En un dictamen desafiante, el fiscal federal Guillermo Marijuán pidió la indagatoria de su jefa, la procuradora general Alejandra Gils Carbó, por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. La imputación se inscribe en una catarata de cuestionamientos a quienes cumplen funciones de fiscales interinos o ad hoc en una decena de causas de gran trascendencia, la mayoría por crímenes de la última dictadura y casos de narcocriminalidad. ¿De qué acusa Marijuán a la jefa de todos los fiscales? De haber creado una Procuraduría para investigar lavado de activos y otras formas de la criminalidad económica (la Procelac) y haber designado como su titular, en un cargo de fiscal general subrogante, a Carlos Gonella, quien según el dictamen no reunía los requisitos para serlo. Gonella también está incluido en la acusación por aceptar y ejercer un papel que supuestamente no le correspondía.

En el mismo dictamen en que atribuyó a Gils Carbó una “conducta abusiva” con la que “conspiró contra las instituciones de la República” y a Gonella la “usurpación” de un cargo, Marijuán pidió que se declare incompetente el juez de la causa, Sebastián Casanello, quien en un comienzo había archivado el expediente contra Gils Carbó, Gonella y otros fiscales convencido de que no había ningún delito. Después lo tuvo que reabrir por indicación de la Cámara Federal. Lo que pidió Marijuán es que la causa contra su jefa pase al juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, donde precisamente Casanello es uno de los denunciados por supuesto encubrimiento a partir de que Elisa Carrió cuestionó su actuación en la investigación por lavado contra Lázaro Báez, igual que a Gils Carbó, Gonella y Omar Orsi, a quienes acusó de querer orientar la causa para salvar al empresario.

“Este llamado a indagatoria hay que enmarcarlo en una embestida contra un Ministerio Público que está tratando de salir de una posición pasiva que suelen tener los fiscales. No es casual que estas descalificaciones se hayan originado en los juicios de lesa humanidad y ahora pretendan ser llevadas a otros ámbitos claves, como los de la criminalidad económica y la narcocriminalidad”, advierte Lisandro Pellegrini, secretario general de Coordinación de la Procuración. “Si esta imputación prospera y las titulares de los ministerios públicos (fiscal y de la defensa) se inhibieran de seguir nombrando subrogantes y fiscales ad hoc, se paralizaría el sistema de justicia, porque son muchas las vacantes. Por esa razón, el propio Poder Judicial sigue nombrando en los juzgados subrogantes que no son jueces”, agrega. Gonella, por su lado, dijo que ya como fiscal subrogante en juicios contra represores en Córdoba se le abrió un expediente “que se cerró y es cosa juzgada, porque –asegura– no hay delito en mi nombramiento”.

Marijuán sostiene que Gils Carbó, “a través de la creación de la Procelac, ha violentado las disposiciones que regulan la estructura del Ministerio Público Fiscal por haber habilitado un cargo de magistrado, designando en él a una persona por fuera de los procedimientos regulares de designación y otorgándole la facultad de intervenir como fiscal principal”. Alega que se creó un cargo para que lo ocupe una persona específica, dándole una función que en rigor no podía ejercer a través de “una designación directa”. La hipótesis es que con las procuradurías se pretende desplazar a los “fiscales naturales” de las causas, pero en rigor solo intervienen cuando el fiscal titular de un caso les pide.

Según el dictamen de Marijuán, Gonella –que era secretario– fue nombrado sin respetar los procedimientos legales, que prevén subrogantes en caso de ausencias, vacancia, licencia, excusación o recusación, y que se los debe elegir entre otros fiscales o una lista previamente estipulada de funcionarios. Marijuán sostiene que la procuradora “avanzó” sobre atribuciones de otros poderes, ya que Gonella no tenía acuerdo del Senado ni aprobación del Ejecutivo como fiscal, algo que sucedió después. Plantea que, en este contexto, todos sus actos como subrogantes podrían a la larga ser considerados nulos.

“La procuradora no creó ningún cargo, sino que asignó a Gonella uno que ya existía y que estaba vacante. Es uno de los cargos que el legislador le dio a la Procuración para atender asuntos urgentes. Así como hay fiscales titulares de fiscalías hay fiscales generales de la Procuración”, señaló Pellegrini. “Para crear un área nueva, como la Procelac, también está facultada por la Ley de Ministerio Público, que le permite diseñarlo y organizarlo para llevar adelante la política criminal que crea apropiada. Cuando asumió había 25 por ciento de vacantes, no había disponibilidad de fiscales para hacerse cargo de temas de criminalidad económica, y se eligió entre otros funcionarios”, agregó.

Pellegrini insiste en que los regímenes de subrogantes y ad hoc fueron creados por el Congreso y convalidados por el Poder Judicial, incluso la Cámara de Casación y la propia Corte. La Defensoría General de la Nación también aclaró que está a favor de su implementación y defiende su legalidad, y que no avala cuestionamientos a los fiscales ad hoc hechos por defensores aislados.

En cuanto a la Corte, lo que sucede es que una resolución reciente declaró ilegal la designación de una secretaria como fiscal subrogante ante ese tribunal, precisamente porque no se eligió al fiscal interino entre otros fiscales o funcionarios de una lista específica. A la vez, aclaró que todas las decisiones que había tomado hasta entonces no eran nulas. Esa resolución suprema es invocada por Marijuán y ha sido también utilizada para atacar a fiscales ad hoc en varias provincias.

El fiscal Marijuán prácticamente acusa de Gils Carbó de haber nombrado a Gonella para interferir en investigaciones. Dice que con su designación puso “en peligro toda investigación en la que aquel pudiera intervenir, circunstancia que en la realidad aconteció”, en una alusión elíptica al caso Lázaro Báez. De hecho, intenta trazar una vinculación constante y pide desplazar a Casanello de la causa contra los fiscales subrogantes y ad hoc. Como argumento dice que hay más gente investigada en la causa de Martínez de Giorgi, algo que no es exactamente así ya que son más de veinte los fiscales denunciados por el radical Mario Cimadevilla ante Casanello. Por lo pronto hay un extraño escenario donde no está claro aún qué juez deberá resolver sus pedidos de citación a indagatoria de Gils Carbó y Gonella, que se evidencian como parte de una andanada de planteos para desprestigiar a la actual gestión de la Procuración.