Luego de la vigilia que realizaron más de cien vecinos y legisladores junto a las 37 familias que iban a ser desalojadas en Boedo, la Justicia suspendió la medida. Las familias viven desde hace 25 años en una casona del barrio y el desalojo estaba previsto para ayer a la mañana. Los manifestantes explicaron a este diario que esperan que se abra un canal de diálogo con las autoridades de la Ciudad, a quienes critican por tener una política de vivienda que expulsa a los sectores populares.

“Se suspendió gracias a la lucha de todos los vecinos, agradecemos la presencia de todos los que nos apoyaron”, dijo Luis Roldán, delegado de los habitantes del inmueble situado en la avenida Pavón 4127, tras negociar con un oficial de Justicia la suspensión del operativo.

El procedimiento estaba pautado para ayer a las 8, pero la resistencia comenzó el martes por la noche con una vigilia, y continuó en la mañana de ayer, en la calle, con más de cien personas acompañando el reclamo, entre ellos los legisladores porteños José Cruz Campagnoli, Lorena Pokoik, Pablo Ferreyra y Paula Penacca.

“Se suspendió el desalojo por hoy, ahora se abre una instancia de diálogo”, indicó Campagnoli. El legislador señaló que confía en que el juez convoque a la Asesoría Tutelar y la Defensoría General de la Nación “para llegar a dar una respuesta a estas familias que hoy no tienen un techo asegurado, que hace 25 años viven acá y cuya solución no puede ser un desalojo sino una vivienda digna”.

“Nuestro rol es seguir acompañando este proceso, seguir acompañando a los vecinos. Creemos que lo que generó que se evitara el desalojo fue la organización que los vecinos lograron, que pudieron plantar una posición común y ahora es esa posición la que tienen que seguir llevando adelante en las instancias de negociación que se construyan con el Gobierno de la Ciudad intermediado por la Justicia”, aseguró Penacca.

Además remarcó que “la Justicia es la que lleva adelante la orden de desalojo, pero es el Gobierno de la Ciudad el que crea las condiciones para que estos vecinos, que están acá hace 25 años, no puedan acceder a un alquiler formal y tengan que vivir quizás en condiciones en las que saben siempre que están en riesgo. Desde que el macrismo gobierna, la Ciudad de Buenos Aires expulsa y quiere echar de la ciudad a los sectores populares”, reflexionó la legisladora.

Por su parte, Ferreyra afirmó que “la Justicia y la Policía Metropolitana terminan haciendo el trabajo sucio en una ciudad que está regulada por el mercado inmobiliario. Son este mercado y su voracidad los que dictaminan las políticas de vivienda”.

“Ayer Macri hizo una cena con un cubierto que valía 50.000 pesos y acá quieren conformar a los vecinos con una cuota de 1800, lo que no tiene ninguna lógica. Estos contrapuntos son los que viven los porteños. La verdadera grieta de la ciudad de Buenos Aires es la avenida Rivadavia, que divide a los vecinos de primera calidad de los de segunda calidad ,que son los vecinos pobres, para este gobierno”, agregó. “Esta grieta hay que trabajarla con políticas públicas hacia los sectores populares”, dijo, y consideró que el “rol de la Justicia es muy negativo”, y que si se suspendió el desalojo fue “por la presión que se ejerció con vecinos, legisladores militantes y gremialistas”.

“De acá no nos vamos a ir. Somos 37 familias que llegamos acá con el boca en boca. Yo vivía con mi madre y seis hermanos y pagábamos un alquiler hasta que no pudimos pagarlo más y llegamos a este lugar hace 25 años”, afirmó el delegado Roldán. Desde 1984, explicó, acudió en varias oportunidades al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), pero jamás tuvo una respuesta. Asimismo, manifestó que los vecinos reclaman “que alguien se haga cargo de las 37 familias y 70 chicos que pueden quedar en la calle”, y ratificó que el gobierno porteño lo único que les ofreció fue “un subsidio de 1800 pesos”, pero “con esa plata nadie vive en ningún lado”.

Por su parte, Pokoik indicó que se vivieron “horas de mucha incertidumbre, de angustia y desesperación porque estas familias no tienen otra opción o alternativas habitacionales”. La legisladora manifestó que, junto con pares de la Legislatura, propusieron “construir una mesa de diálogo que ayude a generar las condiciones necesarias para que estas familias se puedan ir a una vivienda y no a la calle”.

En ese sentido, pidió a las autoridades porteñas que “se comprometan a hacer el mayor de los esfuerzos para que estas familias se puedan ir de esta propiedad de forma pacífica y con un techo garantizado”.

Los legisladores y más de cien vecinos participaron durante la noche de una vigilia para acompañar el reclamo de los habitantes del inmueble y evitar que la Policía Metropolitana lleve adelante el desalojo.