Los Centros de Actividades Infantiles de la ciudad de Buenos Aires, más conocidos como CAI, son unas siglas molestas para el gobierno porteño. No cuentan para la gestión macrista si se considera que, a sus 120 docentes y auxiliares, les deben siete meses de salarios. Los trabajadores tienen a cargo unos 1700 chicos que viven en condiciones de precariedad social y se les adeudan desde 7 mil a 21 mil pesos, de acuerdo con la carga horaria que cumplan. Con un agravante: ese dinero proviene de partidas que le gira la Nación a la Ciudad y que ésta retiene desde enero pasado. Por eso, hoy resolverán en asamblea si cortan la esquina de Acoyte y Rivadavia, en el barrio de Caballito, para protestar porque no cobran.

Matías Legorburo, delegado de UTE que se desempeña en la Villa 20 de Lugano, dijo ayer a Página/12: “Es curioso, pero recibimos una notificación del gobierno porteño con la resolución en el Boletín Oficial de que el pago estará habilitado para los primeros días de agosto. Es evidente que los funcionarios no quieren darle visibilidad a un conflicto que ya lleva tanto tiempo. Y justo lo hacen antes de la medida que íbamos a tomar”.

Los CAI son diecisiete en toda la ciudad y funcionan en escuelas de distintas villas, con excepción de un par: el Isauro Arancibia, de Paseo Colón 1318, y un centro dependiente del gobierno porteño ubicado dentro de la Villa Carrillo. Los niños y jóvenes que concurren a sus cursos (de arte, cine, medios y otras actividades recreativas) son muy pobres e incluso decenas viven en situación de calle.

Sus padres y ellos mismos acompañan la lucha de sus profesores, que llegó a un punto crítico el sábado pasado cuando se decidió hacer un paro. El personal afectado trabaja seis horas todos los sábados del mes, a cambio de 1000 pesos de salario o tres veces a la semana, dieciocho horas, y con ingresos de 3000 pesos. “Nosotros queremos la continuidad laboral y no esta modalidad caprichosa que hace la Ciudad, porque incluso este año no nos contrató en febrero y marzo, cuando el gobierno nacional envió los fondos para hacerlo”, denuncia Legorburo.

El delegado agregó que los contratos vigentes, con una duración a término, vencen en enero de 2014. Hay fondos para abonarlos que depositó el Ministerio de Educación de la Nación en octubre de 2012 y febrero último. Sin embargo, su equivalente porteño, conducido por el ministro Esteban Bullrich, no dio lugar a los pagos. “¿Qué está haciendo con nuestra plata que la tiene depositada desde octubre del 2012?”, se preguntaron los trabajadores apuntándole al gobierno de Mauricio Macri.

Lo que está en juego no es poco: además de la gravedad que conlleva la situación de los docentes, sus alumnos viven una crisis que perjudica “la posibilidad de mejorar su biografía escolar y su autoestima”, explicó Legorburo.