El jefe de la División de Drogas Peligrosas de Mina Clavero quedó detenido tras presentarse en los tribunales federales de Córdoba, sospechado de haber cambiado 32 kilos de marihuana por alfalfa luego de un procedimiento realizado en Villa Cura Brochero. La causa quedó en manos del fiscal federal Enrique Senestrari, quien investiga las vinculaciones con el narcotráfico de los cinco jefes de la policía cordobesa detenidos hace dos semanas. A raíz de estos hechos, un tribunal de esa provincia solicitó “la urgente intervención” de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y de las unidades especiales de la Procuraduría de Narcocriminalidad.

El policía Gastón Bustos era buscado debido a su intervención en una causa en la que se habían secuestrado 32 kilos de marihuana, pero a la Justicia federal llegó sólo un cargamento de alfalfa y piedras. El operativo se había llevado a cabo en una casa de Villa Cura Brochero, a 150 kilómetros de la capital provincial, en el que fue detenido un hombre, que ahora pidió la nulidad de la causa. El fiscal Senestrari señaló que Bustos se entregó ayer al mediodía y que está imputado por “sustracción de elementos de prueba y falsa denuncia” y por el presunto delito de integrar una asociación ilícita para detener irregularmente a personas falseando pruebas. Bustos “llegó esta mañana a Tribunales. Se le tomó declaración indagatoria, ocasión en la que se abstuvo de hacer declaraciones y quedó detenido imputado por el mismo delito que el resto” de los detenidos, explicó Senestrari. “Según alguna información que tenemos, hay datos que permiten pensar que este hecho (en alusión al cambio de la droga por alfalfa) tiene conexión con la asociación ilícita que venimos investigando desde antes”, explicó el funcionario judicial. Senestrari insistió en que esa “posible vinculación” es lo que explica que se haya “unificado el caso reciente con la investigación que estaba en curso”, conocida públicamente como el caso de los “narcopolicías”. Asimismo, el fiscal recalcó que, a diario, “siguen llegando denuncias sobre hechos similares”, razón por la cual no descartó la posibilidad de “nuevas imputaciones”.

En ese sentido, los jueces del Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba solicitaron a la Procuración General una investigación profunda para determinar las responsabilidades de todos los órganos comprometidos”. Los jueces Carlos Lulio Lascano, José María Pérez Villalobo y José Fabián Asís aludieron, en una nota, a “la situación de gravedad institucional generada a partir de los faltantes de drogas, elementos secuestrados y las investigaciones por la supuesta vinculación de policías de la División de Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia de Córdoba en actividades de narcotráfico” y solicitaron la “urgente intervención” de la procuradora Gils Carbó y de las Unidades Especiales de la Procuración General de la Nación.

Hasta el momento, hay nueve imputados, de los cuales cinco efectivos policiales de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico están detenidos. Ellos son: el hasta hace dos semanas titular del área, el comisario Rafael Sosa; el comisario Alberto Saine; el oficial Franco Argüello; los suboficiales Fabián Peralta Dátoli y Mario Osorio, en todos los casos ya fueron indagados por el fiscal. El escándalo derivó, a su vez, en las renuncias del ministro de Seguridad, Alejo Paredes, y del jefe de Policía, Ramón Frías, quienes fueron reemplazados por Alejandra Susana Monteoliva y César Almada, respectivamente.

El caso se dio a conocer hace tres semanas por intermedio del testimonio del agente encubierto Juan Francisco Viarnes, alias el Francés, ofrecido al programa periodístico ADN, del Servicio de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Las declaraciones de Viarnes motivaron al fiscal Senestrari a acelerar los pasos de la investigación, que ya estaba en marcha desde tiempo atrás. Viarnes, en calidad de “arrepentido”, manifestó, ante las cámaras de televisión, que jefes policiales de la lucha contra la droga tenían vínculos con narcotraficantes. Los efectivos fueron licenciados a partir de la denuncia que tomó estado público. Tres días después, uno los mencionados, el oficial principal Juan Alós, de 34 años, fue encontrado muerto con un balazo en la cabeza en el interior de su vehículo en las cercanías de Bosque Alegre, en la zona de Alta Gracia.