Los vecinos del barrio Papa Francisco que permanecen sobre la avenida Cruz resistiéndose, todavía, a ser desalojados, denunciaron ayer a Página/12 que reciben presiones, de parte de la Policía Metropolitana, que los amenaza con “nuevos operativos represivos” para sacarlos por la fuerza del lugar. Pero ése no fue el único cuestionamiento recibido por la fuerza que creó el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y por los fiscales de la Ciudad. En un comunicado difundido ayer, la jueza María Gabriela López Iñíguez pidió explicaciones –en duros términos– sobre las razones por las cuales “no se ha desalojado aún” un “pequeño predio”, separado del terreno donde estaban las 4500 personas expulsadas. En ese “pequeño predio”, según la denuncia presentada por el gobierno porteño ante el fiscal Carlos Rolero, se encontraría –dijo la jueza– el sector “más problemático”, dado que estarían asentados allí “los focos delincuenciales” vinculados con la “tenencia ilegal de armas y al comercio de drogas”. López Iñíguez consideró que la omisión cometida en el allanamiento por ella ordenado “resulta inexplicable” y que la “gravedad institucional” del hecho merece que se abra una investigación.

En otro párrafo de su declaración de ayer, la jueza señaló que “ni los integrantes del equipo fiscal ni el señor fiscal general de la Ciudad (Martín Ocampo) se han comunicado con la suscripta a fin de explicar las omisiones señaladas”. El sábado, a pesar de las críticas por la violencia que tuvo el operativo, la vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, había reivindicado lo hecho afirmando que era “un paso adelante haber recuperado el terreno, volver a tener la posesión del lugar y dar un mensaje importante: que ni las mafias ni los narcotraficantes se van a apropiar de un espacio público, de un espacio que es de todos”.

Ese mismo sábado trascendió que durante el violento desalojo no se había encontrado ningún elemento que indicara la presencia de un grupo “mafioso” como el que definió Vidal. Ahora la jueza denunció que el sector donde estarían “los focos delincuenciales” permanecieron intocables durante el operativo de la Policía Metropolitana, con el apoyo logístico de la Gendarmería Nacional.

Por esas razones, la jueza expresó que “a primera hora de la mañana” había “tomado conocimiento de modo indirecto, a través de un escrito de la Dirección General de Asuntos Penales de la Ciudad” que se solicitaba una “ampliación de la orden de desalojo” del sábado. Luego de hacer “intensas indagaciones”, la doctora López Iñíguez tomó conocimiento de que “al parecer no se ha procedido al cumplimiento de la orden judicial de desalojo en los términos en la que fue dictada por mí el viernes próximo pasado cuando todos los informes recibidos por esta magistrada” el fin de semana “daban cuenta de que el desalojo había sido total”.

Luego insistió en que el operativo se hizo “sin incidentes ni padeciendo grandes obstáculos climáticos” y “gracias a la colaboración eficaz de la Gendarmería Nacional bajo la coordinación del señor secretario de Seguridad”. Por lo tanto, agregó, “nada impedía la ejecución completa de la orden. Y en su caso, de haber habido dudas sobre los alcances de la misma, el camino correcto era el de elevar la consulta a la jueza que había firmado la misma, cosa que no ocurrió”.

Precisó que “no se ha desalojado aún el pequeño predio que se extiende a modo de pasillo entre la línea imaginaria que delinea el paredón de la Policía Federal Argentina perpendicular a la avenida Fernández de la Cruz, y la calle Escalada, encerrado por un lado por el borde de la manzana 30 de la Villa 20 y por el otro por el otro paredón del predio que ocupa aún la PFA”. Puntualizó que “esta omisión resulta inexplicable no sólo porque estaba perfectamente descripto en la orden de allanamiento que el mismo debía extenderse entre las calles Pola y Escalada y no hasta ‘una línea imaginaria’ trazable a la altura de lo que sería la calle Corvalán, que jamás integró la orden de allanamiento”.

La jueza hizo notar que “justamente el sector que no se liberó es el mismo que el fiscal Carlos Rolero denunció en la causa como el más problemático, señalándolo como el sector denominado ‘de los paraguayos’, y en donde, según los dichos de vecinos del asentamiento, radicarían los focos delincuenciales vinculados con la tenencia ilegal de armas y el comercio de estupefacientes”.

En el comunicado, la magistrada sostuvo que los fiscales de la Ciudad no se han comunicado con ella “a fin de explicar las omisiones señaladas” y que “tampoco se ha elevado al juzgado, pese al tiempo transcurrido, y los reclamos telefónicos efectuados, el acta de la Policía Metropolitana dando cuenta del procedimiento. Sólo cuenta este tribunal con el oficio dictado por Gendarmería Nacional informando la entrega del predio”.

Concluyó que “ante la gravedad institucional evidente que tienen estos hechos, especialmente porque ellos no encuentran explicación alguna ni correlato con las órdenes impartidas, es que esta magistrada resuelve, sin perjuicio de lo que procesalmente corresponda a este respecto, iniciar una indagación de los hechos, a efectos de determinar las razones por las cuales las autoridades a quienes se les expidió dicha orden decidieron dar por concluido de este modo el procedimiento”.

Legisladores de la oposición, consultados por Página/12, coincidieron en señalar que la declaración de la jueza tiene por objetivo “tomar distancia de lo que dijo el gobierno porteño respecto de una presunta mafia que no aparece, porque no existe, o porque la Policía Metropolitana hizo la vista gorda a la hora de intervenir”. Por su parte, la diputada Victoria Claudia Neira, del Frente para la Victoria, criticó a la Metropolitana por la violencia del operativo.

“Lo que la gestión de Macri presentó como una fuerza modelo, de proximidad, de abordaje territorial, no está sucediendo; por el contrario, lo que vemos a diario es una fuerza torpe que se comporta como un elefante en un bazar en cada intervención.” Los diputados porteños opositores tratan de sacar, para este viernes, una sesión especial para analizar el operativo y la situación de las familias desalojadas.