Los expertos aseguraron a la Justicia que las muestras analizadas del cauce del río Jáchal, en el cual una planta de la empresa minera Barrick Gold derramó sustancia cianurada, “arrojan condiciones normales y aptas del agua para el consumo humano”. Por ello, resolvió el juez Oritja, “resulta innecesario el mantenimiento de la medida cautelar” que ordenaba al gobierno sanjuanino distribuir agua potable entre los pobladores de la zona afectada. El magistrado, de todos modos, mantiene “la prohibición de verter cianuro en el proceso de lixiviación en la mina Veladero” para la empresa hasta que evalúe las válvulas, presente un plan de mantenimiento y otro de operación “con mayor frecuencia y presencia del operador en el sitio”.

Además, en su resolución Oritja indicó que “un comité evaluador de las condiciones sanitarias de las aguas” con que se abastece la zona afectada elabore “un plan de muestro y de campo en las cuencas hídricas” para monitorear, dos veces al día “y por un plazo no menor a treinta días”, las condiciones y calidad del agua. En tanto, ayer declararon cinco de los quince empleados de la compañía minera que se encontraban al frente de las operaciones en Veladero al momento del derrame.

Oritja, titular de juzgado de Jáchal, entiende en la causa penal iniciada por la denuncia de que, el domingo 13 de septiembre, en la mina de oro que la canadiense Barrick Gold explota en Veladero, al norte de San Juan, un desperfecto en las cañerías y válvulas produjo el derrame de solución cianurada. La propia empresa estimó la pérdida en alrededor de 224 mil litros.

Los muestreos del agua fueron analizados por un laboratorio de control de calidad dependiente de la Facultad de Ciencias de la Alimentación, Bioquímica y Farmacéuticas, la empresa Aguas Cordobesas, la firmar Induser y el Centro de Investigación para la prevención de la contaminación Ambiental Mimero Industrial.

El fiscal del Estado sanjuanino, Guillermo de Sanctis, quien radicó la denuncia ante la Justicia penal, dijo a este diario que sigue de cerca las actuaciones judiciales. “Presenté la denuncia en representación de la provincia y por los derechos colectivos, del Estado y la población, entre ellos el derecho a tener un medio ambiente sano, como dice la Constitución Nacional. Queremos la verdad de lo que ocurrió, no obstante estar bajo control este fenómeno”, aseguró De Sanctis. “El río está monitoreado por la policía minera permanentemente, que va y viene a lo largo de 200 kilómetros de río. También monitorea el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), que desde hace siete, ocho meses hace auditorías ambientales mineras para el gobierno de la provincia. Ahora, que pasó esto, se le pidió que siga haciendo monitoreos y se aboque a esto diariamente. Ya han hecho estudios con biólogos de la flora ictícola, que es la que está en los lechos de los ríos, y de la fauna ictícola, que son los pescaditos y bichitos, y los informes dicen que gozan de buena salud. No hay vestigios de nada”, agregó.

Ayer, en el edificio de Gendarmería Nacional de Jáchal, comenzaron a declarar los quince testigos vinculados con las operaciones de Barrick en la mina de oro afectada por el derrame de la sustancia cianurada. Los directivos y trabajadores de la minera, cinco de los cuales brindaron testimonial ayer, no se encuentran imputados en la causa que investiga “posible comisión de un delito de contaminación ambiental”.

Esos quince empleados se encuentran relevados de sus tareas en la Barrick desde el miércoles pasado, aseguró la empresa. Fuentes de la minera informaron a este diario que, de momento, se encuentran separados de sus funciones de manera temporaria, y que a la par que la investigación de la justicia, se está llevando adelante un sumario interno para deslindar posibles responsabilidades. En lugar de esas personas, informó la compañía, desde el miércoles pasado un equipo de técnicos de Canadá se encuentra al frente de la Gerencia General Operativa en Veladero, a cargo de funciones operativas específicas y de control medioambiental.

Fuentes de la empresa aseguraron a Página/12 que Barrick “va a seguir operando en el plan de minado, en obtención, en procesos que no son de lixiviación”, es decir, aquellos que recurren a solución cianurada para disolver el oro y la plata de la roca. No hay estimaciones de cuánto tiempo podría demandar la elaboración del plan de monitoreo, el de mantenimiento y el de operaciones que solicitó el juez Oritja. “Lo estamos elaborando, es muy reciente la orden Hay que analizar el pedido, ver las implicancias, estudiar con operaciones y diseñar el plan. El juez ordena un funcionamiento distinto al que había hasta ahora”, señalaron las fuentes.