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“Lo que queremos es llegar a la verdad, y por esa razón ni el estudio ni los familiares que representamos hemos aceptado una indemnización, y estaremos mañana (por hoy) como querellantes en el juicio oral.” El abogado Gregorio Dalbon, quien representa a unas 350 víctimas –entre fallecidos y lesionados– del accidente del tren Sarmiento ocurrido el 22 de febrero de 2012, desmintió una información que decía que desistiría de la acción penal. En el mismo sentido se manifestaron los abogados Leonardo Menghini y Lelia Leiva, quienes ratificaron que sus patrocinados “jamás han negociado indemnización alguna con los imputados en la causa”. Los abogados, en un comunicado, sostuvieron que seguirán “en la búsqueda de la verdad y justicia hasta agotar todas las instancias”. Adelantaron que impugnarán el informe pericial técnico conocido la semana pasada, que atribuye la responsabilidad de lo ocurrido a una falla humana.

Dalbon, en diálogo con Página/12, confirmó que dos querellas han desistido de la acción penal, luego de que los damnificados llegaran a un acuerdo con la empresa TBA. “Sabemos que llegaron dos escritos, uno de la querella representada por los abogados María del Carmen Verdú y Marcelo Parrilli, y el que tenía como letrado al doctor Miguel Angel Arce Ageo.”

El abogado interpretó que “con la nueva pericia conocida la semana anterior el caso está mecánicamente esclarecido, y toda la responsabilidad recaería sobre el maquinista” Marcos Córdoba. “Si el maquinista estaba en sus cabales, él es el responsable de lo sucedido”, puntualizó.

Para Dalbon, el tema de los subsidios del Estado a la empresa TBA y la responsabilidad de funcionarios y empresarios tiene que analizarse “por separado en otra causa; ésa es la postura que llevaremos nosotros”. El abogado está en total desacuerdo con la instrucción realizada por el juez federal Claudio Bonadío, quien acusó a 29 personas, incluyendo funcionarios públicos y empresarios. “El juez Bonadío puso en la misma bolsa a funcionarios, empresarios y sindicalistas, mezclándolo todo, lo que nos pone ante una situación jurídica bastante compleja.”

“Nosotros representamos a familiares de víctimas fatales y a personas que han sufrido lesiones gravísimas. Por esa razón no negociamos indemnizaciones antes de que se llegue a la verdad de lo sucedido. Somos el estudio más caro de Buenos Aires y no vamos a arreglar por un monto exiguo, cuando estamos representando a gente humilde que tiene necesidad de una reparación integral absoluta, por los daños físicos y morales. Lo que vamos a pedir, en su momento, es una indemnización de 500 millones de pesos”, anticipó Dalbon.

“Recién cuando concluya el juicio penal, y cuando tengamos al que consideramos que fue el culpable, el maquista Córdoba, si estaba en sus cabales, podríamos llegar a sentarnos para buscar un cierre extrajudicial por la indemnización; antes no lo haremos. De todos modos, no juzgo a las familias que aceptaron la indemnización y han desistido de ser querellantes en el juicio oral”, recalcó Dalbon.

Por su parte, Leonardo Menghini y Lelia Leiva confirmaron que no han negociado indemnizaciones. Además de ratificar que serán querellantes en el juicio, puntualizaron que avanzarán “aun más en los reclamos, impugnando el informe pericial que fue presentado la semana pasada” y que dice que el convoy Chapa 16 funcionaba en forma normal, sin ninguna deficiencia técnica. Sobre el informe pericial, señalaron que tiene “una clara intención de desvirtuar la verdad de los hechos investigados” y busca “desviar la atención de la real causa de la tragedia, que no es otra que la corrupción y el calamitoso estado del tren que impactó el fatídico 22 de febrero de 2012”.

Las otras dos querellas no estarán en el juicio, porque las familias a las que representaban María del Carmen Verdú y Marcelo Parrilli, por un lado, y Miguel Arce Ageo por el otro, llegaron a un acuerdo extrajudicial con TBA, ex gerenciadora del ex Ferrocarril Sarmiento.