Días después de que las redes sociales distribuyeran el video de un joven vapuleado por un uniformado en la comisaría de Pichanal, próxima a Orán, Salta, uno de los policías que participaron en la golpiza fue detenido, mientras que otro se encuentra prófugo. El video fue filmado por una tercera persona, dentro de la seccional, pero nada se menciona de ella. Según aseguró el padre de la víctima, las imágenes corresponden a 2010, cuando su hijo fue detenido por robo, pero recién se hicieron públicas cuando en forma anónima el video trascendió a las redes, aunque la versión oficial sostiene que ocurrió en 2012. El año pasado, en oportunidad de otro video que se hizo público en el que se veía cómo dos policías de General Güemes torturaban a dos detenidos, el ministro de Seguridad salteño, Eduardo Sylvester, había asegurado que “no son policías, sino delincuentes vestidos de policías”. Ahora intentan ajustar la selección de personal y abandonar la teoría de la manzana podrida.

Las imágenes fueron tomadas en la División Fluvial de la Unidad Regional 2, en la localidad de Pichanal, a pocos kilómetros de Orán. En ellas se ve al cabo Luis Aybar dándole golpes de puño, con el antebrazo y el codo al rostro, la nuca, los riñones y la espalda de un joven que ahora tiene 23 años, o tomándolo del pelo y obligándolo a ponerse de rodillas. Aybar hasta ayer se encontraba prófugo, aunque su abogado, Joaquín Veles, asegura que se presentará. En las imágenes se ve a un segundo policía, Víctor Hugo Romero, el único detenido hasta el momento, que observa cómo es golpeado el joven. Una tercera persona, aparentemente policía, filma con un celular.

Durante la golpiza, se ve a Aybar reclamar al detenido por “insultar a la policía” mientras le dispara una tunda de golpes como si se tratara de un puchimbol. De lo que se puede concluir que el joven no sólo era golpeado, sino que además la razón de la detención da vueltas alrededor de la honra mellada del cabo.

Tanto Aybar como Romero están acusados de los delitos de apremios ilegales, omisión de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y, según aseguraron en el Ministerio de Seguridad, ambas manzanas fueron exoneradas.

Ayer, el padrastro de la víctima, José Guzmán, un jornalero de 60 años, aseguró que presentará la denuncia y que no teme posibles represalias. Guzmán crió a siete hijos e hijastros, tras la muerte de su esposa, fallecida de un infarto hace once años. Guzmán ya conoce la problemática de la inseguridad policial: seis años atrás sufrió la muerte de uno de sus hijos, detenido en la comisaría del Menor, en Orán. Aquella causa judicial aguarda una resolución de la Corte de Justicia salteña.

Ayer, la agencia DyN proporcionó la identidad de la víctima, que ahora tendría 23 años, aunque ésta rechazó ser el mismo joven golpeado en el video. Este diario la mantendrá en reserva. Curiosamente, el padrastro, Guzmán, asegura que se trata de él, quizás ingenuamente preocupado por la sanción a los policías y sin tomar antes precauciones en cuanto al largo brazo de los representantes de la ley. También el padrastro informó que el joven se había mudado y dio algún detalle de dónde residía y a qué se dedicaba. Guzmán manifestó que el muchacho lo había llamado el domingo último para decirle que no era él quien aparece en la filmación. “Pero yo lo reconocí, es él”, aseguró Guzmán, e informó que hoy se presentará ante la Justicia junto al abogado Hernán Mascieti para realizar una denuncia.

En julio del año pasado, otro video tomado del mismo modo y que circuló por las redes, mostraba a dos uniformados de la policía de General Güemes, también en Salta, mientras torturaban a dos detenidos, ambos semidesnudos y sentados en banquitos en un playón de la División Drogas Peligrosas. A uno de los jóvenes se le aplicaba el método de asfixia conocido como “submarino seco”, mientras que al otro se le arrojaba agua fría mientras tenía las manos esposadas por la espalda, que le eran levantadas hacia los hombros. Por el caso fueron detenidos cinco de los uniformados de la guardia. En aquella ocasión, el ministro de Seguridad, Eduardo Sylvester, presentó la denuncia y aseguró aquello de los delincuentes con uniforme. Por el momento, Salta no cuenta con ningún mecanismo de prevención de la tortura sancionado por ley.

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