El intendente de la localidad puntana de La Calera, Diego Lorenzetti, quedó procesado con prisión preventiva por el femicidio de su esposa, Romina Aguilar, cometido el 30 de enero en la ciudad de San Luis. El fallo fue dictado anoche por la jueza Virginia Palacios, quien le imputó a Lorenzetti (38) el delito de “homicidio calificado agravado por el vínculo” de Aguilar (32) y ordenó su traslado a una cárcel del Servicio Penitenciario provincial.

Lorenzetti declaró el jueves ante Palacios, titular del Juzgado Penal 3 de la ciudad de San Luis, y luego solicitó la nulidad absoluta de la causa y la recusación de esta magistrada y del fiscal Esteban Roche.

Precisamente, el fiscal Roche declaró a la prensa que “existen numerosas pruebas que muestran una participación directa de Lorenzetti en el asesinato de su esposa, las que se encuentran perfectamente calificadas en el expediente al revisar el contenido de llamadas telefónicas y mensajes de texto, entre otros elementos contundentes”.

Para el fiscal y la jueza existe evidencia para acusar a Lorenzetti de haber encargado el crimen de su esposa a un empleado suyo, Ediverto de Oliveira Pereira (37), alias “El Brasileño”, también detenido, quien confesó a la Policía haber estado en la escena del crimen, pero que no fue a matar a la mujer sino que le fue a robar 100.000 pesos.

En el marco de esa hipótesis, los investigadores creen que el autor de los disparos es un sospechoso conocido como Leandro “El Bocón” Vilchez, quien aún no fue detenido. Oliveira Pereira se encuentra desde ayer en la Penitenciaría provincial con prisión preventiva por el delito de “homicidio agravado por promesa remunerativa”.

Por su parte, los abogados defensores de Lorenzetti insisten en su inocencia y pidieron la nulidad del proceso y la recusación de la jueza y el fiscal. Tras la audiencia del jueves, el abogado defensor Rafael Berruezo afirmó que el proceso judicial “mostró bastantes irregularidades”. “Hay bastante inconsistencia en declaración de gente que aporta datos sin identificar testigo y estos dichos terminan siendo más importantes que la declaración de los propios testigos, dando vía a que te armen una causa, total no hay testigos, solo dichos”, expresó el abogado.

El letrado explicó que la investigación policial se realizó “con testigos que iban encontrando en la calle” y aseguró que “ninguno de ellos se presentó a declarar porque ni siquiera le tomaron los datos personales”.

Berruezo consideró en su presentación que “esto es un escándalo jurídico”.

En tanto, el otro defensor del jefe comunal, Rodolfo Mercau, contó que, en su declaración, Lorenzetti desestimó que los mensajes de texto que mantenía con su esposa sean incriminatorios y, a criterio de la defensa, dichos mensajes “no daban cuenta de problemas graves de pareja”. Mercau explicó que la relación de su defendido con su esposa “era buena, con rencillas como cualquier matrimonio, pero que no podían llevar nunca a un pedido de asesinato por encargo”.

En cuanto al préstamo de 100.000 pesos que había solicitado el intendente, Mercau señaló que “estaba destinado a fines solidarios para la construcción de viviendas en la localidad y para una prótesis, todo acompañado por comprobantes”. “No era dinero para ser afectado a cuestiones personales”, aseguró.