Las cooperativas de recuperadores urbanos, que trabajan en la recolección de residuos con destino al reciclado, aseguran que el diseño del sistema de separación de residuos que implementa el gobierno de Mauricio Macri carece de planificación, y advierten sobre el incumplimiento de las obligaciones que el Estado tiene con ellos, fijadas tanto por contrato como por la Ley de Basura Cero. De acuerdo con el presupuesto porteño para 2014, más de 500 millones de pesos se destinarán a implementar el “proceso de recolección diferenciada de residuos reciclables, con la inclusión de los recuperadores urbanos agrupados en cooperativas de trabajo”. Sin embargo, promediando el año, varias de las cooperativas se ven imposibilitadas de llevar adelante su trabajo, porque el Gobierno de la Ciudad “no ha entregado las herramientas necesarias” para llevar a cabo su servicio; no cuentan con la indumentaria apropiada y no les paga los incentivos o lo hace a destiempo; no cuentan con camiones ni con la infraestructura adecuada en los centros verdes donde clasifican los residuos. Además, lamentan que la gestión PRO haya instalado “gran cantidad de contenedores para materiales reciclables, que tienen una apertura muy chica, tipo buzón, en las que cuesta ingresar las bolsas con botellas de plástico y cartones”. La gente, entonces, opta por tirarlos en los contenedores negros, para los residuos comunes.

“A veces, sólo dos segundos son los que nos separan de vivir en una ciudad llena de basura, de vivir en una ciudad limpia y amigable con el ambiente”, versa el eslogan de la campaña del gobierno porteño para incentivar a los vecinos a separar sus residuos. Sin embargo, varias de las cooperativas de recuperadores urbanos alertan sobre el incumplimiento de la gestión en sus obligaciones con los recuperadores. En 2012, se adjudicó a doce cooperativas, a través de un concurso público, la tarea de recolectar residuos sólidos urbanos secos. En 2013, éstas y el Ministerio de Ambiente y Espacio Público firmaron un contrato en el que el Estado se hizo responsable de brindar a los recuperadores urbanos uniforme de trabajo, obra social, seguro de accidentes personales y un estímulo económico para cumplir con normas de higiene y seguridad laboral. Según los representantes de las cooperativas, el gobierno no había cumplido con todas de la misma manera.

“El problema suele ser con las cooperativas que somos más chicas, a las más grandes suelen entregarles todo lo que quieren”, aseguró Cristina Lescano a Página/12, responsable de El Ceibo, que se encarga de la recolección de materiales reciclables de las casas y los comercios del barrio de Palermo, desde 1997. Alicia Montoya, cofundadora de la cooperativa El Alamo, que trabaja en los barrios de Villa Pueyrredón, Agronomía, Parque Chas, aseguró: “Nosotros debíamos incluir, por contrato, una segunda zona, en Villa Devoto, Villa del Parque, Montecastro, Villa Santa Rita, Floresta y Villa Real, pero no teníamos las herramientas para hacerlo. El gobierno incumplió el contrato, no aportó la logística, nos pagan cada seis meses, entonces a la zona nueva ni la tocamos”. El acuerdo incluía a los 60 recuperadores que ya tenían la cooperativa e “incorporamos once recuperadores independientes en 2013, pero los derechos que les correspondían por contrato llegaron recién en abril de este año y aún no disponemos de los uniformes de invierno”, subrayó Montoya. Alertó además que “la falta de control ciudadano deja al Ejecutivo libre para convertir al trabajo de las cooperativas en un plan social”.

Por su parte, María Ramis, de la Cooperativa del Oeste, comentó que “si bien la Ciudad ha dado a los recuperadores urbanos un espacio”, hoy no están trabajando con los consorcios, no están recolectando en los barrios, porque “nos dieron un camión de porte muy grande, sólo apto para los residuos de los grandes generadores, que no nos permite ir por las calles de nuestra zona asignada (Flores, Caballito, Almagro)”. Conformada por recuperadores que provienen del conurbano oeste (Moreno, Merlo, San Antonio de Padua) la Cooperativa del Oeste obtuvo en 2009 la matrícula del Inaes. En total son unos 400 recuperadores.

De igual modo, Lescano aseguró que el tamaño de los vehículos que les entregó la Ciudad dificulta su trabajo: “Tenemos dos camiones enormes que no podemos usar en Capital, porque rompemos cables de luz, los árboles y generamos más problemas de los que solucionamos.”

Con respecto a los Centros Verdes, espacio donde las cooperativas clasifican los materiales reciclables, Ramis cuenta que comparten el lugar con otra cooperativa. “Nos queda chico. Tenemos una parte grande del predio a la intemperie y necesitamos techarla, porque no se puede trabajar allí con el frío”, afirma. Por otro lado, relata que el Gobierno de la Ciudad les entregó una máquina con cinta para separar material, pero no la pueden usar porque no tienen el espacio suficiente.

Montoya afirmó además que “a través de la logística de la Dirección General de Reciclado de la Ciudad de Buenos Aires (Dgrec) ingresan (a su centro verde) 11 toneladas de residuos semanales con 5 camiones, mientras que nuestra cooperativa ingresa 37 toneladas, en ese mismo período, utilizando únicamente 2 camiones”. Añadió que “en la actualidad podríamos gestionar 70 toneladas diarias de residuos, pero estamos en 48 toneladas por semana ya que la enfardadora que instaló el Estado aún no dispone de la instalación eléctrica ni de insumos”.

Una de las cooperativas de recuperadores más grande de la Ciudad es la asociación El Amanecer de los Cartoneros, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). La conforman más de 1500 trabajadores y abarca los barrios de Almagro, Balvanera, Parque Patricios y Recoleta entre otros. Nicolás Caropresi, Militante del MTE y coordinador de operativa y logística de El Amanecer, asegura que “gracias a las luchas de los recuperadores urbanos hemos conseguido muchas cosas, como las guarderías para cartoneros, y ahora peleamos para que se pague un sueldo fijo a cada recuperador”.

Destaca que “en 2012 realizamos movilizaciones cuando se instalaron los tachos negros y gracias a ello tenemos el sistema actual de recolección y división en centros verdes”. Desde las cuatro cooperativas coinciden en que el contenedor negro empeoró la tarea para aquel que tiene que hacer la separación en el lugar. A ello se suma que no fueron consultados para la implementación, tal como obliga al gobierno la Ley de Basura Cero.

Según la mayoría de los recuperadores, los contenedores en forma de campana son un problema. Montoya declaró que “parecen buzones, y dificultan la tarea del vecino que quiere separar la basura. Como no se abre se deben pasar los residuos por una hendija”.

“Se hizo todo con un nivel de improvisación muy alto, injustificable para un programa que trabaja desde el 2008”, afirmó Montoya. Ramis coincidió: “Estamos en contra, porque tienen una boca muy pequeña, el hecho de que tengas que poner una por una las botellas o los cartones, hace que menos vecinos vayan a hacerlo. Lógicamente, si uno está apurado como no puede abrir la campana para tirar la bolsa con el material reciclable no lo hace”.

Desde las cuatro cooperativas critican la gestión macrista por no acompañar el proceso de recuperación urbana de basura con educación y concientización del ciudadano. “El problema principal es la falta de conciencia que hay en la Ciudad. Nunca hubo una política clara del tratamiento de la basura. El rol de los cartoneros no se explica bien en las campañas que hacen desde el gobierno”, asegura Caropresi. “Hay que comunicar constantemente al vecino que la separación en origen y el reciclado no son solamente prácticas en favor del medio ambiente, sino también una forma inclusión social”, concluyó Ramis.

Informe: Laura Guarinoni.