Tres altos oficiales de la Bonaerense de Mar del Plata fueron condenados a seis años de prisión por haber armado causas en su beneficio durante los años 2010 y 2011. La sentencia fue aplicada al comisario José Luis Fuentes, al subcomisario Marcelo Ruiz y al jefe del Gabinete de Prevención, Gastón Guzmán. Los tres conformaban por aquel entonces la cúpula de la comisaría 4ª marplatense. Otros dos uniformados ya habían sido condenados mediante el acuerdo de un juicio abreviado (el capitán Roberto Oscar Bouzada y al subteniente Gustavo Alberto Ribas) y un tercero está a punto de acordar (subteniente Samuel Alejandro Lanza). La producción de trece causas armadas, con un grupo de vecinos amigos de los policías y que aparecían como testigos en las causas truchas, fueron motivo de dos notas publicadas por este diario en agosto de 2011.

La inseguridad, esa materia tan empírica como emotiva y palpable de maneras diversas y controversiales, también es motivo de planificación, armado y producción, en pos de un negocio policial.

El 2 de agosto de 2011, Página/12 reveló una denuncia judicial presentada por el juez marplatense Juan Tapia sobre el fraguado de causas, falsa denuncia, falso testimonio, incumplimiento de los deberes de funcionario público, estafa procesal, falsedad ideológica de instrumento público y asociación ilícita. La denuncia era contra dos policías (Bouzada y Lanza) y cuatro vecinos (Sergio Daniel Centurión, Rubén Alberto Cagianesa, Maximiliano Damián Maciel y Sebastián Marcos Rebeque) que, según pidió investigar Tapia, se iban turnando como testigos de allanamientos que producían los uniformados en jurisdicciones que no les pertenecían. Los allanamientos formaban parte de causas que se abrían por denuncias de los mismos vecinos que también se turnaban como víctimas de asaltos, y que no derivaban en ningún resultado material, pero que formaban parte del activo legajo que incrementaban los uniformados. De hecho, Bouzada y Lanza, en la primera causa trucha, en 2010, eran teniente primero y sargento de la cuarta, y un año después eran capitán y subteniente de la misma.

En su denuncia, Tapia sostuvo que incluso uno de los vecinos pertenecía a un foro vecinal de seguridad y presionaba con organizar marchas si no concedían los allanamientos. El primero de los casos llamó la atención de Tapia porque se trataba de tres pedidos de allanamiento en busca de dos autos, pero que no figuraban con denuncias de robo; el policía que intervenía era de la 4ª pero la jurisdicción correspondía a la 5ª. Y los dos testigos eran dos vecinos que caminaban sin conocerse a altas horas de la madrugada por un barrio muy distante al de ellos. Uno de ellos, era Centurión; el otro, Cagianesa. Centurión dijo que se topó por la calle con un policía de la 4ª, de civil, a quien le contó sobre un robo. El policía, Bouzada, le dijo que contara todo lo que sabía. Tapia no entendió por qué no dijo que denunciara en la 5ª que tenía jurisdicción. Los policías que investigaron ese primer caso fueron Bouzada y Lanza.

La investigación posterior fue determinando otras responsabilidades en la comisaría cuarta.

La sentencia fue impartida por los jueces Eduardo Alemano, Alexis Simaz y Facundo Gómez Urso, quienes resolvieron por unanimidad condenarlos por los delitos de asociación ilícita y falsedad ideológica de documentos públicos. Según la resolución, al subcomisario Marcelo Ruiz se le impusieron seis años de prisión y doce de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Para el comisario José Luis Fuentes y el jefe del Gabinete de Prevención Gastón Guzmán fueron establecidas penas de seis años de prisión y diez de inhabilitación. “La condena se acerca bastante a lo solicitado, es correcta”, evaluó el fiscal de la causa, Fernando Berlingeri, al hablar con la prensa local.