El gobierno porteño deberá desarmar dos de las cuatro aulas precarias levantadas en pasillos del Instituto Félix Bernasconi, luego de una audiencia convocada por la jueza Elena Liberatori, quien había frenado su construcción, y en la que funcionarios de la Ciudad, la legisladora porteña Virginia González Gass, una de las impulsoras de la causa, y el presidente de la Comisión Nacional de Museos, Jaime Sorín, llegaron a un acuerdo provisorio. Hubo una “conciliación de coyuntura en la audiencia”, explicó la magistrada a este diario. “El inicio de las clases hoy es la prioridad; y las aulas no se pueden hacer de cualquier modo, hay pautas de seguridad a respetar”, agregó, al explicar por qué el director general de Infraestructura Escolar, Fernando Andrés Domínguez, y Diego Sebastián Marías, en representación del Ministerio de Educación de la Ciudad, accedieron a desarmar las aulas levantadas en la planta baja y realizar un tratamiento ignífugo en las del tercer piso en un plazo máximo de 15 días hábiles. Voceros del Ministerio de Educación porteño aseguraron que Liberatori “habilitó las aulas Durlock”, algo que la magistrada negó en diálogo con Página/12: “No fue una resolución, sino una solución momentánea acordada entre las partes”.

En tanto, la situación en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía B. de Spangenberg se volvió aún más compleja por una resolución del juez Roberto Gallardo que, al tiempo que prohíbe el uso de “containers o módulos metálicos para albergar alumnos”, dispone que la reasignación de espacios en el establecimiento “no deberá afectar las áreas de biblioteca”. Tras una reunión sostenida el miércoles en la escuela con padres, docentes y alumnos, el subsecretario de Educación, Carlos Regazzoni, había acordado que el espacio de la biblioteca sería reasignado como aula para que no se dictaran clases en los módulos. Regazzoni se mostró en desacuerdo con la resolución de Gallardo y aseguró que “en todo el mundo se usan estas aulas, son de excelencia, y hemos tratado de proveer lo mejor al sistema educativo”. Esas aulas que Gallardo rechazó, agregó Regazzoni, “están teniendo muchísima aceptación en muchísimas comunidades y escuelas”.

Liberatori, titular del juzgado Nº 4 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, había convocado a las partes a una audiencia en el marco de la causa iniciada por legisladores porteños del interbloque Unen y, en la cual, el 13 de febrero, concedió el amparo y ordenó frenar la construcción de aulas precarias en pasillos y espacios de evacuación del Bernasconi. En el encuentro de ayer, por primera vez las partes se reunieron en presencia del arquitecto Sorín, que en tanto presidente de la Comisión Nacional de Museos había realizado un estudio del estado del edificio (declarado patrimonio histórico en 2009) y de las últimas intervenciones realizadas en él. En esa presentación, Sorín evaluó que “las dos (aulas) ubicadas en el tercer piso pueden permanecer con carácter provisorio hasta tanto se instrumente con carácter urgente una solución que no invada los espacios nobles del edificio”, al tiempo que agregó que la intervención “no reúne las condiciones contra incendio adecuadas para el uso del edificio y que los tabiques deberían reforzarse en sus caras externas con placas resistentes al fuego”. Sorín también señaló que las aulas precarias de la planta baja, destinadas al nivel inicial, “deberán desarmarse” porque se encuentran en pasillos de circulación y salida. La intervención “disminuye notablemente la posibilidad de evacuación de las áreas de influencia en caso de un siniestro y constituye un evidente peligro para la seguridad de la población del establecimiento”.

La jueza Liberatori explicó a este diario que en la audiencia los representantes del gobierno porteño concedieron desarmar las aulas levantadas en la planta baja y accedieron a realizar el tratamiento ignífugo en las del tercer piso, pero aclarando que se trata de una solución provisoria “conciliada entre las partes”. El gobierno “tiene un plazo máximo de 15 días hábiles para hacerlo, pero espero que lleguen antes del 5 de marzo, cuando comienzan las clases. De todos modos, en el largo plazo todo tiene que ser desarmado, pero para eso, y para que haya una resolución judicial, tiene que haber un masterplan”. La magistrada indicó que en el caso del Bernasconi hay “objetivos de corto, mediano y largo plazo”: en lo inmediato, “hay que garantizar el servicio educativo”; en el mediano, “tiene que haber un masterplan para poner en valor el edificio”. “La prioridad son las clases”, ratificó.

La legisladora González Gass, quien estuvo presente en la audiencia, declaró que quienes promovieron el amparo para frenar las aulas precarias “aceptamos la propuesta de que las aulas del tercer piso sigan únicamente de manera provisoria, pero siempre y cuando no suceda como en el Normal Nº 9, que desde hace cuatro años tiene las aulas modulares”.

Por otra parte, en el Lengüitas, el subsecretario Regazzoni restó importancia a la resolución de Gallardo y evitó hacer referencia a la contradicción entre el acuerdo que él había alcanzado con los padres y la decisión judicial. “La resolución no impide para nada el comienzo de las clases”, aseguró.