La investigación judicial busca determinar si la operadora turística armó una ingeniería para evitar el pago de impuestos.
Imagen: Jorge Larrosa.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) clausuró ayer las oficinas de la empresa Despegar.com y suspendió su habilitación para operar en el mercado argentino. El organismo que conduce Ricardo Echegaray está investigando a la compañía por la “planificación de acciones fiscales nocivas” que le habrían permitido evadir el pago del Impuesto a las Ganancias, a partir de la derivación de su facturación hacia el paraíso fiscal de Delaware, Estados Unidos. La causa de fondo está radicada en el juzgado Penal Tributario de Javier López Biscayart (expediente 428/13). La empresa solicitó un amparo para seguir operando, el cual recayó en el juzgado en lo Penal Económico a cargo de Alejandro Javier Catania, quien le concedió el recurso. Es decir, a pocas horas de quedar inhabilitada preventivamente, un funcionario judicial la volvió a habilitar. Sin embargo, las oficinas de la empresa siguen cerradas. La AFIP estimó que durante 2013 Despegar.com movió 5000 millones de pesos, diez veces más de lo efectivamente declarado en el país. La investigación apunta a discernir los mecanismos utilizados por esta agencia de viajes para evitar el pago de Ganancias en el país.

Los delitos de cuello blanco suelen encontrar aliados estratégicos en los paraísos fiscales. La empresa Despegar.com fue creada en 1999 por Roberto Souviron, Ernesto Cadeiras, Martín Ratellino, Federico Fuchs y Christian Vitale. La primera oficina se abrió en Buenos Aires y luego de un año de operaciones, ya tenía agencias en nueve países. Sin embargo, la principal jugada de la compañía fue radicar su sede central en Delaware, un estado norteamericano en donde se permiten las exenciones impositivas para sociedades en manos de extranjeros no residentes. Según los investigadores, Despegar.com facturaba la mayoría de sus ingresos en ese estado, como un mecanismo sistemático de “planificación fiscal nociva”.

La maniobra saltó cuando los distintos contribuyentes argentinos quisieron recuperar la percepción del Impuesto a las Ganancias por la adquisición de pasajes o paquetes turísticos en el exterior y la empresa no les entregaba ningún comprobante fiscal legal para poder presentar ante el fisco. Detectada esa maniobra, la AFIP formuló la denuncia penal durante los primeros días de 2013, la cual quedó radicada en el juzgado de López Biscayart.

El 18 de marzo de ese año, Alejandro Tamer, Eric de Ladaucelle y Roberto Souviron renunciaron a la dirección de la compañía. Según los investigadores, Souviron quedó como máximo responsable de la operación en Dellaware, hacia donde se habría transferido el 93 por ciento de las acciones de la empresa. El restante 7 por ciento quedó en manos de la empresa LA INC S.A., cuyo principal accionista es el monotributista Cristian Ignacio Camsen y, por otro lado, figura la empresa Despegar Online S.R.L., sin registros en el pago de tributos nacionales.

“Las empresas que desarrollan su actividad en la Argentina deben saber que tienen que pagar los impuestos en nuestro país”, sostuvo ayer Echegaray. La posibilidad de abrir una sociedad comercial en un “paraíso fiscal” no conforma por sí mismo un delito. Sin embargo, la planificación de acciones fiscales para evitar el pago de impuestos, sí. Eso es lo que está investigando Biscayart, quien le solicitó a la AFIP que determine el monto de la deuda fiscal por parte de Despegar para poder avanzar con el proceso judicial.

Según un informe de la propia compañía, en 2008 facturó más de 200 millones de dólares. En 2009 fueron más de 300 millones y en 2010 habría pasado los 400 millones de dólares de facturación. Según la AFIP, en los últimos años la empresa no pagó Ganancias en el país. La demanda ante el juez Biscayart indica que en 2013 Despegar movió 5000 millones de pesos, cuando en el país declaró operaciones diez veces menores a esa cifra.

No bien ocurrió la clausura, la empresa presentó un amparo que cayó en el juzgado de Catanio, quien levantó la inhibición preventiva de la Clave Unica de Identificación Tributaria (CUIT). Por eso, la empresa comunicó que todas las operaciones registradas ayer habían sido “procesadas con normalidad”. El expediente de la clausura de los locales y la CUIT de Despegar.com están en el Juzgado Penal Económico número 5, a cargo de Jorge Angel Brugo, quien deberá definir si continúa la clausura preventiva, y revocar (o no) el amparo conseguido por la investigada.

La empresa en cuestión tiene denuncias en distintos países de la región. En Argentina hay múltiples reclamos realizados ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, los cuales pueden consultarse en el sitio www.consumido res.gov.ar. Por otro lado, en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio de ese país le impuso una multa de 12,3 millones de dólares y 10 días de suspensión por publicidad engañosa.