Los costureros y costureras que trabajan en los llamados “talleres clandestinos” se están organizando para encontrarle “una solución real y definitiva” al tema de la explotación laboral, dado que “el problema no se soluciona con allanamientos y clausuras que no hacen más que criminalizar a las víctimas, porque todos pasan a ser ‘clandestinos’ y los dejan en la calle, sin trabajo”. Juan Vázquez, del Colectivo Simbiosis Cultural, le recordó a Página/12 que en los allanamientos “muchas veces los policías terminan apuntando con sus armas a mujeres embarazadas, a niños, como si ellos fueran los culpables; no queremos eso, pero tampoco queremos que siga la explotación de personas que necesitan trabajar y que les respeten sus derechos como trabajadores”. Recalcó que los que explotan esos talleres “son empresarios privados, pero también organismos del Estado” entre los que citó a “la Policía Federal y otras fuerzas de seguridad”.

Para analizar el camino a seguir, trabajadores del sector se vienen reuniendo con organizaciones sociales y sindicales en la búsqueda de una estrategia común. Las reuniones, promovidas por el Colectivo Simbiosis Cultural, comenzaron después del incendio que el 27 de abril pasado provocó la muerte de Rolando y Rodrigo, dos niños de 7 y 10 años, en una vivienda de la calle Páez 2796, en Flores, donde funcionaba un taller de costura no habilitado.

Vázquez es boliviano y sabe lo que es trabajar en esos talleres, al igual que muchos de los que forman parte del grupo al que pertenece. “Hay que salir de las miradas fáciles y, en vez de cerrar, hay que abrir los talleres, pero desde una perspectiva distinta, respetando los derechos de las personas”. Simbiosis Cultural comenzó a formarse a partir del incendio ocurrido en 2006 en la calle Luis Viale, en Caballito, donde murieron seis personas, cinco de ellas menores de 18 años.

“Es necesario generar redes solidarias con participación de distintos actores de la sociedad, pero también del Estado, que hasta ahora ha fracasado cuando intervino, después de lo ocurrido en el taller de Luis Viale.” Vázquez explicó que después de las denuncias, encabezadas por la Fundación La Alameda, “lo que ocurrió fue que los talleres se fueron trasladando al conurbano bonaerense, donde siguieron funcionando de la misma manera”. En algunos casos, “después de los allanamientos compulsivos, los dueños de los talleres aprovecharon la situación para despedir a muchas de las víctimas y ni siquiera les pagaron lo que les debían por el trabajo que habían realizado hasta ese momento”.

Vázquez consideró que la solución que se plantea por la vía de las clausuras es “cortoplacista, pero no beneficia a las víctimas, que se quedaron sin trabajo y sin cobrar lo que les debían”. Señaló que desde el gobierno nacional “se intentó estatizar los talleres y el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) invitó a 150 empresas que trabajan con los talleres ‘clandestinos’ a que normalicen su intervención y se creó una oblea de certificación”. Según Vázquez, “una sola empresa adhirió a la iniciativa y las demás siguieron trabajando de la misma manera”, tercerizando su producción a los talleres en negro.

La clandestinidad de los talleres trae consigo una consecuencia que puede considerarse favorable para la economía, porque los productos que se confeccionan en esos lugares “se venden en La Salada y en otras ferias similares, a valores inferiores a los del mercado” legal. La parte negativa es la de los que trabajan en esos talleres –se estima que son cientos de miles en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires– “que siguen sufriendo maltrato laboral, allanamientos, despidos y terminan estigmatizados porque trabajan en los talleres ‘clandestinos’”.

Vázquez denunció que las empresas que regentean los talleres ilegales “no son sólo del sector privado, sino que hay organismos estatales que los utilizan, entre ellos la Policía Federal”. Mencionó, en ese sentido, el caso de “una compañera que trabajaba en un taller y que tuvo un accidente; se lesionó un dedo y tuvo que dejar de trabajar. Cuando le preguntamos si tenía obra social o si le pagaban los días que no podía cumplir con su labor, nos dijo que no. Explicó que ella era bordadora y que su tarea era bordar el emblema que aparece en los uniformes oficiales de la Policía Federal”. Los pedidos al taller eran llevados “por la mujer de un comisario”. Vázquez sostuvo que hay talleres donde se confeccionan prendas para otras fuerzas armadas y de seguridad.

Los encuentros multisectoriales se están realizando todas las semanas, con participación de organizaciones sociales, docentes, vecinos y dirigentes de la CTA, ATE y UTE, entre otros. Vázquez señaló que las muertes de los dos chicos, el lunes 27 de marzo, “se produjeron un mes después del escrache que hicimos en Luis Viale 1269, donde en 2006 murieron seis personas, cinco de ellos menores de 18 años, y lo primero que pensamos fue que no cambió nada, a pesar de todo lo que se hizo”.

Los “allanamientos compulsivos” fueron rechazados por muchos de los trabajadores de los talleres porque “lo que pasó después de Luis Viale fue una caza de brujas. La policía cae con sus métodos, apuntan a los niños, a las mujeres, se los pone contra la pared, a veces no se les deja sacar sus cosas, pero no se hizo nada efectivo para sancionar a los verdaderos responsables, que a veces son también miembros de la misma colectividad boliviana, que es criminalizada como si todos fueran lo mismo”.