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Un médico y un bioquímico fueron procesados por homicidio culposo y deberán comparecer en juicio oral y público en una causa en la que se investiga la muerte de una mujer, quien murió tras recibir, hace diez años, una transfusión de sangre contaminada por el virus del sida. También se acusa a los profesionales por la transmisión del virus a la hija de la mujer, quien contrajo la enfermedad a través de la lactancia.
La decisión de la jueza en lo correccional María Nocetti de Angeleri recayó sobre los profesionales Raúl Scarlatto y Alfredo Ramón Escudero, quienes al momento de ocurrir los hechos eran jefe de Hemoterapia y de Laboratorio del policlínico de la Unión Obrera Metalúrgica, respectivamente. Sobre los bienes de ambos pesa un embargo de 12.000 pesos.
La jueza Nocetti de Angeleri había dictado hace dos años el sobreseimiento de los médicos, pero semanas atrás la Sala I de la Cámara del Crimen revocó esa decisión y dispuso que se revise la conducta de los imputados. Ahora, sin sumar nuevos elementos probatorios, en una resolución de 16 carillas, la jueza consideró que “existe mérito suficiente” para dictar los procesamientos y disponer el juicio oral, “oportunidad en la cual podrá demostrarse o no la responsabilidad penal” de los acusados.
El caso se inició en junio de 1993, cuando la mujer, Rosa F., de 30 años, dio a luz a su quinta hija. Tras una complicación fue internada en el policlínico de la UOM, donde le hicieron una transfusión. Tiempo después, la nena comenzó a manifestar enfermedades crónicas y se determinó que era VIH positiva. Luego se le diagnosticó la misma enfermedad a la madre, quien falleció en 1995.
Según el abogado Gustavo Romano Duffau, apoderado de la familia de la víctima, una pericia médica efectuada por el Cuerpo de Peritos Forenses del Poder Judicial “concluyó en atribuir el contagio a la transfusión de sangre efectuada en el seno del policlínico de la UOM” y, “respecto de la menor, a la leche materna recibida de su madre durante la lactancia”. La investigación permitió detectar que el donante de la sangre fue un preso infectado con VIH. “En el Servicio de Hemoterapia de la UOM no se efectuaban controles en la sangre donada; se desconocía el origen de la sangre que se utilizaba en las transfusiones y los libros del servicio no eran llevados de acuerdo con la buena práctica médica”, dijo el abogado a Página/12. Para esa época tenía plena vigencia la Ley Nacional del Sida, que obliga al control de la sangre destinada a transfusiones.
La jueza, tras analizar nuevas pruebas, concluyó que se reunieron “suficientes elementos como para decretar los procesamientos”. Si bien admitió que hay “elementos de convicción que aún restan ser acreditados o desvirtuados”, esos “extremos deben ventilarse en un estadio procesal superior”, en referencia al juicio oral y público. El homicidio culposo está sancionado con penas de hasta tres años de prisión y diez de inhabilitación para el ejercicio de la medicina. En forma paralela se tramita un juicio civil contra la UOM, que está en convocatoria de acreedores.