“Nosotros no tomamos nada, pagamos por un terreno de buena fe, y ahora nos quieren echar y tenemos mucho miedo.” Gladys se presenta como “madre soltera” y habla por ella y por su hijo de 12 años. Junto con otros vecinos asentados en el predio de Villa Lugano donde 300 familias se instalaron el lunes por la noche para reclamar su derecho a la vivienda, Gladys, Rosa, Yamil, Adriana y otras madres se arremolinaban alrededor de Página/12 para saber si había “alguna novedad” respecto del desalojo judicial pendiente. La novedad les llegó anoche, luego de la reunión que los delegados de las familias tuvieron con el juez Gabriel Vega y con funcionarios porteños. El procurador de la Ciudad, Julio Conte Grand, habló de un “principio de solución”. El gobierno se comprometió a realizar la muy postergada urbanización de la Villa 20, si los vecinos abandonan el predio “antes de las 6” de la mañana de hoy. Gianna Rodríguez, abogada de los vecinos, anticipó que la propuesta es de “difícil aceptación, porque no se ofrece una solución inmediata para gente que no tiene dónde vivir”. Al cierre de esta edición, una asamblea discutía si dejan o no el predio.

Ayer por la tarde, mientras esperaban el regreso de sus delegados, los vecinos le contaron a este diario el drama que viven. “Queremos pagar por los terrenos y por una vivienda, pero necesitamos facilidades para hacerlo, porque no podemos acceder a un préstamo hipotecario; ni siquiera a un departamento en alquiler, porque somos pobres, vivimos en una villa y estamos cansados de golpear puertas”, dijo Rosa, quien vivió cinco años en su Bolivia natal y “treinta en la Argentina, donde terminé la secundaria y ahora estudio enfermería; no quiero regalos, trabajo y quiero tener mi casa”.

En la conversación intervino Rosa C., quien se presentó como “una ciudadana argentina” que a veces se siente “relegada frente a los extranjeros, que tienen más derecho que yo”. Sus palabras generaron, al principio, sorpresa y malestar, sobre todo cuando dice que el gobierno debería “cerrar las fronteras”. La otra Rosa, la boliviana radicada en el país, con hijos argentinos, replicó sin levantar el tono que se siente “tan argentina como cualquiera, porque elegí vivir en este país y quiero tener mi lugar”.

Gladys, nacida en Jujuy, aclaró que en el predio de Villa Lugano “hay argentinos y extranjeros”, para luego agregar: “Todos somos iguales, estamos con el mismo problema y a veces sentimos la misma discriminación, porque a mí, siendo argentina, me discriminan porque como soy morocha piensan que soy boliviana”.

Rosa C. admitió luego que “los bolivianos que están aquí con nosotros son personas trabajadoras, venden sus verduras, son buena gente, lo que pasa es que la bronca mía es con los extranjeros y los argentinos que están en la Villa (20) y que teniendo su casa en otro lado ocupan una vivienda acá y además alquilan otras para llenarse de plata”. Por esa razón, Rosa C. afirmó que el gobierno porteño “tiene que hacer un censo en la Villa 20, para que se sepa que hay muchos vivos que se llenan de plata con nosotros”.

Superada la polémica, Rosa, que tiene dos hijos, de 12 y 17 años, insistió en que su aspiración mayor es “salir de la villa, tener una casa; todos dicen que nosotros somos los culpables de la inseguridad, los delincuentes, pero por qué entonces no nos quieren ayudar para que nos vayamos a vivir en mejores condiciones. Si hubiera buenos planes de vivienda, accesibles para los pobres, no existirían las villas”.

Juan, uno de los hombres presentes, recordó que “todas las villas de la ciudad y del conurbano empezaron con ocupaciones como la que hacemos nosotros; es la única oportunidad que nos dan para acceder a una vivienda. No queremos esto, pero no tenemos ninguna alternativa”.

Yamil Rosario se mantuvo alejada de la controversia, con sus dos hijas de 4 años y 1 año y siete meses. Es una boliviana nacida en Sucre que vive en Buenos Aires desde hace más de diez años. “Estuve viviendo en una casa del barrio Olimpo (en Lomas de Zamora), pero era algo pasajero porque estaba cuidando el lugar por encargo del dueño, que ahora regresó y ya no me puedo quedar ahí. Alquilaba en la Villa 20, pero ya no puedo hacerlo, trabajo en casas de familia, pero no me alcanza lo que gano y mi marido me abandonó; ésta es mi única oportunidad.”

Juan aporta un dato clave sobre las casas que se alquilan en la villa: “La instalación eléctrica es un desastre y los chicos tienen que andar caminando entre cables, dentro y fuera de la casa. Aunque acá no tengamos más que una carpa, es más seguro porque ni siquiera tenemos luz”.

La oferta del gobierno porteño de urbanizar la villa significa descontaminar el predio ocupado por las familias, una tarea que está pendiente desde 2005. Eso daría lugar a la construcción de nuevas viviendas y descomprimir la superpoblación en la villa. Ayer por la tarde, las madres temblaban ante la idea del desalojo: “Tenemos miedo, nos sentimos en peligro, porque no queremos la violencia, ni de la policía ni de los que nos vendieron estos terrenos, porque es gente que está en cualquier cosa. Nosotros sólo queremos una casa”.

Gladys busca el abrazo y llora. Pide que el periodismo “diga la verdad”, que son “buena gente que sólo quiere vivir mejor” y sigue llorando porque teme por la seguridad de su hijo de 12 años. De regreso al diario, el chofer del remís se guía por el GPS. Una voz de mujer con acento español, cada vez que el auto se acerca a una villa, aporta a la discriminación: “Precaución: zona peligrosa”.