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El mapa se destaca en medio de la enorme cantidad de papeles que ya contiene el expediente: allí se marca con cruces y puntos los muertos y enfermos de cáncer en la zona cercana a la subestación transformadora Sobral de Edesur. A mayor cercanía, mayor número de muertes. El pasado julio, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata emitió un fallo en el que obligaba a Edesur y al ENRE a presentar un informe con medidas para proteger a los vecinos ante eventuales efectos nocivos de los campos electromagnéticos. Ayer se conoció una nueva sentencia, a la que accedió Página/12, en la que la Cámara levantó más aún la apuesta: denegó el recurso extraordinario presentado por la empresa y el Ente y ordenó al juez de primera instancia el control, no ya solamente de la de Ezpeleta, sino también de todas las subestaciones transformadoras utilizadas por Edesur en el distrito. Pero no termina ahí: como guardianes del medio ambiente, los camaristas también exigen que la empresa indique si utiliza o no PCB en los transformadores y si cumple con la ley que fijó su gestión y eliminación.
“Sorprendente”: así califica el fallo Osvaldo Sídoli, uno de los abogados que junto con Alejandra Butti y Pablo Fernández representan a los vecinos de Ezpeleta. “Fueron más allá de lo que pedimos al imponerle a la empresa que informe sobre otras subestaciones y sobre el estado de PCB de los transformadores. La Cámara está haciendo uso de la ley ambiental nacional, que le da atribuciones para esto”, afirma.
Los vecinos de Ezpeleta recuerdan que fue en 1993 cuando empezaron a inquietarse ante los gruesos cables que pasaban por las puertas de sus casas y decidieron organizarse. Iniciaron entonces un relevamiento en la zona que fue creciendo: hoy la cuenta llega a 85 muertes y unos 114 enfermos, de distintos tipos de cáncer: de mama, de huesos, leucemias. Hubo chicos y adultos entre los fallecidos. Si bien en el mundo científico la relación entre campos electromagnéticos y cáncer es controvertida –hay datos que lo afirman y otros que lo niegan–, la cantidad de enfermos en la zona abría fuertes interrogantes.
En 1997 los vecinos se acercaron a la Asociación Coordinadora de Usuarios, Consumidores y Contribuyentes, liderada por Julio Sobrino, que asumió en su nombre el reclamo ante la Justicia: exigieron el cese de las obras y el traslado de la subestación a un lugar aislado donde no pusiera en riesgo a la gente. Pero el recurso fue rechazado en primera instancia en base a las mediciones presentadas por Edesur y el ENRE, ya que los campos electromagnéticos cumplían “con la normativa nacional y los valores de guía internacionales”.
Tras la apelación, sin embargo, la situación dio un vuelco: en julio la Cámara hizo lugar al recurso y ordenó que se suspendieran las obras de cableado destinadas a la sobrealimentación de la subestación. Además exigió que Edesur y el ENRE presentaran un informe para indicar las medidas que pondrían en práctica para proteger a los vecinos “de los efectos potencialmente nocivos de los cables de alta tensión y de la subestación transformadora”, con “la participación de la parte actora”.
Esa última frase fue ignorada. Edesur nunca consultó a los vecinos y en su informe rechazó de plano el planteo de la Cámara: consideró que cumple “con la totalidad de la normativa ambiental y eléctrica”, lo cual la coloca “en una posición incuestionable en cuanto al ejercicio de la actividad que desarrolla” (ver aparte). La empresa además critica a los camaristas por no tomar en cuenta los numerosos informes científicos que presentó donde se rechaza que exista un efecto nocivo de los campos electromagnéticos.
Al mismo tiempo, tanto Edesur como el ENRE presentaron un recurso de queja para ir a la Corte. Ahora la Cámara denegó esa posibilidad, lo cual deja firme su primera sentencia. Pero además avanza: en un fallo en el que habla del “derecho a la salud y a un ambiente sano”, el tribunal afirma que dispuso “la cesación del eventual perjuicio que causen los campos electromagnéticos derivados de la Subestación Transformadora Sobral y las líneas de alta tensión” y “el control del accionar futuro de la demandada a fin de prevenir y evitar daños posteriores al ambientes y principalmente a la calidad de vida de los habitantes afectados”. Y sigue: le ordena al juez de primera instancia que ejerza el mismo control y pida igual informe “sobre el resto de las subestaciones transformadoras utilizadas por Edesur y existentes en la jurisdicción del circuito”, del que menciona localidades como Avellaneda, Bersisso, Ensenada, La Plata, Quilmes, etc.
Luego, los jueces Leopoldo Schiffrin y Sergio Dugo dan un paso más y se abocan al PCB, sustancia refrigerante utilizada en los transformadores que en caso de filtrarse resulta nociva para la salud y cuya progresiva eliminación ha sido determinada por ley. “Deberá solicitarse a la empresa concesionaria que indique sobre la utilización o no de PCB y en su caso, en qué medida lo hace” ordenan y también “tendrá que acreditar, mediante copia que se agregue a la causa, el efectivo cumplimiento de lo ordenado en el artículo 17 de la Ley de Gestión y Eliminación de los PCB”. Esa ley dispone la identificación de la sustancia y límites para su eliminación. Pero agregan: “Sin perjuicio de las eventuales responsabilidades en que pueda incurrir la demandada y las medidas correctivas y preventivas que adopte ante el menor indicio de escapes, fugas o pérdidas de dicha sustancia en cualquier equipo o instalación que posea”.
En su posición preventiva, los jueces se anticipan a lo que viene, porque ya hay otros grupos de vecinos en diferentes zonas de la provincia preocupados por la cercanía de cables de alta tensión o estaciones transformadoras. Los abogados que representan a la Asociación de Consumidores, Contribuyentes y Usuarios empezaron a recibir llamados tras la difusión del caso Ezpeleta. Ya hay tres barrios en Moreno, Matheu y Berazategui, donde se inició un relevamiento. Los abogados cuidan de aclarar que no cobran por su trabajo. “Tampoco estamos pidiendo ante la Justicia un resarcimiento –dice Alejandra Butti–: esto no tiene un objetivo económico, es humanitario, que deje de morir gente.”
En el barrio de Ezpeleta, donde todo empezó, la sensación es agridulce. Cada avance judicial los alegra, pero los cables siguen allí. “Nos vamos a poner verdaderamente contentos –dice Gladys Solioz, una de las iniciadoras del reclamo–, el día que los jueces ordenen que la estación se vaya.”