Mientras los fallos de los jueces del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués continuaron concitando expresiones de repudio en un amplio espectro de instituciones, funcionarios y activistas, uno de los magistrados perdió un trabajo. Ayer, la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) anunció la decisión de revocar el contrato que Piombo tiene como docente en la Facultad de Derecho. “Las valoraciones contenidas y vertidas en dicha sentencia serían vejatorias y lesivas a derechos consagrados en convenciones internacionales de jerarquía constitucional, protectorios de los derechos del niño, como también percibidas como ofensivas y repudiables por la comunidad en general, de la cual la universidad es parte”, señaló la decana María del Carmen Ortega en un comunicado.

El juez Piombo, cofirmante –junto con su colega Sal Llargués– de la sentencia que redujo la pena al abusador de un niño de seis años amparándose en la presunta orientación sexual del chiquito, es docente jubilado, pero tenía un contrato de locación de servicio con la Unmdp. Por ello, ayer la decana Ortega informó que “en conjunto con todas las representaciones que integran el gobierno de esta unidad académica, manifiesto la decisión de no renovación y rescisión del contrato de locación de servicios” suscripto con Piombo. La funcionaria universitaria señaló, además, que, ya tomada la decisión, las actuaciones se enviaron al Departamento de Legal y Técnica de la Universidad, para que “determine si están dadas las condiciones jurídicas objetivas para dicha terminación anticipada”.

En tanto, la Federación Universitaria de La Plata (FULP) anticipó que hoy, en una asamblea convocada en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, se pondrá a debate “el camino institucional para pedir que la Universidad desplace a Piombo de la facultad”. Un integrante de la FULP detalló que “luego de las 16, cuando Piombo llegue a dictar clase (la propuesta de la entidad es que) se haga un escrache contra el juez”. El magistrado dicta clase en la materia de Derecho Internacional y Público en esa casa de estudios. Fuentes de la FULP aseguraron que, de la manifestación de repudio, participarán multisectoriales regionales, organismos defensores de los derechos humanos y colectivos contra la violencia a las mujeres. La Asamblea, además, tratará el pedido de desplazamiento del juez Sal Llargués de su cargo docente, también en esa sede académica.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, definió el fallo de Piombo y Sal Llargués como “una burrada y una animalada”. El funcionario consideró que “estamos en manos de tarados”, y señaló que la decisión de rebajar la pena establecida al dirigente deportivo de Vicente López Mario Toloso de 6 años de prisión a 3 años y 2 años “es contra la ley”. “Por Dios, nunca dejemos de pensar de quién estamos hablando, de un nene de seis años”, señaló. Por ello, consideró, ambos magistrados deberían ser “llevados a jury”. En tanto, en la plataforma de peticiones Change.org, ayer más de 1500 firmas de usuarios apoyaban el reclamo de pedir juicio político a Piombo y Sal Llargués.

Para el defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Honores, la decisión de los integrantes del Tribunal de Casación es “aberrante”. “La conclusión de ambos jueces justifica un delito aberrante, apoyándose en una situación de vulnerabilidad, agravando la indefensión de la víctima y naturalizando la violencia en vez de intervenir sobre ella”, detalló Honores, luego de estudiar, a través del Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría, la sanción adoptada por los magistrados. “Es repudiable que funcionarios judiciales desdibujen un acto aberrante poniendo el eje en las acciones del niño y no del adulto”, añadió. Además, agregó, los jueces esgrimieron “argumentos discriminatorios y homofóbicos”. Honores también recordó un fallo que Piombo y Sal Llargués firmaron en 2011, cuando absolvieron a Domingo Francisco Avalos, quien abusó sexualmente de dos niñas: en esa ocasión, consideraron que las menores pertenecen a una clase social que acepta las relaciones sexuales a temprana edad y que, además, libremente habrían prestado su consentimiento.

En un comunicado, Cecilia Merchán, de la Corriente Política y Social La Colectiva, repudió el fallo de los magistrados porque “viola principios constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos siendo claramente homofóbico y discriminatorio”. “Es alarmante y preocupante que aún hoy tengamos magistrados en nuestros país que puedan interpretar que un niño de 6 años pueda llegar a dar algún tipo de consentimiento a lo que fue sometido, violando cualquier principio jurídico básico, revictimizando una vez más a quien debe ser protegido por el Estado y la sociedad en su conjunto”, señaló Merchán.

Por su parte, la organización de la diversidad sexual 100% Diversidad y Derechos anunció que presentará “ante la Comisión Bicameral de Juicio Político un pedido para que se reinicie el proceso para su urgente destitución”. “El fallo que atenuó la pena del violador resulta inaceptable por su carácter discriminatorio, machista y homofóbico en el que los jueces revictimizan al niño con el pretexto de su supuesta orientación sexual.”