Con una demora de más de 22 años, el comisario jubilado Miguel Angel Espósito será juzgado desde el 24 de septiembre por la privación ilegal de la libertad sufrida en 1991 por Walter Bulacio (17). El juicio oral y público “llega tarde y mal porque Espósito es el único imputado y porque nadie será juzgado por la muerte de Walter, quien falleció a consecuencia de la tortura física y psicológica sufrida durante su detención ilegal, junto con otros 73 jóvenes”, le dijo a Página/12 la abogada María del Carmen Verdú, de la Correpi, que desde hace más de dos décadas viene peleando para que se haga justicia en un caso emblemático de la violencia estatal, a través, en este caso, de la Policía Federal. El único pecado de Bulacio y los otros 73 chicos fue el de querer ingresar a un recital de Los Redonditos de Ricota que se hacía la noche del 19 de abril de 1991 en el estadio Obras Sanitarias, en el barrio de Núñez.

Cuando llegue el día previsto para la primera audiencia del juicio, el caso Bulacio cumplirá 22 años y cinco meses. Entonces habrá logrado superar todos los obstáculos que frenaron una causa que incluso había sido declarada prescripta en noviembre de 2002. En ese momento ya había pasado por el análisis y los fallos de 27 jueces, sumando dos intervenciones, hasta ahí, de la Corte Suprema de Justicia.

La Corte tuvo que reabrir la causa judicial en diciembre de 2004, al acatar la sentencia dictada en septiembre de 2003 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó al Estado argentino a reabrir la investigación y adecuar su legislación para impedir el accionar arbitrario de las fuerzas de seguridad. Bulacio y los otros chicos fueron detenidos por “averiguación de antecedentes”, sin dar intervención a la Justicia.

El fallo de la CIDH consideró que “son inadmisibles las disposiciones de prescripción o cualquier obstáculo de derecho interno mediante el cual se pretenda impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos”, porque eso consagra una situación “de impunidad” que impide “saber la verdad”.

Los jueces Rodolfo Goerner, María Deluca Giacobini y Alejandro Litvack, del Tribunal Oral 29, serán los encargados de llevar adelante el debate que comenzará el 24 de septiembre a las 10. Esta es la tercera vez que se fija una fecha para el inicio del juicio oral. La anterior había sido fijada para junio de 2011. Las demoras se deben a los planteos formulados por la defensa de Espósito, encabezada por Pablo Argibay Molina.

En febrero de 2007 la sala sexta de la Cámara del Crimen resolvió apartar de la causa al penalista Argibay Molina, que a pesar de todo sigue firme en la escena. Los camaristas argumentaron, en esa ocasión, que el abogado había empleado “todos los recursos judiciales contemplados por la ley” para “oponerse a las sucesivas decisiones contrarias a su cliente y así extender los tiempos judiciales”, retrasando el proceso.

En lenguaje corriente, lo que hicieron los jueces fue castigar al letrado por entender que apeló a “chicanas” legales con la única intención de dilatar el proceso para llegar a la prescripción, como lo había logrado en noviembre de 2002. En esta nueva etapa, después de la reapertura de la causa, Argibay ya logró dos postergaciones. La elevación a juicio del caso Bulacio se hizo hace cuatro años. Argibay sigue insistiendo en que la imputación contra su defendido es “totalmente nula” porque Espósito “estaba autorizado a detener a Bulacio, basado en normas y reglamentos vigentes” en el momento del hecho.

En cuanto a lo que puede pasar en el juicio contra Espósito, la abogada Verdú insistió en que “no se discute la cuestión de fondo, que es la muerte de Walter y tampoco las torturas a las que fueron sometidos los otros 73 chicos. Lo grave es que hoy, todavía, la policía sigue realizando las mismas detenciones y sigue torturando a los chicos. En este juicio, para la fiscalía la pena máxima que se podría dictar, por la privación ilegal de la libertad, es de cinco años y para nosotros, como querellantes, seis años. Muy poco, para la gravedad del hecho”.

La primera testigo del juicio será Graciela Scavone, la mamá de Walter Bulacio. El procesamiento de Espósito en esta causa data del mes de mayo de 1991, pero nunca estuvo detenido. El tribunal que lo enjuiciará dispuso un operativo médico especial, porque el único imputado tiene serios problemas de salud. Muchos de los testigos van a ser policías que participaron en la razzia que terminó con 74 detenciones.

“Es curioso, pero en algunos planteos realizados en los últimos tiempos hemos coincidido con la defensa de Espósito. Ellos dicen que él hizo lo que hacen todos los comisarios. Estamos de acuerdo, pero nosotros querríamos verlos imputados en el mismo juicio a todos los que participaron en el operativo y a los mandos superiores”, recalcó Verdú. Para la querellante “todos los gobiernos, desde (Carlos) Menem hasta el actual, han contribuido a que el caso siga impune, porque todos han puesto trabas que han demorado la condena a los culpables”.

En 22 años, María Ramona Armas (84), la abuela de Walter, ha concurrido a cada acto en el que se pide justicia por su nieto. Seguramente va a estar en el juicio oral, pese a que hace poco superó una dolencia que obligó a internarla en una sala de terapia intensiva. Otro puntal de la familia, en cuanto al reclamo, fue el padre, Víctor Bulacio, quien falleció en abril de 2000.

Hoy, los que han tomado la posta, en el plano familiar, son los hermanos de Walter, fruto de un segundo matrimonio de Víctor Bulacio. Tamara, que tiene 20 años, y Matías, de 18, nacieron cuando el nombre de Walter Bulacio era ya el emblema de la lucha contra la violencia policial.