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El registro nacional de femicidios estará a cargo de la abogada Ana Oberlín, directora de Asuntos Jurídicos de Derechos Humanos, quien viene trabajando en colaboración con un grupo de diez personas. La tarea fue articulada “con el Consejo Nacional de las Mujeres, el Ministerio Público Fiscal, la Defensoría General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, ONG y organismos provinciales”. En el registro estarán detallados los femicidios íntimos, no íntimos, familiares e infantiles, como también los vinculados o por conexión y los sistémicos, es decir los que se dan en el contexto de crímenes masivos.

También serán tomados en cuenta los crímenes en contextos de trata o tráfico de migrantes; por prostitución; por mutilaciones sexuales y homicidios agravados por el género en particular, conocidos como crímenes por lesbofobia o transfobia. Las fuentes que nutrirán la estadística oficial serán múltiples, ya que se tendrán en cuenta los casos que llegan a distintas dependencias de la secretaría, a otras instituciones estatales nacionales, notas periodísticas y redes sociales.

En la reunión del Consejo Federal de Derechos Humanos que se hizo el 13 de noviembre pasado, las 19 provincias presentes se comprometieron a aportar insumos para el registro y algunas ya lo están haciendo. El secretario de Derechos Humanos, Juan Martín Fresneda, resaltó que “es fundamental el compromiso y la articulación de todos los estados: nacional, provinciales, municipales para la carga y el cruce de datos”.

El análisis del historial de cada caso posibilitará tener un panorama claro sobre cuál ha sido el papel del Poder Judicial en cada caso: si hubo denuncias anteriores, el abordaje del homicidio en sí; si se caratuló como femicidio; si se solicitó medidas de pruebas para conocer si había una historia de violencia previa, si hizo lugar a los pedidos de querellas y fiscalía, entre otros ítems.

Si es un femicidio, lo que se impulsa es “que se tipifique como tal, porque muchas veces algunos jueces deciden caratular como homicidio”, recordó Fresneda, haciendo referencia a la reforma del artículo 80 del Código Penal, que incorporó mayores penas para los crímenes por odio de género. El secretario de Derechos Humanos dijo que el Registro Nacional es “una herramienta superadora, que es única, no existe en otro país, ya que investigamos mucho en otros territorios y tomamos las directivas, que al respecto, ofrece Naciones Unidas”.

El sistema de carga “fue diseñado por una profesional en Informática de la Secretaría, donde trabajaron con un equipo interdisciplinario en el momento de cargar los datos. Desde el plano oficial se dejó sentado que el Registro es “una política pública que cumple con los compromisos y obligaciones contraídos por el Estado argentino al ratificar diversos instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres, y con la ley 26.485 de protección integral contra las violencias de género.

Fresneda insistió en que se trata de “una iniciativa seria y no de coyuntura. Por eso, no lo anunciamos antes de la marcha NiUnaMenos del último miércoles, movilización que nos mostró el compromiso social ante estos delitos”. Sostuvo que los homicidios agravados de género y los femicidios “son parte de la amplia agenda de los derechos humanos, violados sistemáticamente al estar basados en una cultura que los sostiene, que debe ser erradicada con políticas estatales”.

Una de las primeras actividades realizadas por Ana Oberlín en el camino hacia la creación del Registro Oficial fue presenciar, el 20 de septiembre de 2014, la sentencia en un caso de femicidio ocurrido en la provincia de Catamarca. Ese día fue condenado a prisión perpetua Francisco Andrés Quiroga, por el asesinato de María Rita Valdez, de 21 años, madre de dos niños y ex pareja del victimario. La joven, que había sido explotada sexualmente por Quiroga, apareció desmembrada en el fondo del dique El Jumeal.

La condena fue por “homicidio agravado por femicidio”, carátula que fue elogiada en ese momento por Oberlín: “El hecho de que se haya aplicado en Catamarca sienta un precedente y se debe avanzar en el mismo sentido en las demás provincias, para marcar una tendencia en el Poder Judicial”.