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Y otra vez el movimiento es hacia la derecha. Así lo entendió, sin remilgo, la Suprema Corte en lo Penal de Texas, que después de una impasse de 14 meses, acaba de ratificar la pena de muerte para Víctor Saldaño, el cordobés cuya condena se ha convertido en un caso testigo para la comunidad latina de los Estados Unidos. Saldaño, asesino confeso de un comerciante al que robó borracho y drogado en 1995, fue sentenciado a muerte en 1996 por un jurado que entre los motivos para decidir la pena tomó en consideración una pericia según la cual el hombre resultaba más “peligroso” por el hecho de ser latino, pobre, joven, moreno. Ese viejo y anquilosado concepto de la criminología –la peligrosidad– es todo un tema en la justicia texana. Pero no menos tema es el conflicto cultural de una sociedad dividida entre hispanos y blancos. En esta decisión, la Corte de Texas no quiso siquiera tomar en cuenta que el propio procurador del Estado fue quien hace dos años reconoció que con Saldaño se cometió el error de discriminarlo por latino.
Así, Saldaño otra vez entra en una probable recta hacia la inyección letal con la que en Texas se va durmiendo para siempre, en tres diferentes etapas, a los que terminan en la cámara de ejecuciones de Huntsville. El cordobés es un inmigrante latino pobre, como la mayoría de los que llenan las populosas cárceles norteamericanas. En las entrevistas que dio se muestra el hombre rudo que debe ser cualquiera que pretenda sobrevivir en el corredor de la muerte hasta el momento en que el estado más reaccionario de Estados Unidos le quite la vida. Detesta, dice siempre, a los “gabachos” –los americanos blancos– porque “son unos hijos de puta”. E insiste con que a los latinos en las cárceles del norte “los tratan peor que a los negros”. Su discurso, como el de sus abogados, apunta a demostrar que lo condenaron por ser latino y no a si cometió a no el crimen de Paul King, el 25 de noviembre de 1995: junto al mexicano Jorge Chávez se lo llevaron en auto, y en un bosque le dieron cinco tiros en la nuca. Chávez recibió perpetua: al argentino le dieron la pena de muerte.
Podría decirse que de alguna manera la historia del caso Saldaño es la de las apelaciones que comenzaron tras la condena del 11 de julio de 1996. El primero en solidarizarse con el preso discriminado fue el cónsul en Houston, Horacio Wamba: claro que las relaciones diplomáticas que el menemismo mantenía con Estados Unidos no dieron el clima para un reclamo de la Argentina. Recién después de que la Corte texana ratificó por primera vez la condena en 1999 se profundizó en un pedido internacional por la vida de Saldaño. Paralelamente su defensa fue asumida, por un pedido del cónsul Wamba, por Stanley Schneider, un abogado considerado un “personaje” por lo brillante y por lo personal en Texas. Ayer Schneider consideró que “con la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Texas se produjo un brutal paso atrás en la defensa de los derechos humanos de los extranjeros”.
La resolución de la Corte Penal texana es, a la vista de los juristas progresistas del Estado, una “acto de soberbia” de los jueces: estarían diciendo a través de la confirmación del fallo que realmente no están ni siquiera dispuestos a discutir el racismo que se profesa al considerar a una persona más peligrosa por el hecho de ser latino. Sucede que la argumentación de los abogados de Saldaño y del propio gobierno argentino que durante los últimos dos años apoyó el reclamo del detenido fue ante la Corte federal que el proceso estuvo viciado por el racismo con que se lo juzgó. El psiquiatra, de origen filipino, que diagnosticó a Saldaño cuando fue detenido le preguntó –como suele hacerse en Texas– si era hombre, si era joven, y si era latino. Esas características personales fueron suficientes para que su peligrosidad creciera al punto de que se justifique –el peligro que de que vuelva a delinquir es un requisito que indica la ley– la inyección letal.
La resolución de la Corte “son 38 páginas donde no existe una sola referencia al factor racial que fundó el error judicial”, le dijo aPágina/12 Juan Carlos Vega, el abogado de Saldaño en Córdoba, que junto a otros juristas norteamericanos planean una nueva presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ver aparte). La sentencia de los máximos jueces del Estado considera primero si John Cornyc, el Procurador que reconoció el error y que motivó la sentencia positiva de la Suprema Corte Federal, tenía o no facultades para señalar esa objeción. Y resuelve que no. Luego pasa a sostener que no hubo errores: con lo cual el matiz racista que le marcó Cornyc, jefe de todos los fiscales del Estado, y luego la mismísima Corte Suprema norteamericana, directamente no puede ser objetado. El análisis se mantuvo en lo técnico, sin cuestionar el fondo del asunto.
Horacio Wamba, el persistente cónsul que ha ayudado a Saldaño, le dijo desde Houston a este diario que permanece en contacto con los abogados del condenado y que ahora más que nunca es necesaria la presencia argentina en el caso. La casi única salvación real para Saldaño podría ser una conmutación de pena otorgada por el gobernador de Texas. Y en ese sentido la coyuntura por primera vez parece favorecer al cordobés: recientemente hubo elecciones internas en el Partido Demócrata para designar un candidato a gobernador. El ganador fue Tony Sánchez, un millonario que vivió en la pobreza, y como lo indica su nombre, tan latino como el chile y las rajas. Su enemigo en las generales será el actual gobernador republicano Rick Perry. El pedido de conmutación, que podría hacer la embajada argentina en Washington, pondría a Perry ante una elección que decidirán los latinos, entre la espada y la pared.