El fiscal de Resistencia, Federico Carniel, pidió al juez federal Carlos Skidelsky que se investigara a 31 agentes penitenciarios de la Unidad 7 de esa ciudad, entre ellos el jefe del penal, por su presunta participación en apremios ilegales contra la población carcelaria alojada en tres pabellones. El requerimiento fue formulado en base a denuncias recogidas por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y por la fiscalía en diferentes visitas al penal, donde los internos denunciaron malos tratos, amenazas y destrucción y robo de objetos personales. Carniel, tras una visita el 20 de septiembre, requirió la apertura de una causa y en principio imputó al director de la cárcel, Pedro Amargan, por “comisión por omisión”, es decir, no haber evitado los apremios, y al resto por “apremios ilegales”. El requerimiento de la fiscalía tiene origen en una nota enviada por los internos del pabellón número 8 a la PPN y en otra girada a Amargan, en la que comunicaban que comenzaban una huelga de hambre “hasta tanto se solucionen los problemas generados por malos tratos del personal de requisa”.