“Desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Judicial tenemos que trabajar en forma conjunta para poder desarrollar políticas públicas para prevenir y evitar los femicidios, porque muchas veces los casos de violencia de género son denunciados, pero no se interviene en forma correcta para impedir que ocurra el hecho.” Ana Oberlin, directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, definió los objetivos de la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Femicidios y de Homicidios Agravados por el Género, en el que viene trabajando “desde septiembre del año pasado” y cuya presentación oficial se hizo ayer. Oberlin sostuvo que el Poder Judicial “tiene que tomar cartas en el asunto para que las investigaciones se realicen como corresponde, siguiendo en forma puntual el historial previo de los casos de femicidio, que por lo general es ignorado por los jueces”.

La funcionaria dijo que la idea para la creación del Registro sentó sus bases en noviembre del año pasado, en Ushuaia, en una reunión del Consejo Federal de Derechos Humanos de la que participaron representantes de 19 provincias que dieron su aprobación a la iniciativa. Desde junio vienen recopilando datos “cuantitativos y cualitativos” para poder conformar una herramienta “que no existe en otro país” y cuyo objetivo central es “prevenir estos delitos y brindar pautas ciertas para optimizar las políticas públicas de todas las áreas estatales”, en forma coordinada con el Poder Judicial y las organizaciones sociales.

“Queremos prevenir las violencias y los femicidios, por eso estamos haciendo un trabajo serio, articulando con distintos organismos estatales, tanto nacionales como provinciales, y con ONG, como La Casa del Encuentro”, aseguró Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos de la Nación. Agregó que se viene realizando desde hace más de un año “una tarea muy importante al respecto, que nos permite tener hoy una metodología que pone en marcha el registro”.

Ana Oberlin, en diálogo con Página/12, contó que después de la reunión del Consejo Federal de Derechos Humanos comenzaron una tarea de “sistematización y seguimiento para crear este registro nacional que era una deuda que tenía el Estado con la sociedad, con la idea de hacer un trabajo con mucha seriedad para poder diseñar políticas públicas precisas y efectivas”. Aclaró que “en lugar de hacer una base de datos cuantitativa, lo que hicimos fue hacer una base cualitativa, en conjunto con el Consejo Nacional de la Mujer, la Corte Suprema Nacional y la Procuraduría, más las autoridades provinciales, para hacer un registro oficial que no existía”.

En la base de datos se hizo un seguimiento de los casos de femicidio o de violencia de género que aparecen en los medios de comunicación, a la vez que se fueron incorporando los datos provenientes de los juzgados nacionales y provinciales. “Lo que queremos, más que nada, es hacer un recorrido del camino previo a cada caso, para saber si hubo denuncias previas, para analizar cómo se intervino judicialmente o a través de las instituciones oficiales en cada uno de esos casos, porque está claro que muchas veces las intervenciones judiciales previas a los casos de femicidio no han sido suficientes para impedir que el hecho ocurra.”

“Para poder hacer un diagnóstico adecuado tenemos que saber muy bien quiénes fueron las víctimas y quiénes son los victimarios. Si se trata de muertes adolescentes, saber muy bien quiénes eran las víctimas, las edades, cuál era su vida, donde trabajaban, en qué ámbito familiar y social se movían, para reunir experiencia y poder intervenir luego, ante nuevas denuncias, de la manera que corresponda.” Aseguró que “lo mismo hay que hacer en el caso de los victimarios, porque también es un dato de importancia para el accionar futuro”.

Oberlin dijo que mantuvieron reuniones previas “con la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, a cuyas autoridades le pareció muy buena nuestra iniciativa y también con entidades sociales, como la Casa del Encuentro, que con mucho esfuerzo viene realizando desde hace años, a pulmón, la única estadística de femicidios y con la que queremos seguir trabajando para sumar datos al registro oficial que estamos construyendo. Si no fuera por estas mujeres no tendríamos nada”.

La funcionaria afirmó que la marcha del miércoles, bajo la consigna Ni una menos, fue “un acto demostrativo de la preocupación generalizada de la sociedad y esto nos tiene que marcar claramente que tenemos que trabajar para lograr todo lo que falta por hacer”. Agregó que “en la marcha se han visto familias enteras, distintas generaciones, mujeres y hombres, lo que demuestra que el pueblo argentino está reclamando medidas para evitar la violencia de género y los femicidios, que tenemos que tener información sobre la historia previa de cada caso, algo que hoy no es tomado en consideración por los jueces”.

Comentó que se realizó todo el trabajo técnico previo que permite que ya se pueda hacer “la recopilación de toda la información a la que pudimos acceder hasta hoy, más la que nos irá llegando en lo sucesivo, para poder hacer una primera evaluación sobre las características de los casos y poder diseñar las políticas públicas necesarias”. Subrayó que la tarea será centralizada por la Secretaría de Derechos Humanos, porque “la violencia de género y los femicidios no son un problema exclusivo de las mujeres; no es algo que les pasa sólo a las mujeres, es un problema de derechos humanos que tiene que importarle a todo el pueblo, para seguir con el espíritu que tuvo la marcha del miércoles”.