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No es lo mismo morir a causa de un paro cardiorrespiratorio que morir por un paro cardiorrespiratorio provocado por un tercero. Para evitar estas “confusiones”, a partir de enero de 2004 habrá un nuevo modelo de partida de defunción con estrictas medidas de seguridad que incluye código de barras, numeración de los formularios, diferenciación por colores. Además, se dispondrá el reempadronamiento de profesionales de la salud. Esta medida se tomó para eludir problemas de adulteración de causas de muertes como la ocurrida en el caso María Marta García Belsunce, lo que permitirá un mayor control. Los cambios regirán sólo en territorio porteño.
Para comenzar la tarea, el Registro creará una base de datos con información sobre matrículas de médicos, nombre, especialidad, teléfono, dirección, lugar de trabajo y horario de atención. Además, los nuevos formularios serán emitidos por el organismo y se entregarán enumerados a los profesionales.
La actual Ley del Registro Nacional de las Personas establece que el fallecimiento de una persona se puede denunciar mediante la firma del médico de cabecera, por otro médico que haya revisado el cadáver o por las referencias de un tercero al médico firmante. Metodología que propició oscuros procedimientos. Con la nueva sistematización, “se busca modernizar el sistema y mejorar las condiciones de seguridad y prevenciones ante maniobras irregulares”, sostuvo el director del Registro Civil de las Personas, Félix Pelliza.
“Antes había un mismo formulario para todos, con lo que era fácil su falsificación, ahora va a haber partidas de defunción de diferentes colores para médicos particulares, para hospitales públicos, sanatorios y clínicas privadas”, indicó Pelliza.
El caso García Belsunce, en el que se descubrió la falsificación de la causal de muerte de la víctima en el certificado de defunción, fue un puntal para determinar las modificaciones que regirán a partir del año que viene. Esa muerte destapó un abultado negocio que descansaba en la adulteración de partidas triangulado por médicos, empresas funerarias y empleados de la Central de Defunciones.
La operatoria contaba con certificados firmados en blanco para ahorrar tiempo y errores, falseamiento de causas de muerte, adulteración de horarios por sucesiones, pérdidas de documentos que luego utilizaban en operaciones financieras, pago bajo cuerda para acelerar los trámites y para resolver eventuales problemas. Cuando se empezaron a modificar las reglas, hasta hubo amenazas anónimas.
Pelliza ya había introducido cambios en las partidas de defunción, anulando el casillero que decía “reconoció el cadáver por referencias de terceros”. La modificación resultó eficaz porque fue el primer detalle en el que se basó la investigación judicial para detener al defuntólogo Juan Carlos March, en el caso García Belsunce.