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Los familiares de Diego Peralta, el chico secuestrado y asesinado en julio de 2002 en El Jagüel, reclamaron a la Justicia “que investigue a fondo la actuación que tuvo en el caso la brigada antisecuestros de Lomas de Zamora encabezada por el subcomisario José Hernández”, hoy detenido por haber participado en otro secuestro extorsivo. Emilse Silva, la madre de la víctima, estimó que los policías encabezados por Hernández “sabían desde antes de la aparición del cuerpo (el 12 de agosto de 2002) que a Diego lo habían asesinado y siguieron actuando como si estuviera vivo, lo cual es muy sospechoso”. Las dudas se fortalecen con la lectura de la causa, que hace presumir una coartada policial para salvar a dos policías involucrados. La mamá de Diego confirmó que recusaron al juez federal de Lomas de Zamora Carlos Ferreiro Pella para que deje de intervenir en el caso porque “en el mes de enero” la Sala I de la Cámara de Apelaciones de La Plata “ordenó que se investigara a los policías y hasta hoy no hizo nada para saber si actuó una banda mixta, de manera que no creemos que esto pueda cambiar si él sigue”. Del expediente surge como muy sospechoso lo hecho por la policía el día del pago del rescate: ni detuvieron a los secuestradores ni recuperaron el dinero (ver aparte).
“Nunca hubo una investigación que involucrara a la brigada, de manera que lo que queremos es que la causa se reabra y se investigue de una vez por todas a los policías”, reclamó Emilse Silva en diálogo con Página/12. En su fallo de enero, los camaristas Alberto Durán y Sergio Dugo dijeron que hubo “un desastroso accionar policial que abandonó a la suerte” a Luis Peralta, el papá de Diego, cuando fue a pagar el rescate, el 20 de julio de 2002, sin saber que su hijo había sido asesinado el 8 de julio.
“Es una incógnita saber por qué razón asesinaron a Diego y ocultaron su cuerpo en una tosquera de Ezpeleta, en Quilmes, cuando el caso ni siquiera había tomado difusión pública, porque la primera nota periodística fue publicada el 29 de julio. Todavía no había sobre la banda una gran presión judicial y mediática que los obligara a deshacerse de la víctima. ¿Qué los llevó a tomar una decisión tan drástica sin haber convenido el rescate? ¿Se quedaron sin cobertura policial?” Los interrogantes fueron planteados a este diario por una fuente judicial que intervino en el caso. “Todo es muy sospechoso y los policías tienen que dar muchas explicaciones.”
Esas dudas alimentan la búsqueda de Emilse. “El juez Durán de La Plata dijo que tenía que haberse investigado a la brigada por todo lo que ocurrió el día del pago del rescate y también me contó que los policías sabían que Diego había sido asesinado mucho antes de la aparición del cuerpo.” El primer detenido en la causa, José Pablo García, aseguró que en el secuestro habían participado tres policías, entre ellos el sargento Miguel Angel Giménez, quien estuvo detenido un tiempo junto con el oficial Mario Antonio Roque. Los dos salieron en libertad por “falta de mérito”, una figura legal intermedia entre la imputación y la absolución.
La hipótesis que consideró válida el juez Ferreiro Pella desechó la intervención de policías y fue dada a conocer a Página/12, en su momento, por el propio Hernández. La resolución del caso, según Hernández, comenzó con la detención de 17 personas el 31 de agosto de 2002. De todos ellos sólo siguen presos Marcelo Cejas, Rosa Pistillo Pereyra, Enrique Báez, David Pereyra, Lauro Shimabukuro y César Rotela, mientras permanece prófugo Carlos Garzón, conocido como “Pipi”. Uno de los detenidos, el vendedor de celulares Ernesto Allende, salió en libertad tras arduo trabajo por parte de sus abogados, Patricio Poplavsky y Vanina Molina.
La hipótesis que excluye a los policías como imputados fue planteada por Hernández mucho antes del 31 de agosto. El fallo de la Sala I platense que cuestionó el accionar policial citó una extraña declaración bajo “identidad reservada” de quien “surge evidente” que es el “suboficial González” de la Policía Bonaerense. Según un informe del subcomisario Claudio Boriani elevado a Ferreiro Pella, el suboficial González supo los detalles del secuestro y asesinato de Diego Peralta “en razón de mantener una relación amorosa con la hermana de uno de los imputados”. La mujer suministró los nombres de los presuntos imputados –sólo algunos de ellos hoy siguen detenidos– y la forma en que la víctima fue asesinada a puñaladas por una banda a todas luces inexperta. Lo que no se explica la Cámara es por qué González declaró bajo “identidad reservada”, algo sólo admisible en las causas por narcotráfico.
En definitiva fue un policía, el suboficial González, el que presentó la versión tomada por cierta por Ferreiro Pella que dejó fuera de sospecha a los policías acusados por García. El suboficial González estaba de novio con Daniela, la hermana del detenido Marcelo Cejas, alias “Chelo”, cuya minuciosa declaración permitió “el total esclarecimiento del hecho”, según palabras textuales de Hernández. “Y sin intervención de ningún funcionario policial”, insistió el subcomisario en septiembre de 2002.
En la causa hay muchos puntos oscuros. El 20 de julio de 2002, después de más de 50 contactos telefónicos con los secuestradores, Luis Peralta acordó el pago del rescate de 9000 pesos y 2000 dólares. La llamada fue interceptada por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que avisó la novedad al subcomisario Hernández. Lo insólito es que, en ese momento, el jefe policial estaba preso en Montegrande, acusado por una presunta extorsión contra un comerciante de la zona de Ezeiza.
“El juez Durán confirmó ese llamado de la SIDE a Hernández. Nosotros queremos una explicación, porque el caso no cierra por ningún lado”, insistió Emilse Silva. “Si los policías ya sabían o sospechaban al menos que mi hijo estaba muerto, ¿por qué hicieron el 8 de agosto ese enorme operativo para encontrarlo supuestamente con vida en el barrio Don Orione?” de Claypole, que fue rodeado por 1400 efectivos.
Emilse reveló que el 18 de julio “hubo un simulacro de procedimiento” en su casa de El Jagüel, “porque la policía decía que los secuestradores iban a venir a cobrar el rescate. Nos hicieron apagar la luz, cerrar las ventanas, se pusieron el chaleco antibalas y la chica policía que teníamos como custodia estaba con el revólver en la mano. Lo que yo creo es que se estuvieron burlando de nosotros todo el tiempo”.
“Yo le pregunté a (Angel) Casafús por qué habían hecho ese simulacro. Me dijo que me lo iba a explicar, pero nunca vino a mi casa para hacerlo.” La voz de Emilse Silva se quiebra por la angustia. “El juez Ferreiro Pella me recibió sólo dos veces y me dijo que ese era ‘un privilegio’ mío porque él atiende cinco mil casos. Y me empezó a gritar porque parece que estaba muy enojado. ¿Qué puedo decir yo, que estoy muerta en vida después de lo que pasó con mi hijo? Lo único que tengo claro es que no voy a parar hasta que se haga justicia, hasta que todos los involucrados estén presos.”