Alejandro y Carlos Iaccarino quedaron en la antesala de un fallo que puede ser una bisagra para los casos donde la dictadura cívico-militar despojó de sus bienes a decenas de empresarios. Ayer el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata presidió la última audiencia del juicio contra dos represores que participaron del secuestro y tormento a los hermanos. Durante la jornada presentaron sus alegatos los abogados de las partes, aunque no hablaron las víctimas y los acusados por diferentes razones. El representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Hernán Navarro, coincidió en el pedido de penas con el abogado de los Iaccarino, Florencia Arieto: trece años de prisión para los dos ex policías bonaerenses Jorge Rómulo Ferranti y Bruno Trevisán. Los fiscales Hernán Schapiro y Gerardo Fernández pidieron para los acusados trece y once, respectivamente.

“Quedó demostrado que fueron secuestrados por fuerzas policiales que respondían a la cúpula militar para quebrar sus resistencia moral y acceder a la pretensión de transferir sus bienes y erradicar su actividad empresarial”, señaló la acusación fiscal. Ferranti era el subjefe de la Brigada de Investigaciones de Lanús, en cuya jurisdicción funcionó el centro clandestino de detención conocido como El Infierno, en la localidad de Avellaneda. Para él, Schapiro pidió la pena más dura ya que, como agravante le imputó “un rol decisivo en los hechos investigados, ya que fue en su oficina donde las víctimas fueron indagadas y despojadas de sus bienes”. A lo largo de sus extensos alegatos, él y Fernández fundamentaron la acusación con numerosas pruebas documentales.

Los Iaccarino eran tres hermanos. Rodolfo, el mayor, falleció en 2009. Alejandro, el del medio, dijo después de los alegatos que “es el primer caso de esta dimensión y va a ser inspirador para todos aquellos que sufrieron como sufrimos nosotros. De ahora en más, se abre una puerta para todos los empresarios expoliados durante la última dictadura. En diálogo con Página/12, comentó sobre el desarrollo de la audiencia: “Con mi hermano Carlos decidimos no hacer uso de los tres minutos finales que teníamos para agregar algo más a nuestra extensa declaración, porque estábamos muy tensos por haber revivido durante el juicio todos los apremios que sufrimos”.

Alejandro fundó en 1983 la Confederación Económica Argentina (CEA). El empresario profesa ideas desarrollistas y siempre fue partidario del ex presidente de la Nación Arturo Frondizi. Tenía junto a su familia –que completaban sus padres Rodolfo Genaro y Dora Emma Venturino– un campo de 25 mil hectáreas en Santiago del Estero, varias sociedades comerciales y un avión privado del que los despojaron los militares con sus cómplices civiles.

El desapoderamiento de esos bienes es el tema económico de fondo que se ventiló en las audiencias del juicio que comenzó el 15 de mayo. El fiscal Schapiro encuadró los delitos por los que podrían ser condenados Ferranti y Trevisán “como parte de un plan criminal del aparato terrorista estatal, por lo que alcanza la categoría de lesa humanidad”.

Eso quedó reflejado en determinados testimonios, como el que dio el empresario hotelero Luis Guillermo Taub, el viernes pasado. Secuestrado el 6 de septiembre de 1977 en su domicilio porteño por integrantes del Ejército, pasó por varios centros clandestinos en los que estuvieron los Iaccarino. “Fuimos presos de (Ramón) Camps y de Suárez Mason, todos tenían interés en nuestros bolsillos”, declaró. Su familia tenía una casa de cambio, un campo en Maipú, provincia de Buenos Aires, dos hoteles y otros bienes. La dictadura recién lo liberó el 15 de noviembre de 1983. A su madre la obligaron a refrendar a precio vil la venta del hotel Liberty mientras estuvo detenida. Algo semejante ocurrió con Genaro, el padre de los Iaccarino, cuando sus hijos estaban secuestrados. El mensaje de los represores según Carlos, el hermano menor, fue: “O venden o van al río”.

El tribunal integrado por los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus dará a conocer su sentencia el próximo lunes. Previamente, Ferranti y Trevisán podrían hacer uso de la palabra que no se les concedió porque la audiencia terminó muy tarde y pasó a un cuarto intermedio hasta el día en que se conocerá el fallo. El delito que se les imputa es el de coautores penalmente responsables de secuestro en concurso real con tormentos reiterados en tres oportunidades. Los Iaccarino sufrieron un largo cautiverio que se prolongó entre noviembre de 1976 y septiembre de 1978. Durante esos veintidós meses fueron trasladados catorce veces a nueve centros clandestinos de detención distintos, uno de los cuales fue El Infierno, donde les arrebataron sus bienes. En cuatro días más se sabrá si pueden empezar a recorrer el camino de la reparación material y moral por la que vienen luchando desde hace 35 años.