En Ingeniero Budge, un hombre y sus dos hijos –una chica de 19 años y un joven de 20– fueron detenidos por agentes de la comisaría 10ª de esa localidad bonaerense, en un operativo que incluyó golpes de puño y con la culata de una Itaka, insultos e incluso llegaron a apuntarle con un arma en la cabeza a un niño de 11 años. Todo comenzó cuando Nahuel Moreyra, de 20 años, tuvo una discusión con un comerciante local, quien hizo llamar a la policía. El hecho fue denunciado por la Red de Seguridad Democrática. La entidad puntualizó que en ese barrio del partido de Lomas de Zamora hay un “constante crecimiento de la violencia institucional” en contra de los vecinos más desprotegidos. El atropello, ocurrido en la noche del domingo, incluyó un allanamiento en la casa de la familia afectada. Claudia Sendra, madre de Nahuel, es integrante de la Red de Seguridad Democrática.

El domingo, cerca de las 22.30, Nahuel Moreyra tuvo un altercado verbal con un comerciante, cerca de su vivienda, en la calle Machado. La esposa del kiosquero llamó a la policía y se presentó en el lugar un móvil de la comisaría 10ª de Budge, con asiento en el Puente de La Noria. “Dos policías pusieron contra la pared a Nahuel y en ese momento, mi esposo (Marcelo Moreyra) corrió a ver lo que pasaba y comenzó a discutir con los policías para defender a nuestro hijo.”

“Uno de los oficiales, que estaba de civil, va hasta el patrullero, vuelve con una Itaka y se la pone en el pecho a mi esposo”, relató la mujer. La hija del matrimonio, Nahir, de 19 años, se interpuso entre el policía y su padre. Esto dio lugar a un forcejeo entre los dos policías y los tres integrantes de la familia. En pocos minutos llegaron otros móviles policiales y ya eran diez los policías presentes en el lugar. “A mi esposo y a mi hija Nahir los separaron, y se los llevaron detenidos.”

El episodio más grave, hasta ese momento, se produjo cuando se acercó al lugar un tercer hijo del matrimonio, un chico que tiene 11 años. Al niño “lo tiraron al piso, le pisaron el cuerpo y lo apuntaron con una Itaka para que no se moviera”, aseguró Claudia Sendra. Mientras se producían las dos detenciones y el episodio con el niño, Nahuel corrió hacia su casa, perseguido por algunos de los policías, quienes finalmente lo detuvieron, igual que a su padre y su hermana.

En su relato ante otros miembros de la Red de Seguridad Democrática, el padre, Marcelo Moreyra, dijo que lo golpearon con la Itaka “en la cabeza y en la espalda” y también le pegaron “una patada en la cara”. Una vez en la comisaría, los tres integrantes de la familia fueron golpeados e insultados. Al padre le arrojaron un balde con agua. Claudia Sendra fue hasta la comisaría para pedir que a su hija no la pusieran en un calabozo junto a detenidos varones y también fue maltratada. Sólo le dijeron que los tres estaban detenidos “por resistencia a la autoridad”.

Aunque no la encerraron en una celda, Nahir fue la que sufrió la peor parte porque “la insultaron y la golpearon dentro de la comisaría”, dentro de una habitación. Alguien que leyó la denuncia judicial que será presentada hoy por la familia le comentó a Página/12 que la chica sufrió “agresiones verbales que demuestran una misoginia increíble y tuvo que pasar un momento horrible”. Luego de declarar en la Unidad Fiscal de Instrucción 11 de Lomas de Zamora, los integrantes de la familia Moreyra recuperaron su libertad en la madrugada de ayer.

“Este es un caso de abuso policial y vamos a seguir la denuncia penal”, anticipó Claudia Sendra, quien estimó que el violento accionar policial se debió a que “formamos parte de la Red de Seguridad Democrática”, que viene haciendo un seguimiento del accionar policial en la zona. “En reuniones que tuvimos con jefes policiales, denunciamos la complicidad de algunos policías con los vendedores de drogas”. La mujer insistió en que quieren seguir adelante con la causa judicial “para que se conozca cómo actúa esta policía y que se sancione a quien corresponda”. La Red, en un comunicado, señaló que a “casi un año” de hacer denuncias sobre violencia policial ante el municipio y ante el gobierno provincial “la situación de vulnerabilidad de los derechos de los vecinos continúa y se profundiza”.