La Fundación La Alameda presentará una denuncia ante la Junta de Etica de la Legislatura porteña para que se investiguen las razones por las cuales la ex legisladora Lidia Saya (PRO), quien recientemente asumió como adjunta en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, se comunicó en agosto último con un hombre que aparece vinculado a una causa por trata de personas con fines de explotación sexual. La Alameda publicó ayer en su sitio en YouTube la escucha de ese diálogo, realizada por orden judicial, a la que accedió por ser parte denunciante en la causa por el delito de trata. En ese diálogo, Saya le habla al hombre que estaba siendo investigado por la Justicia “de parte de Gabriela Michetti”. Fuentes del PRO admitieron anoche que esa comunicación existió, pero argumentaron que la legisladora no conocía las actividades del imputado.

El llamado telefónico registrado en la escucha se realizó el 30 de agosto último, a las 19.20. La investigación se había iniciado en enero a partir de una denuncia de la Unidad Fiscal que investiga la Trata de Personas (Ufase). Recayó en el juzgado de Ariel Lijo, quien descubrió un entramado de organizaciones delictivas encargadas de la captación de mujeres a través de avisos en los diarios con fines de explotación sexual, a las que sometían mediante amenazas, con la complicidad de efectivos policiales que recibían su parte como protección. En octubre se realizó una serie de allanamientos en los cuales resultan detenidas ocho personas. Una de ellas trabajaba con Carlos Morales Comini, quien al momento del dictado de los procesamientos, el 12 de noviembre último, se encontraba prófugo. Morales Comini, quien para el juez Lijo era la “autoridad máxima” de una de las bandas desbaratadas, es el hombre con quien se comunicó la diputada Saya.

La comunicación es evaluada por el juez, en el auto de procesamiento, de la siguiente manera: “En relación con la vinculación de esta banda con otros funcionarios, se destaca un llamado de Lidia Saya (legisladora de la Ciudad), que llama de parte de Gabriela Michetti, porque trabajan juntas en el PRO, para hablar con Carlos Morales (Kali), debido a una nota que le envió hace un mes. Ello dado que lo van a convocar para trabajar juntos en una campaña. La Sra. Saya le propone ir a la Legislatura (fojas 1529 del legajo 1)”. El párrafo está a continuación de una serie de elementos que prueban la connivencia policial con las bandas, lo que a su criterio constituye “un elemento central del sometimiento en que se encontraban las víctimas”, ya que se les hacía saber que “agentes policiales de la zona recibían dinero a cambio de protección y silencio”.

De acuerdo con la escucha, la legisladora llamó a Morales y le dijo: “La señora Gabriela Michetti me dio su teléfono por una nota que usted le envió a ella hace como un mes”. Y luego le explicó que lo llamaba “para ver cómo lo podemos sumar a los equipos de campaña que empiezan ahora”. Se supone que hacía referencia a la campaña para las elecciones del 27 de octubre, en las que Michetti resultó electa senadora nacional por la Ciudad.

“Me pongo muy contento”, dice Morales al recibir el llamado. Se identifica como perteneciente al club All Boys de Saavedra, dice que vive en Villa Devoto y trabaja en el microcentro. “Tengo una pequeña oficina, manejo los tiempos y me gustaría cuanto antes” tener una reunión, dice el hombre, quien al final queda en pasar por el despacho de la legisladora al día siguiente, 31 de agosto, a las 15. De acuerdo con la causa, Morales aparece vinculado a prostíbulos ubicados en el microcentro (Esmeralda 770 y Suipacha 670).

Página/12 intentó comunicarse ayer con Saya y con Michetti. Fuentes cercanas a ambas legisladoras reconocieron que desde hace unos días conocen de la existencia de esta escucha, e incluso la propia Saya se mostró muy preocupada. Allegados a la senadora aseguraron que ambas desconocían las actividades de Morales y argumentaron que durante la campaña recibieron muchas propuestas de gente que quería trabajar con el PRO.

Para la Fundación La Alameda, la denuncia “pone en evidencia la forma escandalosa en que se eligen los defensores del pueblo y otros cargos en la Legislatura”, dice el legislador Gustavo Vera (UNEN), titular de la organización, denunciante de muchos de los prostíbulos allanados. Saya fue elegida en el cargo de adjunta de la Defensoría en diciembre, como parte de un acuerdo político que incluyó a miembros de la Auditoría y el Ente de Control de la Ciudad. Su candidatura fue analizada justamente por la Junta de Etica y se sometió al debate en una audiencia pública.