La Cámara Federal de Rosario resolvió declarar la falta de jurisdicción de la Justicia argentina para entender en la investigación contra seis marinos, dos de nacionalidad rumana y cuatro filipinos, acusados de tirar a cuatro polizones congoleños al mar en aguas internacionales y que fueron detenidos al llegar al país. Asimismo, dispuso remitir las actuaciones a la República de las Islas Marshall, de donde es originario el buque, pero ese país no libró pedidos de detención ni de extradición contra ellos ni ninguna otra autoridad internacional. Así, los defensores oficiales presentaron recursos de hábeas corpus, por entender que las detenciones son ilegales, pero fueron rechazados in limine por los jueces que entienden en la causa.

Un supuesto crimen en altamar une a seis países: la empresa es griega, el barco es de las Islas Marshall, hay cuatro marineros filipinos, dos oficiales rusos y cuatro polizones congoleños. En el medio, la Justicia argentina y un limbo. El miércoles pasado, la Sala A de la Cámara Federal de Rosario resolvió declarar la falta de jurisdicción de la Argentina en el expediente seguido contra Filip Florín y Robert Alexandru Racovita, de nacionalidad rumana, y Stephen Libo-On Nalumen, Vicente Eclepsi Siguan, Harvey Poquita Baladjay y Ryan Comanda Lagumbay, de nacionalidad filipina.

“La causa comienza por los dichos de un marinero, que venía teniendo problemas, que denuncia que escuchó a otro marinero hablar de cuatro congoleños a los que habrían tirado al mar. Ahí comenzaron las indagatorias, sin encontrarse ninguna prueba, y los seis marinos quedaron detenidos, procesados por homicidio agravado. ¿Por qué la Argentina lleva la causa penal? La Cámara da la razón y dice que no tiene jurisdicción”, comentó una fuente allegada a la causa.

La Sala A consideró que al ser el buque de bandera de la República de las Islas Marshall, las actuaciones debían remitirse allí. Sin embargo, no existe pedido de extradición ni de detención por parte de ese país ni de ninguna otra autoridad internacional, no obstante, las personas siguen en la cárcel de Ezeiza.

“La República de las Islas Marshall realizó una investigación y dijo que no tenía interés en la causa en un escrito que no ingresa por Cancillería como indica el protocolo. El fallo de la Cámara dice que deja a los detenidos a disposición. ¿Los van a mandar en un sobre junto a la investigación? No hay pedido de detención, ni extradición, por lo que se presentó un habeas corpus y fue rechazado in limine por el juez federal a cargo, Carlos Vera Barros, y la Sala B de la Cámara.”

Este rechazo estaría en contradicción con la Ley de Cooperación Internacional Penal. “Si en 48 horas nadie pide la extradición deben recuperar la libertad, ya que la detención se vuelve ilegal. Al no tener jurisdicción la Argentina se caen las violaciones a los derechos en que se incurrió en el proceso, como la falta de traductores debidos o la detención sin pruebas, pero parece que sí hay jurisdicción para dejarlos tres meses detenidos”, opinó la fuente citada.

Con este panorama, los defensores Carlos Zürcher, que representa a los rumanos, y Federico Guillermo Tschopp, a los filipinos, seguirán reclamando ante la Cámara Federal de Rosario aunque puede que todo termine en la Cámara de Casación Penal.

El buque RM Power salió el 6 de julio de un puerto en la República Democrática del Congo, con 21 tripulantes. A poco de zarpar, encontraron a siete congoleños que se habían ocultado en el barco y los devolvieron a su país de origen. La empresa griega ordenó al capitán una inspección total. En un principio no encontraron nada, pero a 400 kilómetros de la costa africana otros cuatro polizones habrían aparecido en el barco.

Veinte días después, el RM Power llegó al puerto privado Dreyfus, en Arroyo Seco, Rosario, donde aguardaba la Prefectura. El capitán rumano Florin Filip había avisado a los armadores griegos que parte de su tripulación “había tirado la basura al mar”.

La primera ronda de declaraciones testimoniales no dio ningún resultado. Nadie había visto ni oído nada. Sin embargo, un careo entre el capitán y un marinero filipino arrojó que cuatro ciudadanos congoleños habían sido arrojados al mar. Siete miembros de la tripulación estaban involucrados en los asesinatos. Filip, Racovita y cinco marineros filipinos. Antes de quedar detenido, uno de los marineros filipinos desapareció.

Los seis imputados, ya detenidos, se negaron a declarar. Tanto en el juzgado federal de Barros como en la Fiscalía de Mario Gambacorta pensaron que con los sospechosos en la cárcel los otros marineros hablarían. Una segunda rueda de declaraciones testimoniales y nuevos careos dieron el mismo resultado: nadie sabía nada.

Informe: María Julieta Rumi.