Desde su creación, en 2006, las brigadas móviles del Programa Las Víctimas contra las Violencias, intervinieron en 24.489 situaciones en las que alguna mujer se encontraba en emergencia por los golpes, las amenazas, los abusos o el hostigamiento recibido de parte de su pareja o ex pareja, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. El dispositivo, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, brindó protección, acompañamiento y ayuda a un promedio de una mujer cada tres horas, en los últimos ocho años. “El 38 por ciento de esas víctimas, recibe atención pero después no quiere hacer la denuncia, lo que quiere es que se lo asuste al agresor”, cuenta la trabajadora social Ariana Micali, supervisora del call center. Después de las masivas movilizaciones del 3 de junio bajo la consigna #Ni una menos, los llamados a la línea 137 aumentaron: de las 1200 llamadas diarias que contabilizan este año, alrededor de 700 correspondieron a mujeres que se comunicaron por primera vez. “El gran miedo que tenemos es que quien venga al ministerio, desarme el Programa”, señaló a Página/12 Eva Giberti, creadora y coordinadora del 137.

El Programa es más que un número, al que se puede llamar en forma gratuita los 365 días del año, las 24 horas. Además del centenar de personas –debidamente capacitadas– que atienden el 137, y brindan orientación, información y contención, el programa cuenta con las brigadas móviles -en las que una trabajadora social y una psicóloga, con personal policial no identificado acuden al lugar de la emergencia–, y un equipo de seguimiento de los casos. También forma parte del Programa una brigada móvil de intervención en urgencias con víctimas de delitos sexuales y otra, contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, que en el último tiempo se especializó en el delito de grooming, al que se puede pedir intervención a través del 0800-222-1717, entre otras áreas.

“Nos caracterizamos por ser un programa que se hace cargo de la víctima, la llevamos adonde necesita: si quiere denunciar, a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema. Por eso, porque actuamos efectivamente, nos llaman de dependencias del gobierno de la Ciudad, de escuelas y hospitales”, apuntó Carina Rago, coordinadora de la Brigada de Atención a Víctimas de Violencia Sexual. Uno de los aspectos fundamentales que logró modificar el Programa, a partir de la iniciativa de Giberti, es que las víctimas no sean interrogadas en las comisarías por personal policial: en las seccionales tienen la orden de convocar a los equipos del 137 cuando se presenta una mujer a denunciar violencia de género. También consiguió que aquellas que sufrieron un ataque sexual, no tengan que pasar por más de una revisación ginecológica como ocurría antes. En casos de violación, la Brigada las acompaña al hospital, donde reciben además el tratamiento profiláctico para prevenir cualquier infección de trasmisión sexual o un embarazo. “Había jueces que aun sabiendo que la violación había sido vaginal, ordenaban una revisación anal. La mujer era revisada en el hospital y luego por el médico legista. Y si el juez ordenaba, tenía una revisación más. A partir de una disposición de la jueza Carmen Argibay, ahora va el médico legista de la Policía Federal al hospital. El problema que tenemos es que la víctima puede tener que esperarlo entre dos y tres horas, porque hay solo tres médicos legistas para toda la ciudad de Buenos Aires, para cualquier tipo de intervención”, señaló Rago. Si la víctima es una travesti, se encuentran con otras dificultades: por ejemplo, que el médico de guardia no quiera atenderla, destaca Rago. Y cuenta que también a veces se resisten si se trata de una mujer en situación de prostitución. “Te dicen, ‘como va a ser una violación si trabaja de eso’. En la comisaría, muchas veces nos dicen: ‘seguro que vienen a hacer la denuncia porque no les pagaron’. Con esas escenas también tenemos que lidiar.”

Fanny Flores es abogada y coordinadora del Cuerpo Interdisciplinario de Protección contra la violencia familiar, otra pata del Programa. “Trabajamos con la víctima una vez que hace la denuncia”, cuenta. Flores va personalmente a los juzgados penales y civiles para hablar con los magistrados. Esta área, formada por abogados, trabajadores sociales y psicólogos, es la encargada de realizar el diagnóstico sobre el riesgo de violencia intrafamiliar, que exige la ley, para que el juez tome decisiones en el caso. Hacen entrevistas tanto al golpeador como a sus parientes (madre, padre, hijos), explicó Flores.

–¿En estos años observa que cambió la cabeza de los jueces a la hora de ocuparse de casos de violencia machista? –preguntó este diario.

–Todavía tenemos jueces que son patriarcales y otros que están comprometidos. Hay juzgados que no cumplen con la Ley 26.485 y citan a la víctima y al victimario el mismo día y a la misma hora, a modo de audiencia de conciliación. Eso está totalmente prohibido en el artículo 28. Los deben citar por separado –advirtió Flores.

Del total de intervenciones realizadas por las brigadas móviles, para asistir a mujeres en riesgo, el agresor en 9 de cada 10 casos fue un varón.

El programa que encabeza Giberti funciona en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires exclusivamente. Nunca se federalizó. “Me propusieron hacer un programa nacional, pero yo les dije que no, que había que empezar con una muestra. El problema más grave de la federalización es la capacitación de las fuerzas de seguridad. Desde 2009, docentes del programa capacitaron a 30 mil efectivos de la Federal, a través de una materia obligatoria, “Introducción al conocimiento, abordaje y prevención de las violencias” que se dicta a aspirantes a suboficiales y cadetes, y a oficiales en cursos de ascenso. En Misiones el programa se está replicando muy bien, en las ciudades de Posadas, Oberá y Eldorado. Nosotras también entramos a los policías de Misiones; en Resistencia, en cambio, se implementó hace dos años pero se cayó por falta de presupuesto de la gobernación, no tenían ni vehículo para asistir a las víctimas. Neuquén como la provincia de Buenos Aires tienen proyectos para ponerlo en marcha. Entrenar a los policías provinciales es muy difícil y deben estar preparados para ir a buscar a las víctimas”, contó Giberti. Se verá qué sucede con las nuevas gestiones provinciales. Las dos brigadas móviles son vehículos de la Federal no identificados, donde van dos efectivos sin uniforme, uno conduce y otro va de acompañante junto con una psicóloga y una trabajadora social.