En abierta violación de la ley y de un fallo de la Corte Suprema, el juez de Personas y Familia N° 2 de Salta, Víctor Soria, prohibió la realización de un aborto no punible a una niña de 14 años que resultó embarazada como consecuencia de los abusos sexuales a los que la sometía su padrastro. El magistrado no sólo vulneró los derechos de la víctima sino que además la considera como una mera incubadora: en la misma resolución dispuso que el Ministerio Público comience los trámites para entregar a la criatura producto de la violación en adopción y ordenó al Ministerio de Derechos Humanos de la provincia que en el término de 48 horas entregue un subsidio a la familia de la niña mientras curse el embarazo. Al mismo tiempo, declaró inconstitucional el decreto del gobernador Manuel Urtubey que estableció el protocolo de actuación ante los casos de aborto no punible –siguiendo las indicaciones del máximo tribunal del país– porque –alegó– “atenta contra la vida de los niños por nacer”. “Salta se debe aún un Estado laico, estas decisiones son intromisiones de la Iglesia contra los derechos de las mujeres”, señaló a Página/12 la abogada Mónica Menini, defensora de la niña y su familia e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir en Salta y de la Alianza de Abogadas por los Derechos Humanos de las Mujeres.

“¿Cómo me puedo sentir, si hay un juez que está obligando a mi hija a tener un hijo que no quiere? Es algo horroroso”, dijo ayer a este diario Cristina, la mamá de la niña. Fue ella quien descubrió a su pareja abusando de su hija en el baño de la casa en la que convivían, en la ciudad de Salta. Al verla, el hombre reaccionó pegándole a la niña. Una vecina tuvo que ayudarla para evitar que la ahorcara, contó la mujer a este diario. Este episodio ocurrió el 9 de noviembre. Cristina llevó inmediatamente a su hija al Hospital Materno Infantil, que depende de la provincia, para que la atendieran. La niña quedó internada. “El 14 de noviembre nos enteramos de que estaba embarazada y pedimos el aborto no punible”, precisó la mujer. La niña tenía entonces 13 años y cumplió 14 en los últimos días. “Psicológicamente está muy afectada por todo lo que le pasó. Pero no sabe todavía la decisión del juez”, agregó Cristina. La mujer supo a partir de ese ataque que su hija sufría abusos sexuales y amenazas de su padrastro desde que tenía 12 años.

Cristina lo denunció. El hombre quedó detenido desde entonces en la Alcaidía Judicial, en una causa a cargo del fiscal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Eduardo Barrionuevo, quien creyendo que la interrupción del embarazo se llevaría a cabo según el protocolo provincial solicitó que se haga resguardo del material genético para incorporarlo en la elevación a juicio. En diálogo con este diario, Menini advirtió que en el hospital dilataron la realización de la práctica, violando el protocolo y el fallo de la Corte Suprema, que establece que no se deben imponer trabas arbitrarias ante un pedido de un aborto no punible.

La intervención no llegó a realizarse. La asesora de Menores e Incapaces NO 2, Claudia Flores Larsen, presentó un recurso de amparo a favor del no nacido. La niña permaneció internada hasta el sábado a la tarde, cuando a partir de la intervención de las abogadas de la familia, que tomaron el caso el viernes, lograron que le dieran el alta médica. Las abogadas sospechan que la mantenían retenida para que no pudiera acceder al aborto en otro lugar. “En el hospital estaba muy deprimida. Desde que salió por lo menos come”, contó la mamá. El embarazo lleva ya 9 semanas. Menini y Graciela Abutt Carol, de la Alianza de Abogadas por los Derechos Humanos de las Mujeres, que representan a la familia, denunciaron penalmente a Flores Larsen el viernes por obstruir el aborto; quieren que se investigue si incurrió en incumplimiento de sus deberes de funcionaria o cometió otros delitos al impedir que se cumpla la voluntad de la nena y su mamá. Las abogadas presentarán, por otra parte, un pedido de juicio político contra el magistrado. El juez Soria hizo lugar al amparo de la asesora de Menores e Incapaces y en la misma resolución dispuso que el Ministerio Publico Fiscal comience los trámites para entregar el niño/a nacido producto de la violación en adopción y que el Ministerio de Derechos Humanos de Salta, en el término de 48 horas, entregue un subsidio a la familia de la niña mientras curse el embarazo.

El magistrado, además, declaró “inconstitucional” el decreto 1170/12, que establece el protocolo de actuación ante abortos no punibles en la provincia “porque atenta contra la vida de los niños por nacer”. El asesor de Incapaces en turno NO 4 apelará la resolución judicial. También lo harán las abogadas de la niña y su madre, una vez que sean notificadas.

La abogada contó que el hospital habilitó que “la niña fuera visitada en la cama donde está internada por el cura de la institución y por una voluntaria que quería mostrarle fotos de abortos”. “No lo logró porque la madre defendió a su hija y amenazó con llamar a la policía”, destacó.

“La salud de la nena está en riesgo. Perdió seis kilos en las últimas semanas. El diagnóstico psicológico dice que se está dejando morir”, señaló Menini. La madre, adelantó, seguirá luchando para que su hija pueda acceder a su derecho a interrumpir ese embarazo que no quiere continuar.