohibición que existe en el país para hacer un aborto, los médicos no quieren atender a la joven por temor a terminar presos. La gravedad de su cuadro fue certificada por especialistas del hospital público donde es atendida. También la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador se pronunció a favor de la interrupción del embarazo que la joven necesita. “Mientras estamos hablando, mientras la Corte está pensando y el gobierno está demorando, Beatriz está sufriendo. La demora es nada menos que cruel e inhumana; el gobierno salvadoreño tiene claras obligaciones, tanto internacionales como nacionales, de proteger la vida de Beatriz, tiene la responsabilidad de que Beatriz pueda acceder al tratamiento vital que necesita lo más pronto posible”, expresó unos días atrás Esther Major, representante de Amnistía Internacional en El Salvador. Beatriz sigue sufriendo. Ahora, con el aval del máximo tribunal de su país.