La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que permite a los usuarios de telefonía, en cualquiera de sus modalidades, no recibir más publicidad en sus líneas, a partir de la creación de un registro denominado No Llame. La norma no entrará en vigencia de inmediato, ya que debe ser reglamentada por el Poder Ejecutivo. Entre otros puntos, se debe determinar de qué manera los usuarios van a inscribirse en ese registro. La ley no establece penalidades para las empresas que no cumplan con la norma.

El proyecto, sancionado por unanimidad por todos los bloques de la Cámara baja, establece la creación del Registro Nacional No Llame, que permite al usuario no recibir publicidad ni ofertas no solicitadas a través de su celular. La iniciativa “protege a titulares o usuarios autorizados de los servicios de telefonía en cualquiera de sus modalidades de los abusos del procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o servicios no solicitados”.

La norma establece que podrá inscribirse en el registro “toda persona física titular o usuario autorizado del servicio de telefonía que manifieste su voluntad de no ser contactada por quien publicitare, ofertare, vendiere o regalare bienes o servicios”. La inscripción al registro debe ser gratuita, por medios sencillos y eficientes. Luego de quedar registrado, el cliente tiene derecho a obtener una constancia de dicha inscripción.

El registro dependerá del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, específicamente, de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. La inscripción durará dos años, tras lo cual, si el usuario quiere permanecer en el registro deberá anotarse nuevamente. Y si se arrepiente, puede solicitar la baja en cualquier momento.

En cuanto a las empresas prestadoras de servicios telefónicos y los call center que trabajen de manera tercerizada con las operadoras, deberán actualizar la nómina de registrados con una periodicidad de 30 días.

El proyecto original pertenece a la senadora Norma Morandini. Ya había sido aprobado en el Senado y en Diputados, había conseguido dictamen en noviembre pasado, pero perdió estado parlamentario en diciembre con la renovación de la Cámara. Hace exactamente un mes recibió un nuevo dictamen, por unanimidad, en tres comisiones de Diputados: las de Defensa del Consumidor, de Comunicaciones y de Legislación Penal.

“La ley garantiza el derecho de que los datos personales de los usuarios no puedan ser usados con fines comerciales. Ante el acoso permanente, corresponde proteger los datos de los usuarios. Lamentablemente, para hacerse efectiva el usuario tiene que inscribirse en un registro, cuando el cumplimiento de ese derecho debería ser automático”, dijo a Página/12 la diputada Patricia de Ferrari (UCR), presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara. “Desde la comisión vamos a impulsar una campaña de difusión, para que la gente se inscriba, y a la vez, para que la reglamentación se haga de manera que la inscripción sea sencilla y accesible”, adelantó la legisladora.

Entre las excepciones que se contemplan se encuentran las llamadas para campañas de bien público, las de emergencia pública, las realizadas para campañas electorales por partidos políticos y las que deben ser realizadas por razones contractuales, estás últimas en “horarios razonables”, señala el texto del proyecto.

Hasta ahora, existen registros No Llame en algunos distritos, como la Ciudad de Buenos Aires, pero los usuarios siguen recibiendo llamadas provenientes del interior del país e incluso desde el exterior. Esta ley, en cambio, es de aplicación en todo el territorio nacional.