Al menos tres chicos de Capilla del Monte corren peligro de seguir los pasos de Jorge Reyna, el adolescente de 17 años que apareció ahorcado en una celda de la ciudad cordobesa el sábado pasado, y cuya muerte desató un estado de conmoción que lleva casi una semana, marchas, pedreas a la comisaría, incidentes con la infantería policial, balas de goma y la reciente suspensión de los festejos del aniversario de la ciudad. Capilla del Monte, al pie del cerro Uritorco, vive del turismo. La comisaría local, según las denuncias, vive de las redes de venta de drogas. Los tres chicos amenazados y Jorge Reyna denunciaron entre el miércoles 23 y el lunes 28 formar parte de una red de pibes que roban y distribuyen drogas para los uniformados. El 23 pasado, Jorge Reyna intentó abrirse de la persecución policial y denunció el sistema que los tiene como rehenes. Tres días después fue detenido ilegalmente (tenía 17 años), supuestamente por robo a turistas. La acusación y detención corrió por cuenta de la policía local, juez, parte e ideóloga en la materia. Unas horas después, Reyna apareció suicidado. El informe preliminar de la autopsia determinó que el adolescente murió ahorcado y que su cuerpo mostraba señales de que lo habían golpeado. Ahora falta determinar si fue ahorcado por los uniformados o si, como suelen asegurar las fuentes policiales, se autogolpeó contra paredes, pisos y rejas y después, desmayado, se ahorcó por sus propios medios. La objetividad de la autopsia dependerá de en manos de quién está y si hay lugar para un perito de parte.

El miércoles 23 de octubre, Jorge Reyna de 17 años, viajó desde la localidad de San Esteban donde vivía, a unos siete kilómetros de Capilla del Monte, hasta Cosquín donde debía presentarse ante la fiscalía de menores para cumplir con los requisitos de su libertad asistida, además de estudiar y de trabajar en la casa de una familia sustituta en Santa Isabel. Al llegar a Cosquín fue recibido por el equipo de asistentes sociales, psicólogos y abogados que le preguntaron sobre los mecanismos que los mantienen como rehenes policiales. El chico se mostró decidido a intentar apartarse de la red de uniformados, pero no aportó nombres. A la vuelta, en el colectivo, le dio todo tipo de detalles a su madre, María Olga Tallapietra, que lo había acompañado.

El sábado 26, pasadas las 11 de la mañana, y después de visitar a su abuelo materno, Jorge Reyna fue agarrado a golpes y de los pelos por uniformados que lo llevaron detenido a la comisaría. Esa misma noche, “Jorjito”, como lo mencionan las pancartas que reclaman justicia, apareció ahorcado aparentemente con su propio buzo en la celda de la comisaría donde había sido detenido ilegalmente por sus 17 años. “Suicidio”, dijeron las fuentes policiales. Y se desató la ira vecinal desde el domingo. Pedreas, balas de goma, corridas, más de 300 personas. El lunes la tensión continuó creciente. Una marcha convocada por los familiares del chico para la remoción del comisario Juan Ramón Castro y reclamar justicia, reunió medio millar de personas que, en Capilla del Monte, viene a ser una marcha multitudinaria. Ese día, Jesús Tallapietra, primo de Jorge Reyna y que se encontraba con él cuando lo detuvieron, y Luciano Montoya confirmaron ante la unidad judicial de La Falda las denuncias iniciadas por Jorjito. La policía citó a Jesús para hacer “un trabajito” pero éste se negó. “Ustedes mataron a Jorge, no voy a hacer nada”, se rebeló.

Por la noche, la tensión aumentó de la mano policial. Graciela Reyna, tía del chico ahorcado, caminaba con su hija de 14 años, y sus hijos Luciano y Lucas Montoya cuando de un patrullero bajaron policías. Uno de ellos dio un puñetazo en la boca a la mujer y empezó a pegar a la niña. Los dos varones salieron en su defensa y fueron detenidos a golpes.

El martes, una nueva marcha derivó en la detención de varios jóvenes. El miércoles, a las tres de la tarde, el comisario Castro fue trasladado a otro destino. Tres horas antes, el mismo oficial entró en la comisaría y dictaminó aplicar el Código de Faltas a los cinco detenidos.

Mientras, el comisario mayor Héctor Quevedo respondía a los medios en potencial que Jorge Reyna “le habría robado a unos turistas” y aclaró que “se montó un cordón criminalístico para no alterar ningún tipo de prueba”.

El mentado cordón criminalístico fue, por cierto, particular. Obviamente conformado por policías colegas de los sospechados por la familia, el cordón incluyó el traslado del cuerpo hasta el lugar donde se le realizaría la autopsia y regresado luego a la familia en una ambulancia de la funeraria Diego Sez e hijos. Para quienes no están al día con la data de Capilla del Monte, Gustavo Sez es el intendente radical de la ciudad al pie del Uritorco. La férrea custodia del cinturón criminalístico incluyó además una orden del conductor de la ambulancia de Sez a la familia, apenas entregara el cuerpo de su hijo: “Por orden judicial el cajón va cerrado y no se puede abrir”. La abogada Liliana Fontán, de la APDH, desestimó la orden que en realidad venía del lado de la empresa familiar del intendente y recomendó a la madre que abriera el ataúd si así lo deseaba. Y cuando levantaron la tapa descubrieron que Jorjito tenía el rostro lleno de moretones y ninguna marca en el cuello. A partir de ahí, sacarle a una madre la idea de que a su hijo lo asesinaron se montaría como una empresa imposible.

La autopsia, entretanto, dio ayer sus primeros resultados. La fiscal María Alejandra Hillman sostuvo que “el cuerpo del joven presentaba escoriaciones en varios sectores de su cuerpo. Tenía lesiones sobre el rostro, en el hombro, en una de sus piernas, en el muslo y en las pantorrillas. Ahora resta establecer si esas heridas fueron ocasionadas antes o después de su muerte”. Mientras, el abogado de la familia, Carlos Nayi, dijo que “el resultado de la autopsia indica que ha muerto por asfixia pero previamente ha habido golpes”.

Un poco para contragolpear y alejar la funebrera familiar del escándalo, y otro poco para mostrarse en actividad, el intendente radical Sez denunció a la abogada Fontán; a la asistente social de San Esteban, Leticia Díaz, que tenía contacto directo con Jorjito y con su período de reinserción, y a Omar Grillo, concejal de la oposición, como instigadores de la reacción vecinal que derivó en los vidrios destrozados. También aseguró, y esto ya forma parte del acervo folklórico de la política, que las 300 a 500 personas que participaron en las diferentes marchas no eran vecinos de Capilla del Monte.