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En la provincia existen circuitos de producción, comercialización y consumo de armas ilegales tan o más altos que las legales. Esa es la hipótesis con la que trabaja el Ministerio de Seguridad en el programa de recuperación y destrucción de armas ilícitas en manos de la sociedad civil, un proyecto financiado por el BID que detectó un aumento del uso de armas ilegales de casi un 40 por ciento en los últimos dos años. Las fuerzas de seguridad como la Policía Bonaerense, el Ejército y el Servicio Penitenciario Federal son algunas de las fuentes más importantes de provisión de armas al circuito ilegal, pero también lo son las fiscalías, los juzgados y, especialmente, los que ingresan desde la Triple Frontera por contrabando.
Para el ministerio, las dimensiones de este mercado negro refleja el aumento de la violencia y no de delitos: en este momento, por ejemplo, el 72 por ciento de los homicidios dolosos se cometen con armas de fuego, un fenómeno que para los que están detrás del programa del BID da cuenta del aumento del nivel de violencia y de la complejización de la problemática criminal.
Las armas ilegales componen un universo complejo y heterogéneo. El Ministerio de Seguridad de la provincia no tiene datos reales sobre las cantidades, pero calculan que la dimensión es “igual o tal vez superior a las de circulación legal”, indicó una fuente consultada por este diario. Esas cifras se acercarían al medio millón.
¿Son todas iguales? Todo lo contrario: existen tres grandes grupos o tipos de armas en circulación: las de pequeño calibre, como pequeñas pistolas o rifles; las livianas o de uso no civil, como las ametralladoras, y, por último, las llamadas de guerra. Cada segmento responde a un tipo de usuario distinto y cuentan con un modo de comercialización propio. Las de pequeño calibre y livianas son las que aparecen con más frecuencia entre las armas secuestradas en distintos procedimientos: en general son viejas y baratas. No las usan ni las suministran las grandes bandas, que en general se mueven con la provisión que llega desde el exterior vinculada al tráfico y al contrabando o con los aportes de armamentos desviados de los arsenales de las fuerzas de seguridad.
En distintos ámbitos del Estado, y especialmente entre las fuerzas de seguridad, existe una suerte de agujero negro que alimenta el mercado negro. “Yo no diría agujeros negros –corrige una fuente calificada del ministerio–, pero en muchos casos las armas secuestradas por el Poder Judicial terminan en placares cerrados con una gomita y un papel con el número de la causa.” Esa arma es candidata a reconvertirse: “La Justicia no tienen infraestructura –dice la fuente– para tener un arsenal con registro, ordenado y sistematizado”.
El acopio y reventa de armas secuestradas en distintos operativos alimentó en algún momento otra de las modalidades frecuentes en el conurbano: el alquiler a bajo precio y por fin de semana. En diciembre del año pasado, el Juzgado Federal de Sergio Torres encontró pistas para vincular, por ejemplo, a un agente del Servicio Penitenciario Federal con el mercado de armas ilegales después de investigar un supuesto robo contra un depósito de Inteligencia Penitenciaria. El arsenal terminó en una armería de Palomar y como herramientas de un robo en Ciudadela.