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La jueza Elena Liberatori convocó para mañana a funcionarios del Gobierno de la Ciudad y de la Justicia porteña a una audiencia para intentar resolver el conflicto por la toma de Villa Lugano. Liberatori es la jueza de la causa madre, en la que desde 2006 se procura que el Ejecutivo cumpla con la ley que dispone la urbanización de la Villa 20. La magistrada intenta lograr un compromiso de la gestión macrista que permita la evacuación voluntaria del terreno ocupado y no de manera compulsiva, como lo había dispuesto la Justicia penal porteña el viernes último. En forma paralela, dos fiscales volvieron a pedir el desalojo del predio, pero la jueza que ahora está a cargo de la causa no la podrá conceder antes de dar a la defensa de los ocupantes el derecho a apelar la medida, informó a Página/12 el defensor oficial adjunto Luis Duacastella.

Liberatori convocó al procurador de la Ciudad, Julio Conte Grand; a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley; al flamante defensor del Pueblo, Alejandro Amor; al asesor tutelar Gustavo Moreno, y al defensor oficial, en representación de los ocupantes. La jueza pretende obtener un compromiso firme del gobierno de que empezará las obras de saneamiento del terreno, contaminado con plomo y otras sustancias tóxicas, requisito imprescindible para construir allí un núcleo de viviendas, el primer paso para la urbanización de la villa. Debido a la demora de la gestión macrista en iniciar esas obras, la magistrada ha embargado fondos destinados a vivienda por más de 29 millones de pesos.

La causa que lleva Liberatori reúne ya 3550 fojas. La última es el compromiso del gobierno porteño de presentar esta misma semana un plan para la remediación ambiental del suelo y la construcción de unas 450 viviendas.

En forma paralela, los legisladores de la oposición intentarán mañana aportar una solución desde la Comisión de Vivienda de la Legislatura. “La toma fue iniciada por punteros del PRO que tienen diferencias con el gobierno porteño por el manejo de la recolección diferenciada de residuos que se va a hacer dentro de la villa. Pero el 70 por ciento de la gente que participa en la toma son familias que alquilan una pieza en la villa y ya no están en condiciones de pagar lo que les piden”, dijo a este diario Gustavo Vera, del bloque Verde-Alameda.

La participación de punteros que intentan lucrar con las tierras tomadas es investigada por los fiscales, que el domingo impulsaron una serie de allanamientos en viviendas y oficinas. Uno de los imputados por la fiscalía es Marcelo Chancalay, a quien algunos señalan como puntero del PRO pero otros ubican militando en Unen. La fiscalía informó que Chancalay es empleado del Gobierno de la Ciudad desde 2006 y socio gerente de MACH SRL, empresa creada en 2009, que es contratista del mismo gobierno para la construcción de obra pública.

La documentación secuestrada “acreditaría su intervención en la comercialización de terrenos correspondientes a distintos asentamientos cercanos y confirmaría la hipótesis en la que vienen trabajando los fiscales, según la cual una organización utiliza a personas y familias carenciadas para ocupar terrenos que luego se comercializan por otros medios”, informó el Ministerio Público Fiscal.