Tres familias que vivían a orillas del Riachuelo y fueron relocalizadas perdieron todo lo que tenían después de que un incendio afectara el complejo de viviendas de Portela y Castañares, en el Bajo Flores, construido por el gobierno porteño. Según los vecinos, el fuego se propagó porque los bomberos “no pudieron localizar las tomas de agua” que no habrían sido previstas en la obra mientras que de las paredes salió un “intenso humo tóxico”. La Defensoría de la Ciudad había denunciado la precariedad e inseguridad de las casas construidas por el GCBA en cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema para el saneamiento del Riachuelo.

El siniestro ocurrió el martes pasado y, de acuerdo con el testimonio de los vecinos, los bomberos tardaron más de cuarenta minutos en llegar porque no encontraban el lugar y luego “no pudieron localizar las tomas de agua”. Además, el fuego en las paredes habría producido un “intenso humo tóxico”. A raíz del episodio resultaron afectados dos departamentos del complejo y las tres familias que los habitaban perdieron todas sus pertenencias.

La defensora en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Lorena Lampolio, a cargo de la Defensoría No1, gestionó subsidios para estas familias ante el Ministerio de Desarrollo Social porteño, aunque sólo una obtuvo una respuesta.

“Presentamos los oficios ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad, que es el que se ocupa de la emergencia habitacional, y recién cobró una familia, mientras que las otras dos fueron reprogramadas para mañana (por hoy). Están viviendo en casas de vecinos y parientes, pero este es un esquema de emergencia. También les estamos tramitando ropa y útiles e informamos a los maestros de los chicos sobre la situación para que estén al tanto y nos hagan un certificado”, explicó Lampolio a Página/12.

Más allá de esto, la abogada recordó que la Defensoría de la Ciudad presentó un escrito ante el Juzgado Federal Nº 2 de Morón, donde tramita la causa por el saneamiento de la cuenca, señalando las deficiencias de las viviendas construidas por el GCBA. “El incendio se propagó de más porque las bombas de agua no se hicieron adecuadamente. Hay deficiencias en las casas, por lo que pedimos un informe a los bomberos.”

“En varias plateas (edificios) se repiten los mismos problemas. Los sanitarios están mal colocados y filtran agua, por lo que se cae el durlock de los techos. Los marcos de las puertas y ventanas están también mal puestos y dejan pasar agua y viento”, agregó. La Defensoría porteña viene haciendo un seguimiento del proceso de relocalización de las familias que viven sobre el camino de sirga, en la ribera del Riachuelo.

En este sentido, insistió en que esperan el informe de bomberos para conocer también el origen del incendio y saber si fue un accidente doméstico o falló alguna instalación eléctrica. Página/12 dio cuenta de las deficiencias en la construcción y en la seguridad de los edificios tras una recorrida realizada hace dos meses.

En el complejo Portela viven 130 familias provenientes del asentamiento El Pueblito de Pompeya y 33 del Magaldi, que estaba en La Boca. Son viviendas distribuidas en planta baja y dos pisos. Y según los casos, tienen dos y tres dormitorios.

“Cuando nos bañamos, aprovechamos para baldear la casa”, ironizó Angélica, durante esa visita. Es que el agua de la ducha, que no tiene bañera ni receptáculo, va para cualquier lado menos hacia el desagote.

Hace poco más de un año que se mudaron allí y no paran de tener problemas: todavía no tienen conexión definitiva de electricidad, hay serios problemas de humedad y pérdidas de gas.

El departamento les fue entregado sin cerámica en los pisos, con una carpeta de cemento. Pero el mayor problema es el método de construcción. “Optaron por un sistema industrializado, que consiste en perfiles de PVC que son rellenados con hormigón, pero modificaron el método original y decidieron no colocar un revestimiento de telgopor y PVC, que actuaría como aislación térmica”, advirtió el arquitecto Ignacio Sagasti, del equipo técnico de la Defensoría General porteña, autor de un informe para el seguimiento de las construcciones.

El método es el Royal Building System. La modificación de su versión original no está aprobada por el Ministerio de Planificación Federal, que es el que financia la construcción de las viviendas con finalidad social.

El nivel de precariedad en la construcción está a la vista hasta en las cabinas de gas. Los reguladores son más chicos que los reglamentarios. Por eso, cuando los vecinos detectan un problema, no llaman a Metrogas, porque les cortaría el suministro, dijeron a este diario funcionarios de la Defensoría. “La única vez que llamaron a la empresa hubo que romper la cabina para que entrara el regulador reglamentario”, comentaron.