Por primera vez, en la ciudad de Buenos Aires, la Justicia avaló la rectificación de las partidas de nacimiento de las tres hijas de una persona transexual, para que quede allí asentado el nuevo nombre –femenino– de quien originalmente había sido inscripto como el padre biológico de las niñas. Cinthia Cristina Arroyo debió recurrir a los tribunales porque su pedido, a través de un trámite administrativo, había sido rechazado por el Registro Civil y Capacidad de las Personas porteño. Esta situación afectaba especialmente el acceso de sus hijas, de 14, 12 y 9 años, a distintos programas de ayuda social, ya que como Arroyo había cambiado su DNI y ya no era quien figuraba como titular de los beneficios para las niñas, se veía obligada a explicar cada vez que los recibía que en realidad era la misma persona, pero con distinto sexo y nombre. La madre biológica de las chicas murió hace ya unos años y Arroyo es el único sostén para ellas. Finalmente, la Sala III de la Cámara del fuero Contencioso, Administrativo y Tributario, confirmó el 23 de agosto un fallo de primera instancia que ordena al Registro Civil de la Ciudad la rectificación de las partidas de nacimiento de las tres niñas, permitiendo así el efectivo ejercicio del derecho a la identidad de género autopercibida de Arroyo.

La mujer transexual trabaja en la cooperativa textil Nadia Echazú, el taller-escuela donde travestis y transexuales se capacitan y desempeñan, para evitar el destino de la prostitución, un proyecto que impulsó y dirige hace seis años la activista Lohana Berkins. Fue patrocinada por el Ministerio Público de la Defensa porteño, que encabeza Horacio Corti. El 26 de marzo de 2013, amparada por la Ley de Identidad de Género, decidió reclamar el cambio de nombre y de género en virtud de su autopercepción, para que así figuren en su partida de nacimiento. Y obtuvo un nuevo DNI. Pero no logró que a través de un trámite administrativo esos datos se vieran reflejados en las partidas de nacimiento de sus hijas, a fin de acreditar efectivamente la filiación con ellas y ejercer la patria potestad. Tras la negativa del Registro Civil, Arroyo pidió asesoramiento en la Defensoría. Desde el organismo hicieron varios escritos y llamadas telefónicas a las autoridades del Registro Civil porteño, en los que fundamentaron las razones por las que estaban procediendo contrariamente a lo establecido por la Ley de Identidad de Género, y afectaban el acceso de las niñas a programas de ayuda social. Pero el Gobierno de la Ciudad no cambió de postura. Por eso, el caso llegó a la Justicia, a diferencia de lo que ocurrió en junio en Salta, donde una pareja de transexuales –que cambiaron sus nombres y sexo en sus DNI– pudo rectificar las partidas de nacimiento de su hija, sin necesidad de recurrir a los tribunales.

El 20 de noviembre de 2013, en primera instancia la Justicia porteña le dio la razón a Arroyo: hizo lugar a la medida cautelar autosatisfactiva que había presentado y ordenó al Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires rectificar las partidas de nacimiento de las hijas, para que quede asentada su paternidad con su nombre femenino. Pero el gobierno de Mauricio Macri apeló. Ahora, la Sala III de la Cámara Contencioso, Administrativo y Tributario rechazó los fundamentos esgrimidos por la Ciudad, confirmó la sentencia y avaló así el reclamo de Arroyo, con las firmas de los jueces Esteban Centauro, Gabriela Seijas y Hugo Zuleta. Si el gobierno porteño no apela al Superior Tribunal de la Ciudad, la resolución judicial quedará firme. Hoy, el defensor general Horacio Corti dará más detalles de la batalla de Arroyo, durante un acto en el que firmará una serie de convenios de cooperación con ONG de mujeres en situación de prostitución, de transexuales y de migrantes. Y, a la vez, presentará una guía de recursos para ejercer derechos que lleva como nombre Más información. Más ciudadanía. El volumen contiene información actualizada y orientada a facilitar el acceso a planes y programas públicos que ofrecen tanto el Estado nacional como el porteño, vinculados a salud, violencia de género, trabajo, vivienda, alimentación, educación, asistencia social, emergencias.