La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, calificó como “grave, preocupante y lesivo de los derechos” de la mujer la decisión de médicos del Hospital Fernández de denunciar a la policía a una joven de 28 años que concurrió a la guardia con un aborto en curso. “La encerraron en un calabozo sucio” cuando “todavía tenía pérdidas y podría haber contraído una infección que le costara la vida”, confirmó Martínez y reclamó al gobierno de Mauricio Macri que capacite a los profesionales de la salud para que no se repitan situaciones similares. El hecho, revelado ayer por Página/12, despertó “indignación” y “preocupación” en organismos como el Inadi y el Consejo Nacional de las Mujeres.

La diputada María Elena Na-ddeo, presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura porteña, adelantó a este diario que pedirá una reunión urgente con la ministra de Salud de la Ciudad, Graciela Reybaud, para que aclare si existe una directiva del gobierno que obliga a los médicos a actuar de ese modo –tal como informaron en esa cartera a este diario– y, en ese caso, exigirá que sea derogada.

“Es gravísimo que el personal de salud de un hospital no tenga conocimiento de que no se debe realizar la denuncia en un caso en que se sospecha un aborto autoinducido. Vamos a pedir a la ministra que se realicen capacitaciones y también a la Asociación de Médicos Municipales que participen para que podamos prevenir situaciones de violencia obstétrica como la que sufrió esta joven”, señaló Naddeo, del Frente Progresista Popular.

La médica e investigadora del Cedes y del Conicet Mariana Romero advirtió en diálogo con este diario que hechos como el que vivió la paciente del Fernández van a “amedrentar a las mujeres” que enfrentan un aborto y que ahora “no van a ir a buscar atención médica oportuna, poniendo su vida en riesgo”. “Los equipos de salud no tenemos ni debemos tener poder de policía”, agregó Romero.

Tal como informó Página/12, la joven fue denunciada por una médica del Hospital Fernández, ante la presunción de que la interrupción del embarazo había sido provocada por la misma paciente, violando así jurisprudencia y el deber de confidencialidad. La mujer fue trasladada a la comisaría 53ª de la Policía Federal, donde permaneció presa por 10 horas, cuando todavía sufría pérdidas. La titular de la Defensoría General recordó ayer en declaraciones a Radio Ciudad que la Corte Suprema se expidió sobre el tema y sentenció que “ningún médico puede denunciar” cuando una mujer concurre a un hospital luego de haberse sometido a un aborto. “No se puede poner a nadie, ni a un hombre ni a una mujer, a elegir entre la cárcel y la vida”, afirmó Martínez y destacó que “cuando una persona va a un hospital porque tiene un problema de salud, es fundamental que se sienta contenida”. “Hay que privilegiar proteger al ciudadano antes que perseguirlo”, indicó Martínez. La defensora general advirtió que tanto el personal médico como los operadores de la Justicia que intervinieron tuvieron “mucha falta de sensibilidad”, además de “falta de respeto de los derechos de la mujer”.

Desde el Inadi expresaron “profunda preocupación frente a la persistencia de prácticas institucionales violentas hacia las mujeres, sus cuerpos y derechos”. “Estas violaciones a los derechos de las mujeres se dan en el marco de la preocupante desatención de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “A. F. s/medida autosatisfactiva” (sobre abortos no punibles) donde se establece claramente la imperiosa necesidad de establecer protocolos de actuación sanitaria para la interrupción voluntaria del embarazo, el jefe de Gobierno porteño vetó dicho procedimiento sancionado democráticamente por la Legislatura porteña”, señaló el Inadi.

La presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, Mariana Gras Buscetto, consideró que en el Fernández se vulneraron “los derechos de las mujeres reconocidos en nuestra legislación y en la normativa internacional, incluyendo el derecho a la vida, a la dignidad, a la intimidad, a la salud, a la igualdad, a la no autoincriminación”. Gras indicó que la denuncia contra una mujer con un aborto en curso infringe la Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable, la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia contra la Mujer y la Ley 26.529 sobre Derechos del Paciente. “Desde el Consejo estamos convencidas de que es necesario implementar acciones urgentes que tiendan a desarticular estas prácticas que profundizan la discriminación contra las mujeres en la Argentina”, indicó la funcionaria.

La Defensoría tomó conocimiento del episodio a partir de la defensora pública que asistió a la joven que terminó presa. El hecho ocurrió a fines de junio, pero recién trascendió ahora. En el caso intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 13, a cargo de Luis Alberto Zelaya. La orden de llevar detenida a la joven la habría dado el secretario del juzgado, Juan Sebastián Schabas Madueño, según declaró en el expediente la agente policial de la comisaría 53ª de la Policía Federal que se comunicó con el juzgado, desde el hospital. La causa penal iniciada contra la mujer terminó con la declaración de nulidad de todo lo actuado y con su sobreseimiento, “por haberse tomado noticia del hecho perseguido a través de un medio probatorio ilícito”. En este sentido, el magistrado consideró que el secreto médico exige a los profesionales de la salud mantener la confidencialidad so-bre la información obtenida a través del vínculo profesional con su paciente.