El fiscal del Juzgado Federal de Santa Rosa, Juan José Baric, denunció ante la Procuraduría General de la Nación que fue “presionado” por investigar a cuatro intendentes procesados en causas vinculadas con el delito de trata de personas.

En el portal digital de la Procuración General de la Nación, reproducido por la prensa pampeana, se publicó un artículo en el que Baric afirmó que le avisaron que desde esferas de poder en intendencias de La Pampa, “no se veía con buenos ojos” sus investigaciones sobre la trata.

El fiscal aseguró que reclamará a la jueza a cargo para que avance en el caso del intendente de Lonquimay, José Luis Rogers. También se investiga al jefe comunal de Macachín, Jorge Cabak, y al de 25 de Mayo, David Bravo. La intendenta de General Acha, María Elena García, fue sobreseída en primera instancia y resta resolver la apelación.

La Justicia Federal puso la lupa sobre los cuatro gobernantes por haber habilitado cabarets en los que se habría cometido el delito de trata de personas. El funcionario judicial remarcó que tuvo que firmar un recurso junto al titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo, en el cual le advirtieron a la jueza federal Iara Silvestre que “si no procedía a resolver la situación procesal” del intendente de Lonquimay, Luis Rogers, “la íbamos a denunciar a ella”.

La Procuración General de la Nación publicó el viernes último un informe sobre las dificultades de enfrentar la complicidad y la impunidad de las redes criminales, bajo el título “Trata de Personas: cómo investigar las complicidades del poder político”, donde aparecen las declaraciones del fiscal pampeano.

Baric aludió a los problemas que debió sortear por enfrentar al poder político. “En estos casos encontré, en un principio, una cierta mala predisposición a encarar el tema, ya sea por negligencia, desidia o fastidio. Escuché varias veces decir ‘son putas porque les gusta’. Escrito tras escrito, nos los iban rebotando por pavadas. Y por estar involucrados funcionarios, sin lugar a dudas, fue el principal escollo”, dijo.

“En la causa de Rogers son cinco los imputados: el intendente, el comisario, el dueño del cabaret y los dos encargados. Los citaban a declarar en indagatoria a los tres últimos y con exactamente la misma prueba, sobre los dos funcionarios no ordenaban su indagatoria. Me llegaron a advertir que el peronismo de La Pampa no veía con buenos ojos lo que yo estaba haciendo”, señaló, sin puntualizar quién fue el encargado de formular esa recomendación.

“No sólo no tuvimos apoyo por parte de los jueces, sino que por el contrario. Metieron más trabas que nadie”, planteó el fiscal. Además, agregó: “Inclusive en la causa de Rogers, para que lo procesen, tuve que presentar un escrito con mi firma y las de dos fiscales generales, Marcelo Colombo y Alejandro Cantaro, que confiaron en el trabajo que veníamos haciendo desde acá”.

“En ese documento, demoledor, hasta amenazamos a la actual jueza con que si no procedía a resolver la situación procesal de Rogers y el comisario Alaniz, la íbamos a denunciar a ella”, ilustró.