A días de que se cumplan dos años de la represión que la Policía Metropolitana perpetró el 26 de abril de 2013 contra empleados, pacientes, médicos y periodistas en el Hospital Borda, hoy se realizará un acto en la puerta del neuropsiquiátrico, en Barracas. El acto fue convocado para recordar y repudiar la violencia ejercida ese día, y defender el espacio en el que se demolió un taller protegido para hacer un centro cívico, a pesar de que una medida cautelar lo impedía. Además, se reclamará a la Justicia que considere imputar a las autoridades porteñas por su responsabilidad en la represión y sobresea a seis manifestantes que deberán afrontar un juicio oral por el presunto delito de “resistencia a la autoridad”.

La actividad será realizada por trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), quienes se concentrarán a las 10 en la puerta del hospital, en la calle Ramón Carrillo 375. El acto cuenta con el respaldo de los delegados del nosocomio y de los talleres protegidos, por la Asociación de Profesionales del Borda, los trabajadores de la salud mental y por el área de Derechos Humanos de la organización sindical porteña.

“La movilización es en conmemoración de los dos años de la represión de la Policía Metropolitana en el Borda. Queremos repudiar el sobreseimiento de Macri y de los funcionarios porteños que ejecutaron el operativo, y exigir que no se condene a los compañeros que están imputados”, aseguró a Gabriel Cavia, secretario general de la Asociación de Profesionales del Hospital Borda y uno de los organizadores del evento.

Los dirigentes de la seccional de la ATE, Humberto Rodríguez y Analía Lucero, señalaron en un comunicado de prensa que, a dos años de “la brutal represión, los trabajadores reclamarán una vez más la condena de los responsables de ese acto criminal, convencidos de que sólo un fallo ejemplificador puede evitar que se reitere”.

La ATE metropolitana denunció a “la corporación judicial, que no se preocupa ya en ocultar que responde a los poderes fácticos y a los gobiernos con ellos alineados” y, prueba de ello, fueron “los fallos y conceptos emitidos, como ‘no se hallaron datos objetivos que configuren delito’, luego de recibir cientos de testimonios, de analizar el variado y cuantioso material fílmico y de constatar la cantidad de heridos, entre los que se incluyeron internados”.

El 26 de abril de 2013, alrededor de las 7, 200 efectivos de Operaciones Especiales y de Intervenciones Complejas de la Metropolitana entraron al hospital para tirar abajo el edificio donde funcionaba el taller protegido 19, en el que se daban cursos de herrería y carpintería.

El proyecto del Gobierno de la Ciudad es construir en el terreno un nuevo centro cívico, a pesar de una medida cautelar que impedía la demolición del edificio. Cuando las cuadrillas entraron en acción, médicos y pacientes del neuropsiquiátrico buscaron oponerse, protestando y manifestándose en el lugar, por lo que fueron reprimidos.

Legisladores y dirigentes sindicales que llegaron al Borda en solidaridad y periodistas que cubrían el hecho también fueron atacados. La demolición terminó a las 9.30 pero la represión duró unas cuatro horas, hasta pasado el mediodía, y causó más de cuarenta heridos y ocho detenidos.

Un fallo de la Sala IV de la Cámara del Crimen, a comienzos de este año, dispuso el sobreseimiento de Mauricio Macri y de su vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, entre otros funcionarios denunciados por “abuso de autoridad y violencia de derechos humanos” hacia pacientes y trabajadores del Borda.

Los camaristas Carlos González y Alberto Seijas señalaron la “inexistencia de elementos mínimos objetivos, concretos y directos que conlleven a atribuirles algún tipo de participación en el suceso”. También extendieron la sentencia al jefe de la Policía Metropolitana, Horacio Giménez, pese a que en primera instancia la misma sala lo había procesado por “abuso de autoridad con lesiones leves”, en perjuicio de 32 víctimas.

Marcelo Frondizi, delegado de los talleres protegidos del hospital y otro de los coordinadores del evento, explicó a este diario que, este mes, la Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional aceptó un recurso de queja interpuesto por los querellantes para que se revea la medida vinculada a los funcionarios porteños.

Además, señaló que un proyecto de ley del legislador Pablo Ferreyra propone que se reconstruya el taller en el mismo lugar en el que se encontraba. “No vamos a aceptar que se construya un centro cívico. Estamos en defensa de los talleres en el Borda y en rechazo al procesamiento de seis compañeros por supuesta ‘resistencia a la autoridad’. Esperamos que sea un acto importante”, sostuvo Frondizi.