Garantizar la escolarización inmediata de los niños y adolescentes que se vean afectados por un cambio de residencia debido a una situación de violencia, hasta que se concrete la exclusión del agresor del hogar, o la inclusión de contenidos mínimos en la temática de violencia contra las mujeres son algunas de las medidas que debe desarrollar el Estado en el marco de la Ley de Protección Integral de la Mujer. Ayer, las máximas autoridades de Educación de las 24 provincias del país firmaron una resolución para reafirmar el cumplimiento de estos compromisos, con el objetivo de erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres. Además, adhirieron a la campaña contra el femicidio #NiUnaMenos.

Los ministros participaron en una producción fotográfica en la puerta del Palacio Sarmiento, sede de la cartera educativa nacional, donde mostraron la consigna que convoca a la movilización del 3 de junio próximo en la esquina del Congreso Nacional, y en diversos lugares del país, para pedir que terminen los asesinatos de mujeres por razones de género.

La firma de la resolución tuvo lugar en el marco de la 64 Asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE), que encabezó el ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, y contó con la participación especial de la presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, Mariana Gras.

La norma busca reafirmar el compromiso de que se aplique el artículo 11 de la Ley de Protección Integral de la Mujer, que entiende por violencia contra las mujeres “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal”.

La normativa delega en el Ministerio de Educación nacional la facultad de “llevar adelante acciones que aseguren de manera recurrente con las jurisdicciones el cumplimiento de la norma 26.485 en lo que refiere a sus responsabilidades en materia educativa”.

“No estamos inaugurando la temática dentro de la agenda educativa. En los últimos años, la Ley de Educación Sexual Integral ha ido ampliando sus contenidos incorporando los referidos a situaciones de abuso y, recientemente, también la violencia contra la mujer. Es necesario volver a ratificar el compromiso con los ministros de trabajar en las escuelas para desterrar las naturalizaciones y los estereotipos en el tema”, aseguró Sileoni en la reunión.

La ley establece que se debe articular, en el marco del Consejo Federal de Educación, “la inclusión de los contenidos mínimos curriculares de la perspectiva de género, el ejercicio de la tolerancia, el respeto y la libertad en las relaciones interpersonales, la igualdad entre los sexos, la democratización de las relaciones familiares, la vigencia de los derechos humanos y la deslegitimación de modelos violentos de resolución de conflictos”.

Además, determina la responsabilidad de “prever la escolarización inmediata de las/los niñas/os y adolescentes que se vean afectadas/os por un cambio de residencia derivada de una situación de violencia, hasta que se sustancie la exclusión del agresor del hogar”.

Entre otros puntos de la norma se destacan también “la incorporación de la temática de la violencia contra las mujeres en las currículas terciarias y universitarias, tanto en los niveles de grado como de posgrado; y promover la revisión y actualización de los libros de texto y materiales didácticos con la finalidad de eliminar estereotipos de género y los criterios discriminatorios, fomentando la igualdad de derechos, oportunidades y trato entre mujeres y varones”.

Por su parte, Gras señaló que “a una mujer que está en situación de violencia no le podemos exigir nada, nosotros como sociedad tenemos que saber que eso no está bien y luchar en conjunto para que en la en Argentina no haya más violencia de género. Por eso, es muy importante que el Consejo Federal de Educación se pronuncie, a través de una resolución, para garantizar que el sistema educativo considere e incluya este tipo de situaciones en lugar de excluirlas”.

“Cuando hay que trasladar a una mujer víctima de una situación de violencia a otra provincia o municipio, en el 75 por ciento de los casos uno de los condicionantes es la vacante de sus hijos en la escuela. Muchas mujeres nos dicen textualmente ‘yo prefiero que me pegue y no que mi hijo pierda el año’”, destacó la presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres.

El titular de la cartera educativa anunció que los días 25 y 26 de junio próximos se realizará la Jornada contra la Violencia de Género y el Femicidio, donde habrá paneles con especialistas y talleres para que directivos, docentes y alumnos compartan sus experiencias sobre el tema. “Las leyes por su sola vigencia no ordenan el mundo, porque hay prejuicios milenarios que son difíciles de desterrar. Por eso, con la resolución que firmamos nos comprometemos a promover el tratamiento de esas situaciones que son tragedias sociales y es necesario que la escuela también se ocupe de ellas”.