La Justicia mendocina imputó a seis funcionarios públicos por presunta responsabilidad en el caso del crimen de Luciana Rodríguez, la nena de 3 años que murió a causa de una brutal golpiza, que recibió aparentemente de parte de su padrastro. Los funcionarios acusados, que se desempeñaban en organismos encargados de la protección de los derechos del niño, son investigados ya que no habrían actuado ante las reiteradas denuncias recibidas sobre el maltrato que sufría la nena. El gobierno provincial decidió separar de sus cargos a los imputados.

Los seis funcionarios acusados pertenecían a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de Mendoza (Dinaf), organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de esa provincia. La Justicia los acusa de haber incumplido con los deberes de funcionario público.

Los imputados son el ex director del Organo Administrativo encargado de los casos de maltrato infantil, Fernando Herrera, quien el lunes presentó su renuncia al cargo y fue aceptada por el gobierno mendocino; la ex coordinadora de la capital provincial de ese mismo ente, Vanesa Gianina Consina; los operadores Felipe Rafael Vizcarra y Mónica Castro, y la psicóloga del mencionado organismo, Fabiana Lucentina. Además, quedó imputado el trabajador de la guardia telefónica del 102, organismo de protección a los menores de edad, dependiente del Ministerio de Salud, Mauricio Flores, quien habría atendido un llamado el 31 de diciembre pasado cuando un cuidacoches rescató a la nena de su casa.

La medida fue adoptada por la fiscal de Delitos Complejos, Claudia Ríos, quien de oficio investiga qué grado de participación tuvieron éstos y otros trabajadores de distintos organismos involucrados con la causa. La fiscal especial citó a declarar a los operadores y funcionarios, y luego de tomarles declaración los imputó. El delito del que se los acusa es el de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con abandono de persona agravado por la muerte.

Tras la muerte de la nena, los funcionarios que ahora están imputados habían brindado una conferencia de prensa en la que dieron explicaciones sobre el caso. Herrera reconoció que venían siguiendo el caso de la familia desde hacía varios meses debido a distintas informaciones que habían recibido sobre el estado de abandono de la pequeña.

Desde 2011, hubo, por lo menos, 16 denuncias de familiares y vecinos por los maltratos que sufría Luciana Rodríguez. La última se registró una semana antes de la muerte de la nena, el 31 de diciembre del año pasado, cuando Luciana fue llevada por un cuidacoches a una comisaría con signos de maltrato. La abuela de la niña, Claudia Rivas, dijo que se “cansó” de hacer denuncias.

El Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de Mendoza informó, mediante un comunicado, que tomó distintas medidas para “garantizar el funcionamiento de los organismos que conforman el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia”. Una de esas medidas fue la “suspensión preventiva” de los funcionarios vinculados con la causa que sigue Ríos. A su vez, se designó a María de los Angeles Díaz como directora de Promoción y Protección de Derechos, quien deberá seguir adelante con la investigación en torno de las “conductas seguidas por los funcionarios del Organo Administrativo Local”, puntualizó esa cartera.

Luciana murió el martes pasado a causa de los golpes que recibió en la cabeza. La niña fue llevada por su padrasto, Jorge Orellano, a la Clínica Santa María, de la ciudad de Mendoza, envuelta en una sábana. Allí fue atendida por un pediatra que intentó reanimarla, pero sólo pudo constatar que la pequeña ya estaba muerta. Los médicos comprobaron que Luciana presentaba golpes en distintas partes del cuerpo.

Tras la muerte, la Justicia ordenó la detención tanto de Orellano como de su pareja y madre de la víctima, Rita Rodríguez, a quienes se los acusa de homicidio agravado y homicidio agravado por el vínculo por omisión, respectivamente. La investigación por la muerte de la pequeña está a cargo de la fiscal Daniela Chaler.