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La línea que investiga la participación policial en la banda que secuestró a Pablo Belluscio sigue en el ojo de la tormenta. Un vocero del gobierno bonaerense aseguró a Página/12 que está tomada la decisión de investigar a todos los policías sobre los que existan sospechas. “Son varios los que están en la mira”, confió la misma fuente. La decisión alimentó durante toda la mañana de ayer una versión errónea que mencionaba la detención de un oficial en actividad en Vicente López. En realidad, el apellido de ese oficial figura en un listado de policías sospechosos, en su mayor parte dependientes de la DDI de San Isidro (que investiga el caso). El listado fue confeccionado por el gobierno provincial y será o ya fue entregado a la fiscal federal Rita Molina. Por el momento, son siete los detenidos, cinco hombres y dos mujeres, apresados durante el primer día de allanamientos tras la liberación de Belluscio.
Como anticipó este diario, el octavo, de apellido Molina, está mencionado en la causa pero en forma tangencial, no es policía como señalan algunas versiones, quedó detenido porque está imputado por el homicidio de un uniformado y es uno de los diez prófugos de una comisaría de Villa Adelina.
“Me parece que es injusto que se hayan molestado porque nosotros, igual que el Presidente y algunos hombres nuestros, hayamos demostrado alegría por la recuperación con vida de Pablo”, dijo el gobernador Felipe Solá, en respuesta a la carta de Gustavo Belluscio. De todos modos, el gobernador dijo comprender el momento por el que pasaba la familia.
El impacto de la carta no sólo se hizo sentir a niveles políticos, sino que tuvo derivaciones en el caso. Ayer a la mañana circuló la versión de que había sido detenido un oficial de la Bonaerense. La versión, en algún caso, avanzaba aún más y mencionaba a un tal Molina, de la subdelegación DDI Vicente López, dependiente de la DDI de San Isidro. La información fue tan insistente que el propio Solá respondió: “Entiendo que sí –dijo, sin afirmar–. Vamos a verificarlo con la fiscal Rita Molina”. El ministro de Seguridad bonaerense, Juan José Alvarez, fue más hermético. “Esta es una investigación muy, muy importante, y vamos a respetarla porque una imprudencia para aparecer como muy informados puede hacer caer esta investigación –sostuvo–. La información sobre el caso solamente puede salir de la fiscalía de la doctora Rita Molina.”
Un vocero del gobierno provincial, en absoluto off, fue más contundente que el ministro: “No hay ningún policía de la Bonaerense detenido –dijo el vocero a Página/12–. Está absolutamente confirmado. Pero va a haber, y más de uno”. Tras la publicación de la carta de Belluscio, el gobierno bonaerense tomó la decisión de avanzar sobre los uniformados sospechados, antes de que los hechos avanzaran sobre el propio gobierno. Se confeccionó una lista de apellidos sospechados con la intención de aportar datos a la hipótesis de la conexión policial que investiga la fiscalía federal.
También desde la investigación de la causa aseguraron a este diario que no existía “hasta el momento” ningún policía detenido, “salvo el caso conocido por todos”. La fuente se refería a Juan Carlos Gómez, ex sargento primero de la Federal, detenido por el secuestro de Mirta Fernández. Tras su detención, Gómez prendió el ventilador, involucrando a algunos miembros de esa banda con el secuestro de Belluscio. Entre otros, mencionó a los prófugos Lala y Manolo como líderes de la banda y protagonistas en las amputaciones sufridas por Fernández y Belluscio. Según los datos aportados a Página/12, Lala es una mujer vinculada con un policía en actividad en la zona norte. Ayer, la identidad de ese policía no sólo tomó cuerpo sino que además tomó apellido. Pero erróneo.
Hay un detenido de apellido Molina. Su nombre es Juan Manuel y, como informó ayer este diario y confirmaron luego fuentes judiciales, “no es policía” y tampoco es el octavo detenido de la causa. “En el caso Belluscio hay siete detenidos”, aseguraron. Molina está mencionado en el expediente, pero no existen demasiadas pruebas en su contra por el momento. Quedó preso por otro caso, el homicidio de un policía, por el que ya había sido detenido. Se encontraba alojado en la comisaría de Villa Adelina, de la que escapó con otros nueve presos. El jueves fue recapturado en una casilla de la villa San Cayetano, en Beccar.