Diez de marzo al mediodía. Gastón, de trece años, cayó a un pozo ciego en la villa Rodrigo Bueno, ubicada junto a la Reserva Ecológica. Familiares y vecinos intentaron rescatarlo metiéndose en el pozo a riesgo de sus propias vidas y trabajosamente lograron sacarlo. Durante más de una hora esperaron la ambulancia del SAME, y cuando llegó, Gastón ya estaba muerto. La falta de urbanización de la villa fue el eje del reclamo tras la muerte del chiquito. Cuatro mil personas instaladas con sus casas precarias, sin cloacas, ni agua potable, ni luz, ni asfalto, ni recolección de basura, pero en los terrenos más caros y codiciados por el boom inmobiliario porteño. El valor del lugar es, paradójicamente, el principal obstáculo para la urbanización: para qué urbanizar se pregunta el gobierno del PRO si entre sus planes está la construcción de un barrio náutico, y el monstruo inmobiliario IRSA tiene los ojos y la billetera puesta en un negocio millonario que se cuenta en hectáreas cuadradas. En ese marco, mañana, la villa Rodrigo Bueno llegará a la Comisión Interamericana de DD.HH., en Washington, representada por sus delegados, por la Defensoría General porteña, el CELS y la ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), en el mayor caso colectivo de vulneración de justicia tratado por la CIDH.

La presentación de mañana reconstruirá ante los jueces de la CIDH (ver aparte) la historia de la Rodrigo Bueno, que es la historia de su asentamiento en la Costanera Sur, a partir de 1980. Y de la soberana elipsis que hicieron los entonces concejales porteños cuando en 1986 la ordenanza 41247/86 creó la Reserva Ecológica, que incluía los terrenos donde ya estaba asentada la villa desde seis años antes, pero decidieron no mencionar en la ordenanza a las familias incluidas en el territorio. Una manera poco sutil de decir que sus habitantes no eran sujetos de derecho.

En la Rodrigo Bueno los casi 4 mil vecinos no cuentan con agua potable, las viviendas no están unidas a la red de cañerías cloacales, muchas casas utilizan el sistema de pozos ciegos (en uno de ellos cayó Gastón a principios de mes y murió) y otras están conectadas a un sistema de desagüe que desemboca en un arroyo afluente sin tratamiento al Río de la Plata. No cuentan con red de gas por lo que deben comprar garrafas de gas; la conexión eléctrica es informal, vale decir, para la provisión de energía se cuelgan de los cables públicos. Y la recolección de basura no incluye a la Rodrigo Bueno en su rastrillaje cotidiano. Los vecinos juntan la basura en carretillas que vacían en unos containers en la entrada de la villa. Precisamente en la entrada, un playón de autos secuestrados por la Federal agrega el riesgo de la polución ambiental en contacto directo con los habitantes.

En 2005, un proyecto inmobiliario detrás del que estaba IRSA, para levantar los Solares de Santa María en el mismo terreno de la Rodrigo Bueno, motivó el intento de desalojo de los habitantes de la villa mediante el decreto 1247/05. El proyecto incluía todos los servicios que se les negaba a los vecinos del asentamiento: apertura de calles, canales de agua para fines hidráulicos, recreativos y paisajísticos, parques, plazas, plazoletas, bulevares, paseos peatonales, emprendimientos comerciales, de oficinas, de viviendas y deportes náuticos que, obviamente, contarían con redes cloacales, de agua potable, electricidad, gas, recolección de basura y demás.

En diciembre de ese mismo año, los habitantes de Rodrigo Bueno interpusieron ante la Justicia porteña una acción judicial por la que solicitaban al gobierno porteño que urbanizara la villa y detuviera la acción de desalojo de la 1247/05. Seis años después, la jueza en lo Contencioso Administrativo, Elena Liberatore, ordenó al gobierno porteño que se abstuviera de efectuar ningún desalojo y declaró la nulidad de la entrega de subsidios a los vecinos de la Rodrigo Bueno para que se fueran del lugar. Ordenó también que se efectuara la urbanización de la villa y la incorporación del barrio al Programa de Radicación e Integración de Villas de la Ley 148. Y dispuso que el gobierno retirara los automóviles que ocupaban el playón de la Federal.

Macri apeló. El 30 de septiembre pasado, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la CABA dio la razón al gobierno. La Defensoría porteña y la Asesoría Tutelar de Menores llegaron hasta el Tribunal Supremo. “Les pedimos a los jueces del tribunal que antes de fallar escuchen a los vecinos, a las personas concretas de carne y hueso –dijo el defensor general porteño Horacio Corti–, que como hizo la Corte, convoquen a una audiencia pública. Para la Defensoría resulta lamentable la negativa del Gobierno de la Ciudad a urbanizar Rodrigo Bueno. Estamos ante un barrio que ya tiene cerca de 30 años. Sus pobladores tienen derecho a agua potable, calles transitables, una red eléctrica segura.”

Mañana, en Washington, en la audiencia titulada “Situación de los derechos económicos, sociales y culturales de los habitantes de asentamientos urbanos en América”, los representantes de la Rodrigo Bueno denunciarán el caso ante la Comisión Interamericana.

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