El cura Julio César Grassi llegó ayer “asustado” –según describieron a este diario otros internos– a la Unidad 41, de máxima seguridad del complejo penal de Campana. El Tribunal Oral Nº 1 de Morón admitió la movida a propuesta del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), que se basó en dos elementos: la pena de Grassi es alta, por lo que no corresponde que esté en un penal de media seguridad y, en segundo lugar, porque en el 41 de Campana hay un pabellón en el que correrá menos peligro. El traslado fue un anticipo exclusivo de Página/12. El tribunal había ubicado a Grassi en Ituzaingó argumentando que de esa manera no lo sacaba de su diócesis, pero la decisión contravenía normas del SPB. Uno de los compañeros de pabellón de Grassi es Carlos Carrascosa, imputado por el asesinato de su esposa, María Marta García Belsunce, aunque tiene otorgada la prisión domiciliaria, pero faltan algunos exámenes físicos y psiquiátricos. En el pabellón hay otro sacerdote, José Mercau, imputado por el abuso sexual de cinco menores, de entre 7 y 16 años, en El Talar de Pacheco.

“Llegó con mucho miedo –contó un interno a este diario–, pensó que aquí lo iban a matar o violar. Pero éste es un pabellón de personas de buena conducta. Estuvimos una hora hablando con él para tranquilizarlo.”

Una diferencia fundamental entre un penal de media seguridad y uno de máxima seguridad es que en el de media seguridad no cierran las puertas de las celdas. El preso puede salir a hablar con otro u otros, estar en los lugares comunes prácticamente a cualquier hora. En el de máxima seguridad, como en Campana, la celda se cierra a las 20 y se abre a las 7 de la mañana, lo que significa que el preso tiene que estar, sí o sí, dentro de la celda durante once horas. Los puntos buenos para Grassi son que en el pabellón en el que lo ubicaron hay personas de buena conducta, es decir no están alojados internos violentos. Las celdas son de dos y existe lo que se llama la autodisciplina, o sea que no hay celadores imponiendo medidas.

“La diferencia entre una celda abierta y una que se cierra durante tantas horas es decisiva para cualquier preso –le dijo anoche un interno de Campana a este diario–, todos aquí querríamos estar en una unidad de media seguridad. Estar once horas dentro de la celda es un ahogo durísimo.”

Las diferencias se extienden a otros campos. En un penal de media seguridad hay mucho alambrado y poco muro, mientras que es lo inverso en una unidad de máxima seguridad, donde los muros rodean el predio y todos los movimientos son más vigilados. Como es obvio, también existen mayores facilidades para salidas transitorias e incluso para la posibilidad de visitar a algún familiar directo que está enfermo, además de mejores condiciones en las visitas.

La presencia de Grassi en Ituzaingó hubiera producido conflictos en los penales de máxima seguridad. Allí se alojan personas imputadas por delitos más leves y de menos pena que los 15 años que el Tribunal Oral, la Casación y la Corte bonaerense le impusieron a Grassi. Ya se hablaba de los privilegios del sacerdote –que no se le hayan puesto las esposas al final de la audiencia, por ejemplo– y el malestar corrió el lunes por varios penales. Desde un primer momento, el SPB percibió que la decisión de alojar a Grassi en esa unidad iba a traer problemas y, por lo tanto, hizo la gestión ante el tribunal. El ministro de Justicia, Ricardo Casal, supervisó personalmente todo el proceso.

Al mismo tiempo se buscó un pabellón de menor riesgo para el cura. Además de Carrascosa y Mercau, los demás presos de ese sector son personas de cierta edad. Mercau tiene 56 años y fue condenado en 2011 por abuso sexual agravado contra los chicos de origen humilde a los que les daba albergue en el hogar San Juan Diego de El Talar de Pacheco. Mercau admitió sus actos de pedofilia, por lo cual se hizo un juicio abreviado en el que se lo condenó por el abuso de cuatro chicos. Los abogados de los menores apelaron la decisión que, entre otras cosas, consideró que el abuso fue sin acceso carnal, pese a que los jóvenes dijeron que el sacerdote los obligaba a practicarle sexo oral.

En el caso de Carrascosa las cosas son distintas. En realidad, el viudo de María Marta fue absuelto por el homicidio en el juicio oral y lo condenaron por encubrimiento, pero la Casación –en un fallo inédito– no ordenó un nuevo juicio ni le dijo al tribunal que cambiara la sentencia, sino que directamente lo condenó por el homicidio. Por su parte, la Corte bonaerense consideró mal presentados los recursos por razones formales. Carrascosa tiene 69 años, está con problemas serios de salud, ya se le concedió la prisión domiciliaria, pero debe cumplir con algunos estudios el 10 de octubre.

Las expectativas de Grassi están puestas en que se le revoque la prisión y que se le permita estar en libertad mientras la Corte Suprema de la Nación resuelve su caso. Sus chances en el máximo tribunal son casi nulas, pero sus abogados presentaron un recurso para que vuelva a la quinta ubicada frente a Felices los Niños.

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